Avances hacia una convención tributaria de Naciones Unidas
Diferentes organizaciones y especialistas en la defensa de los derechos humanos celebran el progreso en los sistemas de cooperación tributaria inclusivos y efectivos para abordar las desigualdades extremas y la emergencia climática.
Carta al FMI: criticamos su apoyo al ajuste del gobierno
Preocupa que el organismo difunda información falsa. Más aún, que el Directorio Ejecutivo siga avalando un programa de gobierno que tiene como principal resultado el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil le enviamos una carta.
“Ley Bases” y reforma fiscal: concentración económica y sufrimiento social
Los dos proyectos de ley que ya comienza a tratar el Senado son una muestra clara de la propuesta política del gobierno nacional: consagrar la desigualdad social. De un lado, beneficios para las grandes corporaciones -nacionales y extranjeras- y, del otro, perjuicios para quienes dependen de sus ingresos en pesos, especialmente la población trabajadora y jubilada.
Para hacer frente a la crisis climática necesitamos políticas fiscales
Participamos de una audiencia de Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática para presentar un amicus curiae. Es indispensable que se desarrollen estándares sobre política fiscal para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Carta abierta al FMI sobre la revisión del acuerdo con Argentina
Desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, enviamos un comunicado al organismo acerca de las consecuencias económico sociales que las políticas de ajuste están generando en nuestro país.
La moratoria previsional no puede ser una variable de ajuste
Ante la moratoria que permitirá que 800.000 personas puedan jubilarse, el FMI advirtió que el gobierno deberá tomar “medidas tempranas y decididas” para garantizar las metas fiscales acordadas. Contar con un ingreso digno durante la vejez es un derecho, y por lo tanto, no puede ser variable de ajuste. Las metas pueden alcanzarse aumentando la recaudación sobre los sectores que mayor riqueza concentran y así evitar que las medidas impacten sobre los derechos de las mayorías.
