Como en reiteradas coyunturas, estamos frente a una escalada del discurso de endurecimiento punitivo, impulsada públicamente por diversos referentes políticos con responsabilidad institucional. Las fórmulas que se ofrecen son repetidas y su probado fracaso se oculta con “más de lo mismo” redoblado: más aumento de penas, más limitación de las excarcelaciones y de la prisión preventiva, más endurecimiento del régimen de libertad condicional y de salidas transitorias y una mayor ampliación de las facultades y los recursos policiales que incluye la reincorporación de personal retirado.
Quienes propagan estas medidas hablan como si nunca se hubieran aplicado y construyen el diagnóstico con palabras cada vez más amenazantes. Pero lo cierto es que el gobierno de la seguridad ha estado bajo el dominio intermitente de estas políticas, que jamás han probado su eficacia ni superado la más mínima evaluación de resultados. Sin embargo, se siguen presentando frente a la sociedad como la única opción comprometida con la resolución de los problemas del delito y la violencia aun cuando sus propuestas se orientan más a responder a las campañas de opinión pública, que a ponerle un límite real a estos fenómenos.
