Derechos sexuales y reproductivos

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos presenta eventos sustantivos de signo favorable: la recomendación de reforma del aborto elaborada por la Comisión sobre Autodeterminación Reproductiva (abril de 2024), despatologización en el reconocimiento de las identidades trans (octubre de 2024) y la aprobación de la Ley de Asistencia contra la Violencia (febrero de 2025). Estos hitos conviven con la inacción legislativa en materia de reforma del aborto, que sigue sin resolverse. El balance resultante es complejo: avances normativos concretos en violencia de género e identidad de género contrastan con la persistencia de un marco jurídico sobre el aborto considerado anacrónico en el contexto europeo.

Recomendación de reforma del aborto

En abril de 2024, el gobierno alemán hizo pública la conclusión de la Comisión sobre Autodeterminación Reproductiva y Medicina Reproductiva, organismo que había sido creado con el mandato de evaluar la regulación del aborto en el país y formular recomendaciones para su modernización. La Comisión concluyó que la regulación vigente no cumplía con los estándares internacionales de derechos humanos ni con las directrices de salud pública, y que se encontraba desfasada respecto a las prácticas habituales en Europa. En el marco de MIDA, esta conclusión se registra como defensa: no implica un cambio normativo inmediato, pero constituye una acción institucional orientada a fortalecer derechos ya reconocidos y a preparar el terreno para su reforma.

Tensiones en el Parlamento: la recomendación no es ley

En febrero de 2025, a pesar de las recomendaciones de la Comisión de expertos, el Comité de Asuntos Jurídicos del Bundestag decidió no impulsar ninguna propuesta de reforma de la legislación sobre aborto. El aborto sigue siendo legal en Alemania, pero el Código Penal todavía lo tipifica como delito, especificando que en ciertos casos no será punible —una contradicción jurídica que, según las principales organizaciones de derechos reproductivos, perpetúa el estigma y afecta el acceso efectivo al derecho. En el marco de MIDA, este evento se registra como continuidad: no implica una modificación regresiva del marco normativo, pero sí la renuncia a una oportunidad concreta de avance.

Nueva ley de identidad de género

En octubre de 2024, Alemania puso en vigor una nueva legislación que permite a las personas mayores de 18 años modificar su nombre y marcador de género en los registros oficiales mediante un procedimiento burocrático, sin necesidad de evaluaciones psiquiátricas ni audiencias judiciales —requisitos que habían sido criticados durante décadas por organizaciones de derechos humanos y por la comunidad trans. Los menores de 14 a 18 años pueden acceder a este derecho con la aprobación de sus padres o mediante recurso legal. Esta reforma representa un avance concreto y relevante, en contratendencia con las políticas adoptadas en el mismo período de análisis por países como Estados Unidos bajo la administración Trump.

Ley de Asistencia contra la Violencia

El 14 de febrero de 2025, el Bundestag y el Bundesrat -el órgano constitucional de Alemania que representa a los 16 estados federados actuando como cámara alta en el proceso legislativo- aprobaron la Ley de Asistencia contra la Violencia (Gewalthilfegesetz), que entró en vigor el 28 de febrero de 2025. Esta medida tiene un carácter inédito: establece un derecho a nivel nacional a la protección y asistencia para las mujeres afectadas por la violencia. La ley obliga a los gobiernos federal y estatales a garantizar un sistema de apoyo integral basado en las necesidades: los refugios para mujeres y los centros de asesoramiento especializado pasan a ser cofinanciados por el gobierno federal, lo que hasta entonces no existía como obligación jurídica. Este avance es especialmente significativo en el contexto regional: mientras en otros países monitoreados por MIDA la protección contra la violencia de género es objeto de ataques o desfinanciamiento, Alemania formaliza y refuerza por ley el derecho a la asistencia. Su aprobación por ambas cámaras —y con el apoyo de la nueva coalición CDU/CSU–SPD— indica que se trata de un consenso político amplio, no una medida del gobierno saliente.

Panorama general

En el campo de derechos sexuales y reproductivos registramos el mayor número de retrocesos dentro de los distintos derechos monitoreados en este período, con una característica singular: varios de los deterioros más profundos no son producto de grandes reformas normativas visibles sino del desmantelamiento silencioso de políticas públicas, del desfinanciamiento de programas y del vaciamiento institucional. Esta modalidad de retroceso —que avanza sin gran publicidad y sin un acto legislativo formal que lo haga más fácilmente impugnable— es particularmente dañina y difícil de revertir.

