Vivir en la calle no es un delito

En CABA aumenta la criminalización mientras se reduce el presupuesto para políticas destinadas a las personas en situación de calle. Decir que hacen “orden y limpieza” califica directamente a quienes allí habitan como objetos de intervención de higiene urbana o control policial, en vez de entender que son personas con derechos, cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar.

  

El sistema de reconocimiento facial sigue suspendido en CABA

El poder judicial porteño resolvió pasar a un cuarto intermedio para definir las condiciones apropiadas para una auditoría por parte de los órganos de control. Es importante que se pueda conocer la información detallada sobre el software utilizado para el sistema de búsquedas para que no tengan un uso discriminatorio.

  

Piden la indagatoria de 15 policías por la represión del 8M

Es por la represión y la razzia luego de la marcha de 2017. Deberán declarar quienes dieron las órdenes de detención desde la Sala de Situación y quienes las hicieron efectivas en las calles. También personal policial acusado de falso testimonio y los jefes de las comisarías de la zona. Desde el CELS representamos a tres de las detenidas luego del Primer Paro Internacional Feminista.

  

Matías Carbonell: a 12 años de su muerte, comienza el juicio oral

El martes 9 de agosto empezarán a ser juzgados seis ex funcionarios del neuropsiquiátrico Borda, a donde el joven de 23 años se encontraba en tratamiento. Matías murió en 2010 en el Hospital Penna. Allí se constataron lesiones físicas y quemaduras compatibles con el pasaje de corriente eléctrica. Se trata de la primera vez en que un caso de torturas dentro de un hospital en democracia será juzgado en la Argentina.

  

Uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en CABA: a pedido del gobierno de la Ciudad, el TSJ sacó al juez de la causa

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.

  

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal

Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.