Por primera vez, condena firme para los responsables políticos de una represión
La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Mathov y Rubén Santos quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir.
El Gobierno reafirmó ante la CIDH su política de criminalización de la protesta y defendió la represión
En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.
Pierina: nos presentamos en la causa contra la activista LGBTIQ+ y alertamos a la ONU
Pierina Nochetti fue acusada de pintar una pared con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”. Hace dos años está sometida a un proceso penal, con consecuencias en su vida laboral, económica, social y política. El debate oral fue postergado dos veces y se vulnera su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Llevamos su causa a relatorías de la ONU y nos presentamos junto con organizaciones de la región como amicus ante el tribunal que la juzgará.
Presos por tuitear en Jujuy: nos presentamos ante la CIDH y la ONU
Es por la detención de Marcelo Morandini, que está en la cárcel desde el 4 de enero por escribir un mensaje sobre el ex gobernador Morales. Con otras organizaciones nos presentamos ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Con un nuevo protocolo, Patricia Bullrich quiere impedir la protesta social
Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.
Letalidad Encubierta: cómo las armas “menos letales” impactan la salud y los derechos humanos
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
CIDH: solicitamos una visita a la Argentina para que constate las vulneraciones a los pueblos indígenas
Organizaciones defensoras de derechos y referentes de comunidades originarias planteamos el aumento de la violencia y el racismo estructural por parte del Estado, la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa y la grave situación en la provincia de Jujuy.
Jujuy: una semana de protestas y escalada de la violencia estatal
A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.
Exigimos la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy
Tras las represiones a las protestas en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos.
Liberaron a las cuatro mujeres mapuche detenidas en el desalojo de Villa Mascardi
La resolución del Tribunal Federal de General Roca llegó días después del acuerdo entre el Estado nacional y la comunidad Lafken Winkul. El 4 de octubre de 2022 las fuerzas federales desalojaron el territorio y desde entonces las mujeres se encontraban presas junto con sus hijes.
Villa Mascardi: hubo acuerdo entre el gobierno nacional y la comunidad mapuche Lafken Winkul
Ocho meses después de que fuerzas federales desalojaran con violencia las tierras reclamadas como ancestrales, el entendimiento avanzó a partir de una mesa de diálogo que resolvió reconocer el rewe como lugar sagrado y que la comunidad sea reubicada en otro territorio.
Bariloche: visitamos a las mujeres mapuche presas desde hace siete meses
Con una comitiva de referentas feministas, nos encontramos con tres de las cuatro mujeres de la Lof Lafken Winkul Mapu que están injustamente detenidas. Viajamos para exigir su libertad y apoyar su lucha por el derecho a la restitución de sus tierras ancestrales.
Milagro Sala: el fallo de la Corte, su salud y las amenazas de un regreso a la cárcel
La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte interamericana de DD.HH. Su traslado a prisión domiciliaria fue ordenado por el tribunal internacional. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella.
La Corte Suprema confirmó la sentencia a Milagro Sala a 13 años de prisión
El máximo tribunal decidió rechazar el recurso de su defensa y convalidó lo realizado por la justicia de Jujuy, sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron sus abogades.
Criminalización de la protesta en CABA: de demandar paritarias a la cárcel
En una movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo, cartoneras y cartoneros del MTE fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados del delito de “desobediencia”. Estuvieron más de 20 horas detenidos sin ningún sustento. Entendemos que estos métodos, que cada vez llevan adelante de manera más frecuente el Poder Ejecutivo y Judicial de CABA, apuntan a disciplinar la protesta social.
Criminalización de la protesta: nos presentamos como amicus en la causa de Arakaki y Ruiz y señalamos el riesgo de utilizar figuras como la “intimidación pública”
Los dos militantes fueron condenados por los incidentes de 2017, cuando en el Congreso se trataba la reforma de las leyes previsionales. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver los recursos de sus defensas. En nuestra presentación alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas que buscan castigar los reclamos sociales.
Protesta en el Congreso: La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
Milagro Sala: se cumplen 6 años de prisión preventiva y criminalización de la protesta social
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe en Jujuy. Desde entonces sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme. El encierro que pesa sobre ella es violatorio de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia.
20 de diciembre de 2001: A 5 años de las condenas, la Cámara debe definir las penas
Este jueves se realizará una audiencia para revisar los montos impuestos a los funcionarios políticos y policiales juzgados en 2016. Mientras tanto, el poder judicial sigue sin avanzar en la investigación de quienes dispararon con balas de plomo contra les manifestantes.
Brasil: El proyecto de ley antiterrorista es una amenaza para las democracias de la región
La iniciativa busca crear un aparato paralelo de inteligencia subordinado al presidente de la República. Junto a la Organización Mundial Contra la Tortura y a otras organizaciones le expresamos al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, nuestra preocupación por el proyecto.
Milagro Sala: nueva denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016. La política del gobierno de Jujuy es más amplia y busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia.
Milagro Sala: pedimos a la Corte IDH que sostenga las medidas provisionales
A dos mil días de su detención arbitraria, continúa el hostigamiento y persecución tanto a ella como a sus allegades y a la organización social Tupac Amaru de parte de altos funcionaries de la provincia de Jujuy.
Comunidades indígenas: las desigualdades se profundizaron durante la pandemia
La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.
Milagro Sala: 5 años de detención arbitraria y criminalización de la protesta social
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de una protesta social. Desde entonces permanece privada de la libertad de manera arbitraria. Comunicado de Andhes, Amnistía Internacional y el CELS.
Milagro sala: cuatro años de detención arbitraria
La referente de la organización barrial Tupac Amaru lleva ya cuatro años resistiendo los efectos de la persecución política y el hostigamiento judicial: su detención arbitraria. Fue detenida por protestar y la causa que se inició contra ella en ese momento está por ser elevada a juicio. La libertad de expresión es objeto de persecución penal.
