CELS
La guerra contra el narcotráfico
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La guerra contra el narcotráfico
La “guerra” contra el narcotráfico es uno de los factores que explica el aumento de la tasa de encarcelamiento nacional, que pasó de 154 a 209 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes entre 2002 y 2017. Los delitos por drogas ocupan un lugar destacado en ese aumento. La población detenida en cárceles de Argentina pasó de 46.288 en 2002 a 85.283 en 2017, un aumento del 84%. En ese mismo período la población carcelaria por drogas aumentó un 252%.
Evolución de la población carcelaria por infracción a la ley de drogas. Argentina, 2002-2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP.
A pesar de que la gran mayoría de las causas por drogas son delitos con expectativa de penas bajas y de que se trata de personas sin antecedentes penales, el uso generalizado de la prisión preventiva es aún más marcado que en otros delitos. Un gran porcentaje de las y los detenidos por drogas no tienen condena. En 2017, el 54% de las y los presos en todo el país ya habían recibido sentencia en primera instancia. En el caso de las y los presos por drogas ese porcentaje era de apenas un 33%, es decir que la mayoría estaba esperando el juicio en la cárcel.
Gisela tiene 30 años y es mamá de cuatro nenas. Vivía con su familia en el barrio La Rana, en el partido de San Martín. Cuidaba niños en una casa de San Andrés, un barrio lindante, que el 11 de agosto de 2018 fue allanada. Gisela estaba entrando a ese domicilio y fue interceptada y golpeada por cuatro policías de civil. Según la versión policial, en la vivienda en la que Gisela trabajaba encontraron estupefacientes. Le imputaron el delito de tenencia con fines de comercialización. La detuvieron en ese momento. Aunque las pruebas recolectadas por el poder judicial mostraban que no tenía vinculación con la venta de drogas, el juez de garantías dio crédito a la versión policial y le dictó la prisión preventiva.
Cuando Gisela fue trasladada a la unidad 33 de Los Hornos transitaba un embarazo de riesgo. A pesar de los indicios de que algo andaba mal –como sangrado y dolores fuertes- la atención médica no detectó lo que estaba ocurriendo. A los seis meses de gestación, Gisela tuvo un parto de emergencia. La llevaron al hospital más de 18 horas después de romper bolsa. En el procedimiento, le extirparon el útero. Su beba estuvo internada durante los primeros meses con complicaciones múltiples por haber nacido de forma prematura. Su familia, su defensa y las Defensorías Territoriales en Derechos Humanos (DTDH) que la acompañan pidieron que se le otorgara la prisión domiciliaria, mientras se llevaba adelante la causa judicial. El pedido fue rechazado dos veces por el Juzgado de Garantías Nro. 5 de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Nicolás Schiavo. Organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires presentaron habeas corpus. La prisión domiciliaria fue otorgada recién el 25 de enero, casi una semana después del parto y cinco meses después de su detención.
En 2017, el 45% de las personas presas por delitos relacionados con las drogas no había terminado el nivel primario de educación o no había tenido ningún tipo de instrucción. El 85% no había terminado el nivel educativo secundario.
Al momento de ingresar al sistema carcelario, el 36% de los varones presos por delitos de drogas estaba desocupado y el 38% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 24% tenía trabajo estable a tiempo completo. Entre las mujeres un 46% estaba desocupada y un 29% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 22% tenía trabajo a tiempo completo. Entre la población trans el 63% estaba desocupada y un 25% tenía trabajo a tiempo parcial.
Cuando se cruzan estos datos sociodemográficos con el tipo de condenas recibidas es evidente que la gran mayoría de las y los encarcelados son pobres, vendedores o vendedoras minoristas, personas usadas como correos o microtraficantes. Todos/as ellos/as son reemplazables de manera muy sencilla en el circuito de la comercialización de drogas. El impacto que tiene la privación de libertad en la desarticulación del negocio es muy dudoso.
La infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres en la Argentina. En 2017, 1.561 mujeres estaban encarceladas por delitos tipificados en la ley 23737, lo que representa el 43,6% del total de las mujeres presas.
Evolución de la población de mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas. Argentina, 2015-2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP.
• La mayor parte de las mujeres privadas de la libertad por la ley 23.737 cometió delitos no violentos e infracciones de menor escala. Según muestran los datos de condenas, la mayor parte de las detenidas está en el mínimo de la escala penal que establece esa ley.
