En la Argentina, durante los dos últimos años tuvo lugar una escalada represiva de la protesta social, en un contexto de conflictos sociales intensos. Durante 2016 y 2017, la persecución de militantes, activistas y organizaciones, las detenciones, la criminalización de manifestantes, las multas y clausuras a las organizaciones sociales y sindicales se repitieron a lo largo del país.
Durante 2017, se reiteraron situaciones graves de violencia policial contra las y los manifestantes: cacerías, policías con armas de fuego en las manifestaciones, efectivos y móviles sin identificación y el uso indiscriminado y a corta distancia de las armas llamadas “menos letales”, como balas de goma, gases lacrimógenos y espray pimienta.
Las y los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes, y en general quienes se encontraban registrando la actuación policial, fueron víctimas de esta violencia. En muchos casos, debido al intento de tomar imágenes de lo que ocurría. A partir de un relevamiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación y de los testimonios recopilados directamente por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en este documento reunimos información sobre las consecuencias de las represiones que tuvieron lugar durante 2017.