El desmantelamiento de las políticas de cuidado

El informe «La cocina de los cuidados», elaborado por el CELS con cortes trimestrales, ofrece el seguimiento más sistemático de este proceso. En octubre de 2024 —al cumplirse diez meses de gestión— el relevamiento de 49 políticas de cuidado mostraba que 24 habían sido derogadas o discontinuadas y 18 estaban en riesgo o sub-ejecutadas: sólo 7 permanecían vigentes. En marzo de 2025 el panorama era aún más complejo: de 50 políticas relevadas, sólo 5 seguían en pie —el 90% había sido recortado, desmantelado, derogado o estaba en riesgo. El informe de junio de 2025 —a dieciocho meses de gestión— constataba que apenas 4 de las 50 políticas relevadas (el 8%) permanecían vigentes, y que 2.866.000 personas habían perdido al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias. La velocidad y la profundidad de este desmantelamiento no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas sociales argentinas.

Salud sexual y reproductiva: desfinanciamiento y retiro del Estado

En abril de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el “rediseño” del plan ENIA de prevención de embarazo adolescente, lo que incluyó la finalización del contrato de 619 personas, es decir, casi el 80% del total del equipo de trabajo. Un año más tarde, datos oficiales confirmaron que la distribución de preservativos y anticonceptivos había caído un 64% durante el gobierno de Milei respecto del período anterior. Este desfinanciamiento afectó también la compra de insumos para garantizar el acceso al aborto legal, tests rápidos para diagnóstico del VIH, reactivos para medir la carga viral y materiales de prevención. La combinación de estas medidas —el desfinanciamiento de los dispositivos de acceso al aborto legal y de acceso a la salud para personas con HIV, la caída en la distribución de métodos anticonceptivos y la disolución de un equipo trabajando a nivel federal en la prevención de embarazo adolescente— configura un retroceso de primer orden en el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Posicionamientos internacionales regresivos

En noviembre de 2024, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. Este posicionamiento —registrado por MIDA como amenaza, dado que no modifica el marco normativo interno pero constituye una señal política relevanta— se encuadra en la estrategia del gobierno de Milei de utilizar los foros multilaterales para proyectar internacionalmente su agenda conservadora en materia de género. En enero de 2025, en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei atacó en su discurso a la comunidad homosexual y a la «ideología de género», una declaración que el propio mandatario formuló en representación del Estado argentino ante una audiencia global.

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos es la más densa del período brasileño, tanto en número de eventos como en la complejidad del cuadro que presenta. El ejecutivo federal impulsó avances significativos en derechos LGBTQIA+, en la lucha contra los femicidios y en la construcción de una Política Nacional de Cuidados. Al mismo tiempo, el Congreso y actores del sistema judicial con apoyos de la corporación médica generaron retrocesos y amenazas que el gobierno debió disputar judicialmente. Esta dinámica de avance y resistencia simultáneos es el rasgo más característico del caso brasileño en torno a este conjunto de derechos.

Derechos LGBTQIA+, cuidados y agenda contra femicidios

Desde el inicio del período, el gobierno federal mantuvo una agenda activa en derechos LGBTQIA+. En junio de 2024 se lanzaron los programas Acolher+, Empodera+ y Bem Viver+, con inversión superior a R$ 8 millones, orientados a garantizar inclusión laboral y casas de acogida para personas LGBTQIA+ en situación de calle. En la misma fecha, el gobierno firmó un acuerdo de cooperación técnica con Fundacentro para la implementación de Empodera+. Además, el Consejo Nacional de Justicia y el gobierno federal firmaron un acuerdo para implementar el Formulario Rogéria, registro de emergencia para personas LGBTQIA+ en riesgo. En enero de 2025, se lanzó la Agenda Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra Personas LGBTQIA+, con acciones intersectoriales federales. En febrero de 2025, más de 21.000 personas participaron en conferencias estaduales preparatorias para la 4ª Conferencia Nacional LGBTQIA+, que se realizó en octubre de ese año y fue convocada por decreto presidencial. 

