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represión del 8M

Protesta social
  

Cuando hay violencia policial, ¿a quién protege el poder judicial?

Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.

Protesta social
  

Piden la indagatoria de 15 policías por la represión del 8M

Es por la represión y la razzia luego de la marcha de 2017. Deberán declarar quienes dieron las órdenes de detención desde la Sala de Situación y quienes las hicieron efectivas en las calles. También personal policial acusado de falso testimonio y los jefes de las comisarías de la zona. Desde el CELS representamos a tres de las detenidas luego del Primer Paro Internacional Feminista.

Protesta social
  

El derecho a la protesta en peligro

Operativo intimidatorio y violento. Detenciones arbitrarias. Imputación por un delito federal. Aval de las autoridades políticas a la violencia policial. Falta de un marco normativo específico para regular la intervención de fuerzas federales en las protestas. Las intimidaciones por parte de las autoridades políticas, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad y la convalidación por parte del poder judicial son formas de limitar el derecho a la protesta.