En septiembre de 1990 la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y en agosto de 1994 la elevó, junto con otros instrumentos de derechos humanos, a la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. De este modo, el país se comprometió internacionalmente a adecuar su legislación y sus prácticas a los postulados de este tratado de derechos humanos dedicado a la infancia, como así también a los demás instrumentos internacionales que regulan la situación de los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, ese compromiso en 2003 aún se encontraba pendiente y los documentos internacionales no habían logrado constituirse en un instrumento de reforma de políticas sociales y jurídicas destinado a mejorar la situación de niños y adolescentes en la Argentina. La falta de adecuación de las leyes, de las prácticas y de las instituciones destinadas a la infancia a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño restringía el derecho a la libertad ambulatoria de un significativo número de niños, niñas y adolescentes.
Índice
1
Introducción
2
Marco normativo
3
Metodología
4
Análisis del estado de la información
5
Niños, niñas y adolescentes privados de Libertad en La Provincia de Buenos Aires. Dimensión cuantitativa
