Pedimos a Bullrich que explique de qué manera realizará vigilancia masiva a la ciudadanía 

Hicimos un pedido de información a la ministra de Seguridad de la Nación sobre el funcionamiento de su nueva Unidad, que realizará ciberpatrullaje y aplicación de inteligencia artificial en redes sociales y sitios de internet. La presentación la firmamos junto a Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

  

Pedimos la designación urgente en la dirección general de la AFI y que termine la intervención

Ante la renuncia del ex interventor de la AFI, Silvestre Sívori, desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) solicitamos la urgente designación formal del cargo de director o directora del organismo. Eso es imprescindible para comenzar a construir un sistema de inteligencia que promueva su democratización, la eficacia y la transparencia.

  

El sistema de reconocimiento facial sigue suspendido en CABA

El poder judicial porteño resolvió pasar a un cuarto intermedio para definir las condiciones apropiadas para una auditoría por parte de los órganos de control. Es importante que se pueda conocer la información detallada sobre el software utilizado para el sistema de búsquedas para que no tengan un uso discriminatorio.

  

Es necesaria una urgente refundación del sistema nacional de inteligencia

Con una nueva intervención, el gobierno dispuso modificar decisiones que se tomaron desde la reforma de la ley de inteligencia en 2015. Reafirma así que no hay una política de Estado de inteligencia nacional. Una vez más el sistema político muestra su fracaso en acordar una reformulación del sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses nacionales.

  

Argentina en el examen de DD.HH. de ONU: destacan género y juicios por lesa humanidad y alertan por cárceles, violencia policial y pobreza

El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.

  

Examen periódico universal ONU: ¿cuál es la situación de Argentina en DD.HH.?

El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.

  

Licencia para espiar

Paula Litvachky advierte sobre el “bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares”. Considera a esas interferencias “una limitación de la vida democrática”.

  

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal

Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.

  

Pedido de desclasificación de información sobre la represión de 2001

El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.

  

La reforma judicial que hay que discutir

Hace 8 años que una causa navega los pasillos de Comodoro Py: la que debe investigar el intento de una red que operaba dentro del sistema judicial de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra. El caso muestra todo lo que la reforma judicial debe poner en discusión.

  

Última audiencia ante la CIDH sobre el caso AMIA

Esta última audiencia llega después de que el Estado no mostrara avances en las reformas institucionales a las que se comprometió en 2005. Hace veinte años denunciamos al Estado junto con Memoria Activa como respondable de la falta de prevención del atentado, el desvío de la investigación y el encubrimiento, la denegación de justicia y la falta de verdad. Este año se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA.

  

Los riesgos de las “políticas antiterroristas”

La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.

  

25 años sin justicia por el atentado a la AMIA

Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.

  

La reforma del Código Procesal amplía las facultades del Estado para vigilar

Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.

  

Escuchas: La ICCSI pide al Senado de la Nación que no dé tratamiento exprés y abra el debate por la reforma

El Senado de la Nación trataría el 18 de abril un proyecto de ley para regular las escuchas, que es confuso y agravaría los problemas que ya hay. Las organizaciones que conformamos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia solicitamos que el proyecto sea tratado en comisión y que se abra un proceso de debate público.

  

Nuevas acusaciones contra Gustavo Arribas mientras las instituciones competentes siguen eludiendo una investigación seria

La semana pasada se conocieron nuevas transacciones financieras vinculadas al titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta no es la primera vez que Gustavo Arribas es mencionado como receptor de fondos de origen ilícito en cuentas bancarias a su nombre. Desde la ICCSI solicitamos que Arribas explique estas operaciones financieras y aporte material documental al respecto.

  

OMC en Bs As: grave deportación de periodistas y activistas

Dos periodistas y activistas ya fueron deportados por decisión del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se recolectó información para denegar a activistas y organizaciones la participación en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio? Presentamos un conjunto de habeas data y un pedido de acceso a la información.

  

El gobierno debe revertir la exclusión de la sociedad civil de la Reunión Ministerial de la OMC

El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio. Como pretendida justificación de esta medida reconoció que se basó en un análisis de las redes sociales de las organizaciones con el fin de excluir a las que fueron consideradas “disruptivas”. Presentamos con un conjunto de organizaciones una carta para que la decisión sea revertida.

  

Un nuevo aniversario del atentado a la AMIA con el mismo reclamo: justicia

Ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Desde el primer día, hace 23 años, se comenzó a encubrir a los responsables y con al poco tiempo se revelaron las conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales. Hace dos años el juicio en el Tribunal Oral 2 busca determinar las maniobras de encubrimiento que buscaron asegurar la impunidad.