La justicia ordena al gobierno reactivar las políticas de integración socio urbana
El juzgado federal de Pehuajó exigió al Estado nacional que asegure la continuidad de las obras financiadas por el FISU en barrios populares. Fue a partir de una acción de amparo colectiva y una medida cautelar que presentamos junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país.
La vigilancia avanza
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Once de las 33 personas detenidas por protestar contra le ley bases fueron sobreseídas
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU que reformó el sistema de inteligencia
Presentamos una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. El decreto de necesidad y urgencia 614/2024 habilita al Estado a hacer vigilancia masiva, pone en riesgo el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión. También viola la división de poderes.
Causa comedores: el gobierno debe garantizar el acceso a los alimentos
El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Rascar la olla. Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei.
Autor/a: Fundación Rosa Luxemburgo - Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO/UBA) - CELS
20 págs.
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FISU: barrios populares reclaman su derecho a la integración socio-urbana
Acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre de 2023. Denunciamos el desfinanciamiento de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, hábitat e infraestructura.
Organizaciones de todo el mundo reclamamos por el derecho de acceso a la información pública en Argentina
Más de 70 organizaciones de la sociedad civil a nivel global expresamos nuestra preocupación por la aprobación del decreto 780/2024 en Argentina, que limita gravemente el derecho de acceso a la información pública.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
La cruzada internacional libertaria
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín mensual del CELS.
Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública
Más de sesenta organizaciones pedimos que se deje sin efecto el decreto 780/24 que restringe la aplicación de la ley 27.275 y vuelve al Estado más opaco. La decisión del Gobierno es antidemocrática y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Reforma de la Ley de Seguridad Interior: el blanco no es el terrorismo, sino los consensos de la democracia
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en asuntos de seguridad interior. Se trata de una iniciativa peligrosa que apunta a romper un acuerdo político y social construido desde la recuperación democrática.
No necesitamos más armas
El gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar la tenencia ilegal de armas de fuego. Al mismo tiempo, se desentiende de perseguir su tráfico. Estas decisiones aumentan la violencia y nos ponen en riesgo a todos. La iniciativa se trata en la Cámara de Diputados.
Corte Suprema: rechazamos ante el Senado las candidaturas de Lijo y García-Mansilla
Presentamos ante la Comisión de Acuerdos observaciones y preguntas para que le realicen a los candidatos en las audiencias del 21 y 28 de agosto. Cuestionamos que el máximo tribunal esté integrado sólo por varones como así también el perfil y la idoneidad de las personas postuladas por el Ejecutivo.
Reforma de Inteligencia: una vuelta al pasado que agrava los problemas del presente
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresamos nuestra preocupación por el DNU que reinstala la SIDE y solicitamos que se abra el debate parlamentario y se conforme la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
El Gobierno reafirmó ante la CIDH su política de criminalización de la protesta y defendió la represión
En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.
Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante la CIDH por la represión de la protesta
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
Ivana Rosales: alertamos a la CIDH por el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género
En 2021 el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a implementar distintas políticas para prevenir, acompañar y sancionar la violencia de género. Las decisiones del gobierno nacional de los últimos meses implican la ruptura de esta responsabilidad internacional.
Denunciamos retrocesos en derechos humanos ante los países reunidos en la CEPAL
En la V Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Cartagena, organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos alertamos sobre las restricciones a garantías y derechos en Argentina.
Seis meses del gobierno de Javier Milei, doctrina de shock y autoritarismo libertario
En una nueva gira por Europa, el presidente Javier Milei visitará Hamburgo y Berlín este fin de semana. Junto a la organización alemana Misereor publicamos este informe en español y alemán que refleja los riesgos concretos para la vigencia de los derechos humanos provocados por las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
La protección contra la violencia de género es un compromiso con toda la sociedad
En Argentina muere una mujer cada 35 horas, víctima de femicidio. Sin embargo, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de protección contra la violencia de género. Organizaciones de distintos sectores exigimos al Poder Ejecutivo que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa.
Corte Suprema: rechazamos las candidaturas de Lijo y García-Mansilla
Presentamos ante el Ministerio de Justicia de la Nación observaciones sobre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo para la CSJN. Entendemos que sus perfiles son incompatibles con los estándares requeridos para integrar el máximo tribunal.
Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos
El Ministerio de Defensa desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se tomen medidas de preservación de la documentación para sostener el trabajo de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura.
Milei dejará más desigualdad y violencia
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Reglamento de uso de armas: el gobierno nacional otra vez promueve la violencia institucional y avala escenarios de impunidad
La resolución del Ministerio de Seguridad amplía las situaciones en las que la policía puede usar sus armas, otorga más discrecionalidad a su intervención y busca evitar los controles judiciales en los casos de uso de la fuerza letal.
Apertura de sesiones: es urgente que el Congreso rechace el DNU 70/2023
Organizaciones de la sociedad civil recordamos que los legisladores y las legisladoras deben ejercer su rol, tratar sin demoras este decreto e intervenir siempre que el Poder Ejecutivo exceda los límites constitucionales.
La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
Por un Congreso activo, no delegativo: hoy se trata la ley ómnibus
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno contiene la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta imprecisión da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana
Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Sobre el proyecto de “ley ómnibus”
El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.
Decreto de Milei: es inconstitucional e incompatible con el derecho internacional
Autor/a: CELS
25 págs.
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Se terminó la feria: el recorrido de las causas contra el DNU 70/23 en el Poder Judicial
Distintos fueros habilitaron la feria para tratar las presentaciones hechas contra el DNU, entre ellas la del CELS. En algunos casos suspendieron el tramo del decreto sobre trabajo.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei
Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.
El gobierno busca modificar la Constitución por decreto
El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
Es necesaria una urgente refundación del sistema nacional de inteligencia
Con una nueva intervención, el gobierno dispuso modificar decisiones que se tomaron desde la reforma de la ley de inteligencia en 2015. Reafirma así que no hay una política de Estado de inteligencia nacional. Una vez más el sistema político muestra su fracaso en acordar una reformulación del sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses nacionales.
