Reformas penales: un “paquete” que agrava varios problemas y no resuelve ninguno
En un país en el que sobran problemas de seguridad y de violencia estatal, el gobierno nacional propuso una serie de reformas penales que no resuelve unos y agrava otros. Varias propuestas surgen de slogans y no de diagnósticos serios. Otras dialogan con problemas reales, como la expansión de los mercados ilegales, pero no se orientan a abordar los puntos críticos de esas agendas.
Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad
La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.
La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal
Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.
La reforma del Código Procesal amplía las facultades del Estado para vigilar
Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.
Observaciones y aportes al proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación
El CELS envió al Congreso un documento con aportes y propuestas para la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que será tratado en comisiones.
Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino
Autor/a: José I. Cafferata Nores
288 págs.
ver más
Criticas al proyecto de reforma del Código Procesal Penal bonaerense
El CELS y el Comité contra la Tortura de la CPM, expresaron, a través de una nota al presidente del Bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su preocupación por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Exigen respuestas institucionales ante los crímenes de Campana
El CELS reclamó el esclarecimiento de los brutales homicidios y sostuvo que estos casos no se solucionan ni evitan con reformas legales que busquen limitar el régimen de excarcelaciones.
Cuestionamiento al proyecto de reforma procesal de la Provincia de Buenos Aires
El CELS, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, solicitó una audiencia con el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, para incluir otros temas en la agenda de debate.
Preocupación por el proyecto de ley que limita las excarcelaciones en Tucumán
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por la reforma del Código Procesal Penal, en Tucumán, que es violatorio de los estándares constitucionales y de protección de los derechos humanos.
El debate en torno a la prisión preventiva y la impunidad
En este capítulo se ofrecen datos cuantitativos sobre los índices de resolución de casos penales y sobre la aplicación de la prisión preventiva. También da cuenta las diversas decisiones judiciales dictadas durante 2005 que instalaron a la prisión preventiva en el centro del debate público.
