Ningún ser humano es ilegal: la Corte convalida la expulsión a migrantes que entraron al país de manera irregular

La decisión del máximo tribunal interpreta la Ley de Migraciones de una manera que restringe los derechos de esas personas. Lo hizo a pesar de que la norma también señala que la regularización es la obligación que tiene el Estado a partir del reconocimiento del derecho a migrar. El fallo no contempla que vivan hace tiempo en el país o que tengan aquí a sus familias.

  

Final de una norma que nunca debió existir

Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar.

  

#LaLeyNoSeToca. Jornada en defensa de los derechos de las y los migrantes

Cuarenta organizaciones convocamos una jornada en el Congreso en defensa de la Ley de migraciones, aprobada hace 15 años, y de los derechos de lxs migrantes. Debatimos con representantes de la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y con legisladores sobre los méritos de la ley. También desacreditamos los argumentos estigmatizantes utilizados por funcionarios estatales con cada vez más frecuencia.

  

Migrantes: de la protección a la criminalización

El nuevo enfoque en las políticas de migración coloca a las personas provenientes de otros países bajo una sospecha permanente, en un nuevo contexto normativo en el que es muy amplio el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación.

  

Pedimos al Gobierno diálogo y no estigmatización de los extranjeros

El gobierno utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria. Las organizaciones pedimos diálogo ante la inminencia de una reforma por DNU de la actual Ley de Migraciones. Opinión de Gastón Chillier y Diego Morales.

  

La irregularidad migratoria no es motivo de detención

El gobierno construirá y habilitará un centro para la detención de migrantes, como herramienta para “combatir la irregularidad” y para supuestos distintos a los establecidos de manera precisa por la ley de Migraciones y su reglamentación.

  

Prólogo

Esta edición del Informe anual se centra en la denuncia de las inequidades que deben resolverse para avanzar hacia un régimen democrático con más solidez institucional y menores niveles de desigualdad. En ese sentido, hace hincapié en la importancia de resolver las deudas aún pendientes asociadas de manera directa a los sectores más vulnerables. En … Continued

  

Compromiso del Estado ante la CIDH

Representantes del Estado se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a agilizar el pago de jubilaciones, a tomar medidas en el caso AMIA y a reglamentar la Ley de Migraciones.

  

Derechos de las personas migrantes luego de la sanción de la nueva Ley de Migraciones 25.871: sin cambios efectivos

En este capítulo se exponen, las consecuencias de la ausencia de reglamentación de la Ley de Migraciones en el acceso a derechos de las personas migrantes; se analiza la implementación del programa Patria Grande, orientado a garantizar el derecho a la identidad de la población migrante y se hace referencia a la sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que constituye un avance en el reconocimiento formal de los principios y estándares del derecho internacional de los refugiados.

  

Migrantes: ley inconstitucional y práctica arbitraria

En este capítulo proponemos hacer un nuevo llamado de atención sobre la situación de los inmigrantes en Argentina, en un momento en el cual la grave crisis económica y social del país ha generado, entre otras cosas, la emigración de un número cada vez mayor de argentinos hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida.

  

Inmigrantes: señales de alerta e inacción

La ley de migraciones vigente hasta el año 2001 violaba sistemáticamente el derecho de los extranjeros al debido proceso y al acceso a la jurisdicción, además del derecho a la salud, al trabajo y a la educación.