Desde el cambio de gobierno, en diciembre del año pasado, las autoridades políticas de la Argentina, y las funcionarias y funcionarios judiciales, tomaron decisiones que provocaron restricciones a los derechos y libertades en el espacio cívico. En estos meses se volvió cada vez es más difícil participar en el espacio público y en la esfera digital, expresarse o incidir en los debates y las políticas públicas sin correr riesgos de distinto tipo. Esto genera miedo y busca desincentivar la participación de distintos actores sociales en la discusión pública. En esta publicación presentamos las principales medidas que se tomaron en los últimos 10 meses y que han despertado preocupación a nivel nacional e internacional.