Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. La decisión no respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos. Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

  

No necesitamos más armas

El gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar la tenencia ilegal de armas de fuego. Al mismo tiempo, se desentiende de perseguir su tráfico. Estas decisiones aumentan la violencia y nos ponen en riesgo a todos. La iniciativa se trata en la Cámara de Diputados.

  

La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso

Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

  

Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana

Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

  

Sobre el proyecto de “ley ómnibus”

El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.