Maldonado: siete años sin verdad ni justicia

Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.

  

El poder judicial no quiere intervenir en la protección de la protesta social

El 15 de diciembre del año pasado se publicó la resolución 943/2023 que establece que cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es delito. Desde entonces presentamos diferentes acciones judiciales pidiendo que se declare su nulidad e inconstitucionalidad. Pero la discusión sobre el ejercicio del derecho a protestar se dilata: nuestras presentaciones pasaron por infinidad de manos de jueces sin que ninguno tome el caso y lo aborde seriamente.

  

Vivir en la calle no es un delito

En CABA aumenta la criminalización mientras se reduce el presupuesto para políticas destinadas a las personas en situación de calle. Decir que hacen “orden y limpieza” califica directamente a quienes allí habitan como objetos de intervención de higiene urbana o control policial, en vez de entender que son personas con derechos, cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar.

  

La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso

Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

  

Con la reforma penal que propone la ley ómnibus, muchos casos de violencia institucional seguirían impunes

Las medidas que impulsa el gobierno buscan impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego y que la versión policial quede establecida como la única verdad, sin posibilidad de refutarla en un juicio. Si la ley hubiera estado vigente, masacres como las de Monte y de Budge o el asesinato de Lucas González no hubieran obtenido justicia.

  

Sobre el proyecto de “ley ómnibus”

El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.

  

Condenaron a efectivos de la Prefectura por el asesinato de Rafael Nahuel

Cinco agentes fueron condenados por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, en el juicio por el crimen del joven mapuche ocurrido el 25 de noviembre de 2017. El tribunal convalidó la versión de los acusados de que se defendieron de un ataque. Sentencias como esta legitiman las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad haciéndolas pasar por enfrentamientos y convalidan discursos que estigmatizan los reclamos de los pueblos indígenas por sus territorios.

  

Murió un manifestante por una represión en el Obelisco

La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.

  

A seis años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado

El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.

  

Pedimos a la CIDH protección para personas defensoras de derechos humanos en Jujuy

Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.

  

Jujuy: una semana de protestas y escalada de la violencia estatal

A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.

  

Masacre de Magdalena en la CIDH: el Estado reconoció su responsabilidad por las muertes de 33 presos

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las muertes en la Unidad 28 de Magdalena en 2005 y planteó medidas para prevenir incendios y mejorar el sistema penitenciario bonaerense. El CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) participamos en la audiencia en representación de tres familias de las víctimas.

  

Juicio Cagliero: un jurado popular determinó que los policías enjuiciados son culpables

Con diez votos consideraron que Rodrigo Canstatt mató a Diego Cagliero violando todas las reglas de actuación policial y que Sergio Montenegro se excedió en sus deberes, atentó contra la vida de los ocho jóvenes e hirió de gravedad a Mauro Tedesco al disparar con su arma reglamentaria. El mensaje que deja el juicio es que está prohibido disparar a mansalva de la manera que lo hicieron.

  

Juicio Cagliero: perites confirman que el policía Rodrigo Canstatt mató a Diego

Además, se comprobó que el otro agente de la Bonaerense imputado, Sergio Montenero, disparó el proyectil que hirió de gravedad a Mauro Tedesco. Las conclusiones se desprenden del testimonio del perito balístico oficial encargado de estudiar las armas reglamentarias y las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Fue en la octava audiencia en los tribunales de San Martín.

  

Argentina en el examen de DD.HH. de ONU: destacan género y juicios por lesa humanidad y alertan por cárceles, violencia policial y pobreza

El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.

  

Una emergencia obstétrica llega a juicio como homicidio

Durante tres jornadas, el 14, 15 y 18 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, de la Justicia Nacional, juzgará a una mujer migrante venezolana. Nos presentamos como amicus la APP, la Cooperativa Esquina Libertad, FUNDEPS y el CELS. Entendemos que el sistema penal se basa en prejuicios sobre la maternidad a la hora de llevar adelante procesos de este tipo.

  

Criminalización a personas LGBTI+: pedido ante la CIDH para que se aprueben leyes de no discriminación y se garanticen derechos

El viernes 28 de octubre participamos de la audiencia temática como integrantes de la Red de litigantes LGBTI+ de las Américas junto a otras organizaciones de la región. Para Argentina, solicitamos la urgente reforma de la ley de drogas y la derogación de los códigos contravencionales que permiten la criminalización de la oferta sexual en el espacio público.

  

Pueblos indígenas: el Estado no cumple sus compromisos y retrocede ante las presiones racistas

A pesar de que tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales, no se hace efectivo ni existen tampoco políticas que les garanticen desarrollar su vida en relación con su identidad. Los avances de las últimas décadas fueron insuficientes. Muchas veces, la respuesta estatal se organiza detrás de discursos y estereotipos que los estigmatizan. El crecimiento de sus reclamos está vinculado con esta deuda histórica.

  

Villa Mascardi: criminalización y desalojo violento

El conflicto por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral. Una nueva causa fue utilizada para generar el desalojo de toda una comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes de la que generó el allanamiento de hoy y en espacios de diálogo que se interrumpieron hace meses. 

  

Quieren censurar el Mapa de la Policía

A un mes de su lanzamiento, la fiscal porteña Celsa Ramírez pidió que se bloquee el acceso a la plataforma web, que sirve para recabar información sobre abusos de las fuerzas de seguridad. Esto sucedió luego de que el oficialismo porteño lanzara una fuerte campaña en contra de la iniciativa.