Ningún ser humano es ilegal: la Corte convalida la expulsión a migrantes que entraron al país de manera irregular

La decisión del máximo tribunal interpreta la Ley de Migraciones de una manera que restringe los derechos de esas personas. Lo hizo a pesar de que la norma también señala que la regularización es la obligación que tiene el Estado a partir del reconocimiento del derecho a migrar. El fallo no contempla que vivan hace tiempo en el país o que tengan aquí a sus familias.

  

Final de una norma que nunca debió existir

Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar.

  

Agenda migrante para 2020

Colectivos y organizaciones pedimos la derogación del DNU 70/2017 y la reforma de la política de regularizaciones, entre otras medidas necesarias para garantizar los derechos de les migrantes.

  

¿Una aplicación contra los derechos de los migrantes?

En los últimos días, se difundió que el gobierno nacional estaría desarrollando una aplicación para teléfonos celulares para “acelerar la expulsión” de las personas migrantes. Más de 50 organizaciones alertamos que una medida de este tipo estaría instaurando un control migratorio masivo, sistemático y arbitrario que contradice la Ley de Migraciones.

  

Migrantes de Venezuela: la mejor solución, la regularización

La Argentina retomó una política respetuosa de los derechos humanos para las personas migrantes venezolanas y las regularizará como nacionales del Mercosur. La medida está en línea con la Ley de Migraciones de 2004 y su decreto reglamentario. Por ello, volvemos a reiterar la necesidad de derogar el DNU 70/2017 que criminaliza la migración y la somete a constante sospecha.

  

Migrantes: de la protección a la criminalización

El nuevo enfoque en las políticas de migración coloca a las personas provenientes de otros países bajo una sospecha permanente, en un nuevo contexto normativo en el que es muy amplio el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación.

  

En defensa de los acuerdos fundantes de la democracia

El lunes 4 de diciembre estará disponible el Informe Anual 2017, editado por Siglo XXI. El prólogo, que compartimos a modo de adelanto, llama la atención sobre decisiones, medidas y hechos que afectan negativamente a cuestiones críticas de la agenda de derechos humanos y a los mecanismos de protección. La respuesta del gobierno ante hechos graves, la reiteración de represiones y los discursos sobre las amenazas del presente y episodios del pasado encienden una alerta sobre los consensos sobre derechos humanos en el país. A esto se suman decisiones judiciales que apuntan contra algunos pilares de la democracia. Esta situación exige resguardar principios en materia de derechos humanos de la dinámica de polarización general.

  

Expulsiones de migrantes: continúa el litigio por el DNU 70/2017

El fallo rechazó el amparo presentado por el CELS, CAREF y COPADI. Apelamos la medida porque se afectan las garantías mínimas de debido proceso, el derecho de defensa, el acceso a la justicia, el principio de inocencia y la protección judicial efectiva. Por otra parte, el Congreso está en mora, ya que aún no controló el DNU.

  

Pedimos al Gobierno diálogo y no estigmatización de los extranjeros

El gobierno utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria. Las organizaciones pedimos diálogo ante la inminencia de una reforma por DNU de la actual Ley de Migraciones. Opinión de Gastón Chillier y Diego Morales.