Ningún ser humano es ilegal: la Corte convalida la expulsión a migrantes que entraron al país de manera irregular
La decisión del máximo tribunal interpreta la Ley de Migraciones de una manera que restringe los derechos de esas personas. Lo hizo a pesar de que la norma también señala que la regularización es la obligación que tiene el Estado a partir del reconocimiento del derecho a migrar. El fallo no contempla que vivan hace tiempo en el país o que tengan aquí a sus familias.
Final de una norma que nunca debió existir
Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar.
La población migrante debe acceder al Ingreso Familiar de Emergencia
Desde el espacio Agenda Migrante 2020 elaboramos una encuesta para tener un diagnóstico sobre la situación de las personas migrantes y bajo protección internacional en el contexto de la pandemia mundial. En solo cinco días obtuvimos casi mil respuestas que dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. Ofrecimos al Estado nacional algunas recomendaciones para paliar el impacto de la crisis.
Coronavirus: el cierre de las fronteras no es ni debe ser absoluto
Las zonas de fronteras son particularmente vulnerables a las políticas que se apliquen de uno y otro lado. Es urgente que los Estados pongan en el centro el principio de solidaridad entre los pueblos y rescaten los mecanismos de coordinación regional. Un análisis de Raísa Ortiz Cetra y Camila Barretto Maia.
Migrar es un derecho
Autor/a: AA.VV.
52 págs.
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Exigencia de la ONU: el Estado argentino debe derogar y suspender la aplicación del DNU que modifica la Ley de Migraciones
Según el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares el decreto emitido por el Ejecutivo nacional no respeta el texto que la Argentina ratificó en 2007.