• Del total de mujeres presas por drogas en 2017, solo el 30% tenía una sentencia firme. De ellas, el 61% no había cometido delitos con anterioridad.
• Para ese mismo año, de las 1539 mujeres presas por drogas, solo 23 habían cometido también otro delito.
• El 82% de las mujeres condenadas en 2016 recibieron penas de hasta 4 años. Las sentencias judiciales muestran que la gran mayoría se trata de delitos de comercialización (76%), tenencia (17%) y contrabando (6%)1.
Causas de encarcelamiento de mujeres en la Argentina. 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP.
Mujeres presas en la Argentina según tipo de infracción a la ley de drogas. Argentina, 2017.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNEEP.
¿Qué significa “comercialización” en estos casos? Muchas mujeres habitantes de barrios pobres, con hijos/as a cargo, se involucran en la venta de drogas como estrategia de supervivencia. El Observatorio de Género de la Defensoría de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires2 analizó los partes policiales de detenciones de mujeres que comercializaban. Encontró estas descripciones:
• “Profesión ama de casa. Al momento de su detención vivía sola con sus hijos de 16, 10 y 8 años respectivamente, con la ayuda del Plan Social Jefes y Jefas de Hogar. Residía en una vivienda de un solo ambiente separado por muebles.”
• “Allanamientos realizados en tres casillas precarias. Asentamientos en barrios carenciados.”
• “La imputada residía sola junto a sus tres hijos de 7, 13 y 15 años. Casilla con paredes de madera. Techo solo de chapa, piso de cemento alisado.”
• “La imputada residía sola junto a sus tres hijos de 7, 13 y 15 años. Casilla con paredes de madera. Techo solo de chapa, piso de cemento alisado.”
En las zonas de frontera, muchas mujeres de pocos recursos económicos, argentinas o extranjeras, participan del trasporte de drogas. Se las suele denominar “mulas”.
Fotografía: María Eugenia Cerutti
Claudia es una mujer de nacionalidad boliviana que cruzó la frontera en dirección a la Ciudad de Buenos Aires embarazada, con 1.160,6 gramos de cocaína. Le habían prometido un pago de 700 dólares que iba a utilizar para el tratamiento de quimioterapia de su hijo de 13 años. Fue detenida y estuvo privada de la libertad durante un año en Jujuy, con prisión preventiva. En ese lapso, su hijo no recibió más tratamiento. Cuando los medios de comunicación dieron visibilidad al caso, el poder judicial le concedió a Claudia un permiso extraordinario para visitar a su hijo en Bolivia; el niño falleció cuatro días después de su llegada. Luego, fue sobreseída. Esta decisión podría haber ocurrido un año antes. Muchas veces la desidia de los funcionarios judiciales solo se rompe con la presión que se genera a través de los medios de la ciudad de Buenos Aires. Como funcionamiento del sistema, esta situación es muy deficiente.
A partir de 2015, el SNEEP informa sobre las personas trans privadas de la libertad. Desde entonces se observa un importante crecimiento de esta población y del impacto de los delitos por drogas en su encarcelamiento.
Población trans presa, total y por delitos de drogas. Argentina, 2015-2017.
En octubre de 2017 las cámaras de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires detectaron a cinco mujeres trans que vendían drogas en la puerta de un hotel en el barrio de Constitución. En su mayoría migrantes, también ejercían la prostitución. A las cinco les imputaron el delito de comercialización de drogas, que según los análisis de laboratorio eran de muy baja calidad. Este podría haber sido uno más de los tantos casos que explican el encarcelamiento de la población trans. En esta oportunidad, la intervención judicial fue diferente: decidió investigar la dinámica de una organización criminal que usaba a las mujeres trans para vender drogas en pequeñas cantidades. El fiscal solicitó el sobreseimiento de las detenidas fundamentando su decisión en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. El juez tomó este análisis y resolvió sobreseer a las imputadas y avanzar en la investigación de la organización criminal.
El encarcelamiento de mujeres y trans no afecta de manera significativa al mercado del narcotráfico. En el caso de quienes tienen familias a cargo, provoca además daños en las condiciones de vida de otras personas, en particular de niñas y niños.
