Manifestación de jubiladxs: pedimos a la Bicameral de Inteligencia que investigue la participación de la SIDE
Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.
La Justicia Federal observará la aplicación del Protocolo Antipiquetes
El Juzgado federal a cargo de Martín Cormick va a monitorear la protesta del 19 de marzo en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la integridad física. Es a partir de la causa que discute la constitucionalidad del Protocolo Antipiquetes en la justicia.
¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
La represión como política: violencia, detenciones y el uso de armas peligrosas en Argentina
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
ONU: denunciamos las restricciones al espacio cívico y la inconstitucionalidad de la deuda con el FMI
Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
Audiencia CIDH: el Estado desconoció su responsabilidad por los asesinatos y la represión de diciembre de 2001
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
Diciembre 2001 en la CIDH: pedimos límites a la actuación de las policías en las protestas
Los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas -asesinados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre- declararán en una audiencia el lunes 3 de marzo. La relevancia de esta audiencia es que permitirá avanzar en los límites de las fuerzas de seguridad en protestas y reforzar las obligaciones estatales para proteger la protesta.
Interseccionalidad y protesta
Autor/a: CELS, ILEX, CIVICUS
16 páginas
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Protocolo anti protesta: decenas de organizaciones pedimos su inconstitucionalidad
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
Orgullo antifascista
Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.
La sombra del antiterrorismo, incendios y detenciones arbitrarias
La narrativa antiterrorista avanza como herramienta de persecución en la Patagonia, mientras las autoridades desvían el foco del origen de los incendios y criminalizan a quienes exigen respuestas y se acercan a ayudar como brigadistas. Las detenciones arbitrarias se concretan sin pruebas, mientras los grupos racistas actúan con impunidad.
Un año en alerta
Columna publicada en la edición de diciembre de Posdata, el boletín del CELS.
2001: el reseteo político desde la protesta
Se cumplen hoy 23 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. La memoria de los hechos trae la respuesta masiva al estado de sitio, el recuerdo de la represión y también la incorporación para muchxs en un proceso intenso de politización.
Cuando hay violencia policial, ¿a quién protege el poder judicial?
Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.
Informe especial: Milei. 1 año
Autor/a: CELS
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Si viste tu derecho a protestar afectado, sumate a la acción colectiva
Las organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones o personas que sientan su derecho a protestar afectado por el protocolo de Bullrich pueden sumarse al amparo colectivo que impulsamos. Tienen plazo hasta el 19 de diciembre. Ponemos a disposición un instructivo y modelo para la adhesión.
Once de las 33 personas detenidas por protestar contra le ley bases fueron sobreseídas
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
Maldonado: siete años sin verdad ni justicia
Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.
Encuentro regional: el derecho a la protesta y los límites que atraviesa en América Latina
Con organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, analizamos los desafíos para ejercer el derecho a la protesta y afrontar el achicamiento del espacio cívico en la región. Contamos con la participación de Gina Romero, relatora de reunión pacífica, y Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado, quienes compartieron los alcances de sus funciones e intervenciones desde la ONU.
De pies a cabeza: el uso criminal de armas menos letales en la protesta en América Latina
Autor/a: Temblores y CELS
51 págs.
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Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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El gobierno de Milei deberá dar explicaciones ante la CIDH por la represión de la protesta
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
ONU: denunciamos en el Consejo de Derechos Humanos la represión a la protesta, los ataques a la libertad de expresión y la extrema pobreza en la Argentina
Sobre la criminalización de manifestantes, organizaciones y periodistas expusimos en la 56° sesión en Suiza. En las respectivas relatorías, explicamos que esto ocurre mientras las medidas de gobierno empobrecen a las mayorías y desde la cancillería argentina respondieron con mentiras. Además, ante el grupo sobre empresas transnacionales y derechos humanos expresamos preocupación sobre el uso de agrotóxicos. En Ginebra también realizamos un evento paralelo con otras organizaciones sobre los gobiernos de extrema derecha.
Denunciamos ante la CIDH y la ONU restricciones al derecho a la protesta: detenciones y una escalada penal arbitraria y peligrosa
Fue tras la represión de la protesta de esta semana contra la Ley Bases en el Congreso. Más de 30 personas fueron detenidas de manera arbitraria y luego acusadas por la fiscalía de delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones por terrorismo y golpe de estado que había realizado el gobierno.
El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social
El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.
Pierina: nos presentamos en la causa contra la activista LGBTIQ+ y alertamos a la ONU
Pierina Nochetti fue acusada de pintar una pared con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”. Hace dos años está sometida a un proceso penal, con consecuencias en su vida laboral, económica, social y política. El debate oral fue postergado dos veces y se vulnera su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Llevamos su causa a relatorías de la ONU y nos presentamos junto con organizaciones de la región como amicus ante el tribunal que la juzgará.
La Corte IDH condenó a Brasil por el asesinato de un campesino durante la represión de una protesta
El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.
Balas de goma, gases y camiones hidrantes: un riesgo para la salud y los derechos humanos
Las armas menos letales no son “no letales”, sino que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en algunos casos, la muerte. Columna de opinión publicada junto a INCLO.
Denunciamos ante la ONU los retrocesos en derecho a la protesta, a la vivienda y el impacto de la deuda
Fue durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza. Conversamos con los relatores especiales sobre cómo las políticas económicas y sociales del gobierno degradan las condiciones de vida de las mayorías.
La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
Represión en el Congreso: pedimos a la CIDH que proteja el derecho a la protesta
Con organizaciones defensoras de derechos solicitamos que la Comisión Interamericana tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes. Le planteamos nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves.
Por un Congreso activo, no delegativo: hoy se trata la ley ómnibus
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno contiene la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta imprecisión da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana
Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Sobre el proyecto de “ley ómnibus”
El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei
Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
El fin del principio de no-represión: qué significa que Bullrich derogue la resolución 210/2011
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
ARA San Juan: no se debe convalidar la inteligencia ilegal sobre familiares de marinos que reclaman respuestas del Estado
Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.
Letalidad Encubierta: cómo las armas “menos letales” impactan la salud y los derechos humanos
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
Murió un manifestante por una represión en el Obelisco
La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.
A seis años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.
Comunidades indígenas de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos impulsan la nulidad de la reforma constitucional
El Tercer Malón de la Paz marcha a Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional. Apoyando ese reclamo más de 60 comunidades de la provincia y distintas organizaciones hicieron una presentación ante la Corte Suprema jujeña para que la reforma se anule.
Pedimos a la CIDH protección para personas defensoras de derechos humanos en Jujuy
Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.
Casación ordenó a la justicia federal de Jujuy que proteja a pueblos indígenas y manifestantes
Fue a partir de un habeas corpus que presentamos con Andhes y que acompañó Xumek por los numerosos casos de represión tras la reforma constitucional que limita derechos, entre ellos, el de la protesta.
Jujuy: una reforma constitucional para recortar derechos
Junto a otras organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente provincial expresando nuestra preocupación por los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante.
