¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
Pedimos que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones de Lijo y García-Mansilla
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema
La designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. La decisión no respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos. Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
La vigilancia avanza
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Once de las 33 personas detenidas por protestar contra le ley bases fueron sobreseídas
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Acción legal travesti trans contra la violencia institucional
Junto con el Archivo de la Memoria Trans impulsamos un amparo para que se garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años. Es en reconocimiento y reparación integral por parte del Estado ante la violencia institucional que sufrieron por décadas y que tiene consecuencias hasta el presente.
Causa comedores: el gobierno debe garantizar el acceso a los alimentos
El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Denunciamos el operativo de las fuerzas de seguridad en la represión de la protesta contra la Ley Bases
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
Por primera vez, condena firme para los responsables políticos de una represión
La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Mathov y Rubén Santos quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir.
Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Tortura y malos tratos: recomendaciones institucionales para fortalecer la investigación judicial
Autor/a: CELS y Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
23 págs.
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Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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Protesta por la Ley Bases: pedimos la libertad de las cinco personas que continúan detenidas
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.
El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social
El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el Reglamento de uso de armas de fuego de Bullrich
Presentamos un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Se terminó la feria: el recorrido de las causas contra el DNU 70/23 en el Poder Judicial
Distintos fueros habilitaron la feria para tratar las presentaciones hechas contra el DNU, entre ellas la del CELS. En algunos casos suspendieron el tramo del decreto sobre trabajo.
