Panorama general
El área de derechos laborales presenta en Brasil un saldo predominantemente positivo en términos de medidas del ejecutivo federal, contrarrestado por la confirmación judicial de la reforma laboral sancionada en 2017 y por amenazas vinculadas a la precarización del trabajo. El período también registra una notable actividad del movimiento sindical, que desplegó huelgas, movilizaciones y propuestas legislativas que colocaron la agenda laboral en el centro del debate público.
Avances del ejecutivo: protección laboral y lucha contra el trabajo esclavo
El gobierno de Lula registró en el período varios avances concretos en derechos laborales. En junio de 2024, el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con los sindicatos docentes universitarios —ANDES-SN y SINASEFE— que puso fin a una huelga de 70 días: el acuerdo prevé una reestructuración del escalafón y aumentos salariales. En septiembre de 2024, Lula firmó un decreto que estableció nuevas reglas de protección laboral para los 73.000 trabajadores tercerizados en organismos del gobierno federal, alineado con normas de la OIT, con jornada máxima de 40 horas semanales y obligación de respetar el salario base de categoría en las licitaciones. En septiembre de 2024, los ministerios de Trabajo, Derechos Humanos y Justicia publicaron una orden administrativa que ratifica el compromiso en contra del trabajo sin derechos, a través de la publicación regular del listado de empleadores con denuncias de trabajo esclavo. En octubre de 2024, el gobierno lanzó el programa “Acredita no Primeiro Passo” para inclusión socioeconómica de familias de bajos ingresos. Por su parte, la Operação Resgate IV, realizada entre julio y agosto de 2024, rescató a 593 trabajadores sometidos a condiciones de trabajo análogas a la esclavitud en 11 estados —un 11,65% más que la operación del año anterior. El dato de contexto es relevante: la agricultura, la construcción civil y los servicios fueron las actividades con mayor incidencia, con Minas Gerais, São Paulo y Pernambuco como los estados con más casos.
Retrocesos y amenazas: vigencia de la reforma de 2017 y precarización laboral
En noviembre de 2024, el Tribunal Superior del Trabajo confirmó que la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Temer se aplicaría también a los contratos de trabajo anteriores a esa ley, privando a los trabajadores de beneficios como el pago de las horas de traslado al lugar de trabajo que habían sido eliminados por la reforma. Esta decisión judicial consolidó retrocesos que el gobierno de Lula no ha logrado revertir legislativamente. En junio de 2024, el STF analizó la constitucionalidad del contrato de trabajo intermitente —que permite pagar sólo por las horas efectivamente trabajadas— con una votación que iba 3 a 2 a favor de mantenerlo. En diciembre de 2024, Lula sancionó una ley que limita el aumento del salario mínimo al 2,5% por encima de la inflación hasta 2030, una medida que, aunque busca dar previsibilidad fiscal, fue criticada por las centrales sindicales como un techo que puede erosionar el poder adquisitivo a largo plazo.
Resistencias sindicales y la agenda de la jornada 6×1
El período registró una actividad sindical de notable magnitud. En julio de 2024, los servidores del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) -la entidad federal de Brasil responsable de la administración y pago de la seguridad social- entraron en huelga por tiempo indeterminado reclamando recomposición salarial y reconocimiento de carrera. En agosto de 2024, trabajadores de Correos iniciaron una huelga con reivindicaciones salariales. En octubre de 2024, SINASEFE -Sindicato nacional que representa al cuerpo docente y al personal técnico-administrativo de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica- realizó una paralización nacional de 48 horas exigiendo el cumplimiento de acuerdos salariales previos. En noviembre de 2024, grandes movilizaciones en todo el país pusieron en el centro del debate la jornada 6×1 —el régimen de trabajo de 6 días seguidos con 1 de descanso, que implica hasta 44 horas semanales y que afecta especialmente al comercio, los servicios y la salud.
En respuesta a estas movilizaciones, en febrero de 2025 la diputada Erika Hilton (PSOL-SP) presentó la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) N° 8/2025 para eliminar la jornada 6×1, establecer una jornada máxima de 36 horas semanales y una semana de 4 días de trabajo. La propuesta fue protocolizada con 234 firmas de legisladores y casi 3 millones de firmas ciudadanas. En marzo de 2025, trabajadorxs de aplicativos de varias ciudades paralizaron actividades durante dos días reclamando una tarifa mínima de R$ 10 por entrega. Entre tanto, el 1 de mayo de 2025, las centrales sindicales le hicieron llegar al presidente Lula la “Pauta da Classe Trabalhadora 2025”, con reivindicaciones que incluían la regulación del trabajo por aplicativos, la reducción de jornada sin reducción salarial, la recuperación del poder adquisitivo de jubilados y el fin de la escala 6×1.