Panorama general
En torno a este conjunto de derechos, se percibe con particular claridad la dinámica política del caso alemán en este período: los retrocesos en derechos de personas migrantes y el incremento de posiciones racistas y xenófobas no son producto de un gobierno de ultraderecha, sino de la presión que la AfD ejerce sobre partidos tradicionales, que han adoptado progresivamente una agenda más restrictiva en materia migratoria como estrategia para disputarle votos a la extrema derecha.
Endurecimiento del control migratorio
En septiembre de 2024, el gobierno de la coalición «semáforo» anunció planes para introducir controles más estrictos en todos los pasos fronterizos, extendiendo una política que ya estaba vigente desde octubre de 2023. La ministra del Interior Nancy Faeser justificó la medida en la necesidad de «reducir aún más la migración irregular», adoptando un lenguaje y una agenda que pocos años antes solo eran sostenidos por posiciones políticas del espectro de la ultraderecha. Esta medida, adoptada por un gobierno de centro – centroizquierda, es un indicador elocuente del desplazamiento del debate político alemán sobre migración.
En agosto de 2024, Alemania llevó a cabo su primera deportación a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Un vuelo con 28 ciudadanos afganos —descritos por el gobierno como «delincuentes condenados»— partió desde el aeropuerto de Leipzig/Halle. Las organizaciones de derechos humanos criticaron la medida, señalando que Afganistán bajo el régimen talibán no reúne las condiciones mínimas de seguridad para recibir deportaciones. En septiembre de ese mismo año, el gobierno también propuso deportaciones a Ruanda —siguiendo el modelo del plan abandonado por el Reino Unido— como mecanismo para gestionar los flujos migratorios irregulares.
En enero de 2025, el Bundestag aprobó una moción de política migratoria más estricta. La votación de esta moción resulta particularmente relevante para comprender el momento político: se trató de la primera votación conjunta de la CDU con la fuerza de ultraderecha AfD. Esta medida aprobada contempla controles fronterizos permanentes, rechazo de todas las solicitudes de asilo irregulares y mayores facilidades para llevar a cabo deportaciones. La medida generó un intenso debate sobre si la CDU había «roto el cordón sanitario» que separaba a los partidos del arco tradicional de la ultraderecha.
Resistencias y nuevas amenazas
Frente a este giro, la sociedad civil respondió con movilizaciones de notable envergadura. En enero de 2025, decenas de miles de personas protestaron en Berlín —y en otras ciudades del país— contra los planes para limitar la inmigración propuestos por los conservadores con el apoyo de la AfD. En enero de ese mismo año, 15.000 personas bloquearon el acceso al encuentro nacional del AfD en Riesa. Estas manifestaciones constituyeron una de las expresiones más amplias de rechazo al desplazamiento del debate político hacia posiciones anti-migrantes, y son un indicador de la vitalidad democrática que sostiene el contrapeso civil al avance de la ultraderecha.
En abril de 2025, las autoridades migratorias de Berlín avanzaron en el proceso de deportación de cuatro jóvenes residentes extranjeros por su participación en protestas de solidaridad con Gaza. Este proceso, todavía en curso, de confirmarse sentaría un precedente grave. El ejercicio del derecho a la protesta podría tener consecuencias directas sobre el estatus migratorio de personas extranjeras, vinculando la represión política con la vulneración de derechos migrantes.