Panorama general
El área de libertad de expresión presenta un gran número de eventos y revela la tensión nítida entre retrocesos institucionales y resistencias civiles. Los retrocesos registrados responden a lógicas diversas: la represión de la protesta pro-palestina, la criminalización del activismo climático y la disputa en torno a la revista de ultraderecha Compact. Las resistencias, por su parte, expresan la vitalidad de amplios sectores de la sociedad civil frente al avance de la AfD y al endurecimiento de las políticas migratorias.
Criminalización del activismo climático
En junio de 2024, la Fiscalía de Flensburg presentó cargos contra Miriam Meyer, activista del grupo de justicia climática Letzte Generation («Última Generación»), acusándola de participar en una organización criminal en virtud del artículo 129 del Código Penal alemán. La acusación la señaló como organizadora de acciones dirigidas contra infraestructura crítica de transporte y suministro. Este caso forma parte de un patrón más amplio de criminalización y judicialización del activismo climático en Alemania, que recurre a figuras penales diseñadas para perseguir el crimen organizado para procesar a personas que realizan acciones de desobediencia civil no violenta.
Represión de la protesta pro-palestina
El período registró una escalada en la represión de las voces propalestinas. En julio de 2024, más de dos docenas de manifestantes fueron arrestados durante una intervención policial en Berlín, calificada por Amnistía Internacional como brutal y desproporcionada frente a manifestantes pacíficos. En septiembre de 2024, las autoridades prohibieron la asociación Solidaridad Palestina Duisburg, alegando su presunto apoyo a Hamás, y realizaron allanamientos a domicilios de sus miembros con confiscación de documentos y dispositivos electrónicos. La prohibición de esta asociación ilustra un patrón: la aplicación de legislación antiterrorista y antiextremismo a organizaciones de la sociedad civil que expresan solidaridad con la causa palestina, en un contexto en que el debate sobre los límites del discurso permitido en relación al conflicto en Gaza es extremadamente sensible en Alemania por razones históricas.
La disputa en torno a la revista Compact
En julio de 2024, la ministra del Interior Nancy Faeser anunció la prohibición de la revista Compact, publicación de ultraderecha caracterizada por su línea antisemita, revisionista e islamófoba, y por su alineación con la AfD. La medida fue suspendida en agosto de 2024 por el Tribunal Federal Administrativo, que permitió a la empresa continuar sus operaciones mientras se desarrollaron los procedimientos judiciales. Este episodio ilustra la complejidad de las herramientas jurídicas disponibles para contener a los medios de ultraderecha en un Estado de derecho: la acción gubernamental fue frenada por el propio sistema judicial, que aplicó los estándares de protección a la libertad de prensa también en beneficio de una publicación de extrema derecha.
Cuestionamiento a las organizaciones de la sociedad civil
En marzo de 2025, la CDU exigió en el parlamento información sobre la «neutralidad política» de organizaciones de la sociedad civil que habían participado en manifestaciones contra el endurecimiento de la política de asilo. La maniobra buscó utilizar los mecanismos de control institucional para presionar a organizaciones críticas del gobierno y de la AfD. Frente a esta ofensiva, más de 2.000 académicxs firmaron una carta pública en defensa del rol de las organizaciones civiles en la democracia, subrayando su función en la promoción y defensa de los derechos humanos y la lucha contra el extremismo de derecha.
Resistencias: movilización contra la AfD y por los derechos migrantes
El período también registró resistencias significativas en el eje de libertad de expresión. En enero de 2025, 15.000 personas se congregaron en Riesa —donde la AfD celebraba su encuentro nacional— para manifestar su rechazo al partido de ultraderecha. La intervención policial resultó en la detención de manifestantes y dejó herido a un diputado del parlamento sajón por el partido de izquierda Die Linke. Ese mismo mes y en febrero, decenas de miles de personas protestaron en Berlín y otras ciudades del país contra los planes para limitar la inmigración impulsados por los conservadores con el apoyo de la AfD, en lo que constituyó una de las mayores movilizaciones del período.