La profundización de la desigualdad social. Las reformas en trabajo y salud
En los últimos años, la desigualdad social se incrementó y la protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron. Hoy, todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes.
Protestar no es delito, registrar detenciones tampoco
Entre les detenides de manera arbitraria frente al Consulado de Chile se encontraba Myriam Selhi, integrante del CELS.
La protesta amenazada
La INCLO reconstruyó once historias de personas heridas durante protestas en distintas partes del mundo. Sobre esto hablamos en Niceto, en una entrevista colectiva.
Ex choferes criminalizados por una protesta de hace dos años en La Plata
La detención de los cuatro trabajadores es un nuevo ejemplo de criminalización de la protesta, del uso indiscriminado e injustificado de la prisión preventiva y de una aplicación peligrosa del derecho penal.
La Policía de la Ciudad contra el uso del espacio público
La represión en la feria de San Telmo y las detenciones arbitrarias son expresión de la política de intervención violenta de la Policía de la ciudad frente a acciones en el espacio público.
Protestas en CABA: más pruebas de que las detenciones policiales son arbitrarias
Hace cuatro meses, 17 personas fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional. Distintos funcionarios públicos pidieron la expulsión del país de las que eran migrantes. Ahora, las investigaciones contra ellos fueron archivadas.
Derecho a la alimentación: duras advertencias de la Relatora de la ONU sobre el impacto del ajuste
El informe de la relatora advirtió que el Estado debe asegurar los derechos humanos de la población y no menoscabarlos para hacer frente a los compromisos contraídos por la toma de deuda. Criticó el modelo agrícola, que ha socavado la seguridad alimentaria; el desmantelamiento de la agricultura familiar y las consecuencias del desmonte para los pueblos indígenas.
Milagro Sala: tres años de detención arbitraria
La líder de la organización barrial Tupac Amaru cumplió tres años de detención arbitraria y persecución política. La primera causa por la que fue detenida fue iniciada para criminalizar las protestas de su agrupación. Desde ese día, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” para sostener la privación de su libertad por tiempo indefinido.
El G20 como excusa para justificar la violencia estatal
Con la excusa de la reunión del G20, el gobierno está promoviendo la construcción de enemigos internos e intenta justificar niveles aun mayores de persecución de la disidencia política y de represión y criminalización de la protesta.
Milagro Sala: se sigue incumpliendo la decisión de la Corte Interamericana
El cuadro de persecución que el Estado viene desplegando sobre Milagro Sala persiste, a pesar de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia. Enviamos información actualizada sobre su situación a la Corte IDH.
Argentina: el derecho a la protesta en riesgo
Autor/a: CELS
14 págs.
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Protestas en Buenos Aires: detenciones a militantes y persecución a migrantes
En la represión de la protesta del 24 de octubre, la policía detuvo a militantes sociales y políticos. Además, el gobierno nacional amenazó con deportar a los migrantes que fueron detenidos.
El Encuentro Nacional de Mujeres terminó con represión
La policía provincial reprimió al finalizar el 33° ENM. Hubo mujeres hospitalizadas con impactos de bala de goma de la cintura hacia arriba y disparados a corta distancia. Detuvieron a diez encuentreras y les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad y daños”. La defensa pública pidió que se investigue el accionar policial ya que, además, hubo irregularidades en el procedimiento.
Protesta social: fiscal general de Cámara desiste de investigar a policías pero persigue a manifestantes
En una causa, el fiscal Germán Moldes sostuvo que un policía que participó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 ya no debe ser investigado. En otra decidió revocar el sobreseimiento de un grupo de manifestantes.
Otro mensaje del Poder Judicial en contra de la protesta social
La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de personas que se encontraban realizando trabajo periodístico durante una protesta. La labor de registro es fundamental para el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y del derecho a la comunicación. Además de un mensaje contra el derecho constitucional a la protesta, el Poder Judicial no ejerce su función de control del accionar policial en esos contextos.
Sobre la extradición de Facundo Jones Huala
La extradición de Jones Huala socava la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, consolida la cooperación política, policial y de inteligencia con Chile para criminalizar los reclamos del pueblo mapuche.
Informe de la ONU sobre la Argentina: detenciones arbitrarias y condiciones indignas
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exige respuestas urgentes al Estado argentino, en un informe que será presentado el 12 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Derecho al trabajo y libertad sindical en la Argentina
Autor/a: AA.VV.
32 págs.
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Milagro Sala: la Corte Suprema le ordenó a la justicia jujeña cumplir con las medidas provisionales de la Corte IDH
En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Milagro Sala: el Estado incumple la decisión de la Corte IDH y agrava el riesgo para su vida e integridad
Desde el 7 de agosto, Milagro Sala está detenida en una cárcel federal, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que no estuviera encarcelada por el riesgo que implicaba para su integridad personal. Ampliamos la denuncia que hicimos ante la Corte IDH sobre este incumplimiento por parte del Estado nacional y provincial.
Milagro Sala: denunciamos su traslado a la cárcel ante la Corte Interamericana
Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciamos el incumplimiento a la Corte IDH.
Derecho al territorio ancestral: comunidades indígenas de Salta presentaron sus demandas ante la Corte IDH
Las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat reclamaron además la reanudación inmediata de los trabajos para garantizar su acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado paralizó.
Trabajadores del subte: enviamos una nota a la CIDH
Luego de la represión del 22 de mayo, el CELS junto a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) enviamos una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre este hecho.
Represión y criminalización de comunidades indígenas en Salta
El gobierno provincial reprimió una protesta de las comunidades indígenas de Salta, que reclamaban por las condiciones de precaridad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo. Dos referentes de la comunidad fueron detenidos.
