Contestamos la defensa del gobierno sobre el protocolo anti protesta
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Bala y cárcel. Criminalización de manifestantes y restricción de libertades democráticas en Argentina
Autor/a: CELS
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Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
El fin del principio de no-represión: qué significa que Bullrich derogue la resolución 210/2011
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
Con un nuevo protocolo, Patricia Bullrich quiere impedir la protesta social
Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.
Consideraciones sobre el protocolo
El CELS envió sus consideraciones con motivo de la consulta que se encuentra abierta sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
Respuesta del CELS a la ministra de Seguridad
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad.
Límites al derecho a la protesta
El protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.
Grave represión de la Gendarmería Nacional a los trabajadores de la línea 60
Esta mañana, la Gendarmería Nacional reprimió a trabajadores de la línea 60 de colectivos que se encontraban realizando una protesta por un conflicto laboral que alcanza 53 despidos.
Regresiones en la actuación del Estado ante los cortes de rutas y accesos
Durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto de los aspectos más trascendentes de esa política de no represión.
El CELS no elaboró ningún protocolo en conjunto con el coronel retirado Roberto Galeano
Aclaración del CELS respecto a las afirmaciones de la ministra y del secretario de Seguridad, Cecilia Rodríguez y Sergio Berni, sobre el proceso de discusión de protocolos para las fuerzas de seguridad en el que haya estado involucrado el coronel retirado Roberto Ángel Galeano.
