Este informe ofrece una mirada al ras de algunas de las formas en que la vigilancia, en particular la vigilancia electrónica digital, está impactando en la vida de ciudadanos y residentes de diez países de África, América, Asia, Europa y Medio Oriente.
En Estados Unidos, un veterano del Cuerpo de Marines intenta abordar un avión y se entera de que está en una lista secreta de exclusión aérea basada, al parecer, en comunicaciones privadas e inofensivas de correo electrónico. En Israel, agentes de seguridad del Estado convocan a activistas políticos pacíficos a “conversaciones de advertencia” que dejan en claro que sus vidas y comunicaciones están siendo monitoreadas. En Rusia, y después de repetidas detenciones, un respetado defensor de los derechos humanos descubre que está en la sección “activistas de derechos humanos” de la base nacional de datos de vigilancia. En Canadá, un juez descubre que los servicios de inteligencia de su país han eludido la ley y los tribunales para espiar a los ciudadanos canadienses. En la Argentina, la investigación del peor atentado terrorista sobre su suelo incluyó actividades ilegales de vigilancia e inteligencia para encubrir la verdad, dejando el caso irresuelto hasta el día de hoy. En la India, un periodista que está a punto de revelar que el gobierno vigila a políticos de la oposición se convierte él mismo en blanco de la vigilancia. En Hungría, los vecinos de un barrio multiétnico de Budapest se encuentran viviendo bajo la mirada de cámaras que pueden reconocer sus rostros. En Irlanda, la oficina del defensor independiente del pueblo, encargada de la supervisión de la policía nacional del país, sospecha que está siendo vigilada por esa misma policía. En Kenia, un imán radical es asesinado a tiros en la calle, y las investigaciones apuntan a escuadrones de la muerte autorizados por el Estado que operan sobre la base de información obtenida a través de un intercambio transnacional de inteligencia. En Sudáfrica, el jefe de una organización ambiental de renombre internacional es objeto de una solicitud de “evaluaciones específicas de seguridad” que un gobierno extranjero envía al gobierno de Sudáfrica, y la organización sudafricana Legal Resources Centre (LRC) se entera de que ha sido vigilada ilegalmente por el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) de Reino Unido.
Por separado, estas historias describen casos concretos en los que los gobiernos han utilizado la vigilancia para violar derechos civiles y humanos. Juntas, desafían la noción de que las operaciones digitales y tradicionales de vigilancia son intrusiones inofensivas, y de que en los países democráticos estas herramientas se utilizan con adecuada limitación y supervisión.
