Este documento aporta al debate para la reforma del Código Penal una perspectiva de derechos humanos a las líneas que deberían ser abordadas desde ese enfoque. Procura consolidar la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, así como integrar sus disposiciones con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incorporados al derecho interno por la Constitución Nacional, así como recogidos en nuestra jurisprudencia.
Está centrado en las líneas y principios de política criminal que deben guiar una reforma penal que acompañe un proceso de ampliación de derechos e inclusión social y que desaliente la vía del derecho penal para la resolución de conflictos sociales que requieren otro tipo de regulación e intervención estatal. Somos partidarios de que esta reforma materialice el contenido del derecho penal mínimo y que se cuestione el proceso de inflación penal y dispersión de estos últimos años.