Tal como señalan en el sitio web de la Conferencia: “A la luz del compromiso del actual Gobierno Federal con la participación social, se estableció un nuevo Consejo para los Derechos de las Personas LGBTQIA+ mediante el Decreto N.º 11.471, de fecha 6 de abril de 2023. -El Consejo anterior había sido eliminado por decreto durante el gobierno de Jair Bolsonaro-. Asimismo —también como expresión de este compromiso— el Gobierno Federal convocó la 4.ª Conferencia Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTQIA+ mediante el Decreto N.º 11.848, de fecha 26 de diciembre de 2023, bajo el lema «Construyendo la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTQIA+».”

En materia de violencia de género, el gobierno lanzó en agosto de 2024 la movilización nacional «Femicidio Zero», con inversiones acumuladas de R$ 389 millones desde 2023 para casas de protección y servicios de atención a mujeres en situación de violencia. En octubre de 2024, Lula promulgó una ley que elevó la pena para el delito de femicidio a un mínimo de 20 y un máximo de 40 años de prisión, convirtió el femicidio en un delito específico con artículo propio para facilitar su identificación estadística e incorporó agravantes importantes, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos de quienes sean condenados por delitos graves contra mujeres. En febrero de 2025, el Supremo Tribunal Federal extendió las medidas de protección de urgencia de la Ley “Maria da Penha” -así nombrada en homenaje a Maria da Penha Fernandes, la mujer que reclamó justicia por los dos intentos de asesinato sufridos a manos de su pareja- a mujeres travestis y transexuales.

En diciembre de 2024, Lula promulgó la Política Nacional de Cuidados —elaborada por más de 20 ministerios y aprobada casi por unanimidad en el Congreso—, el primer marco normativo en Brasil que reconoce el cuidado como derecho humano y establece la corresponsabilidad entre Estado, mercado, familias y comunidad. En el mismo mes, el Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprobó la Resolución 258/2024 estableciendo protocolos de atención humanizada para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, garantizando su acceso al aborto legal. Un tribunal paulista emitió en marzo de 2025 una decisión inédita que reconoció el “stealthing” —retirada del preservativo sin consentimiento— como violencia sexual análoga a la violación, habilitando el acceso al aborto legal en esos casos.

El Supremo Tribunal Federal: un actor clave en la defensa de derechos 

El STF actuó en el período como un actor de defensa relevante frente a los intentos de retroceso. En junio de 2024, por unanimidad, ratificó que las personas trans tienen acceso a todos los tratamientos disponibles en el Sistema Único de Saúde (SUS), convirtiendo en vinculante una medida que había sido dictada en 2021. En el mismo mes, el pleno del STF decidió en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 5668 que las escuelas públicas y privadas tienen la obligación de combatir discriminaciones por género, identidad de género y orientación sexual, incluyendo el bullying machista y homo-lesbo-transfóbico. El ministro del STF Alexandre de Moraes suspendió además la resolución del Consejo Federal de Medicina que buscaba restringir el aborto legal en casos de violación de más de 22 semanas.

Retrocesos y amenazas desde el Congreso y la corporación médica

Frente a este cuadro de avances, la oposición bolsonarista y sectores conservadores del sistema institucional buscaron generar retrocesos y amenazas. El 12 de junio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en régimen de urgencia —en una sesión de apenas 23 segundos— el Proyecto de Ley 1904/2024, que equiparaba el aborto a partir de la semana 22 con homicidio simple, con penas de hasta 20 años de prisión, incluso en casos de embarazos producto de violación. El proyecto no llegó a implementarse: el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil lo declaró inconstitucional por aclamación y la movilización social fue inmediata y masiva. En diciembre de 2024, la Resolución 258/2024 del CONANDA sobre aborto legal para niñas víctimas de violación fue suspendida por orden de un juez federal a pedido de la senadora Damares Alves —ex ministra de Bolsonaro—, aunque la suspensión fue revertida judicialmente en enero de 2025.

En el área de derechos trans, el Consejo Federal de Medicina aprobó en abril de 2025 una resolución que prohibió el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales para menores de 18 años y estableció que las cirugías de afirmación de género sólo pueden realizarse a partir de los 21 años —una medida que va en sentido diametralmente opuesto a los estándares internacionales en salud trans y que proviene de un actor corporativo con poder normativo sobre la práctica médica. En junio de 2025, dos proyectos presentados en el Senado buscaron reservar baños exclusivamente para mujeres cisgénero y restringir la participación de personas trans en el deporte femenino, parte de una tendencia más amplia: en el primer semestre de 2025, el Senado acumuló cinco proyectos anti-LGBTQIA+.

Resistencias de la sociedad civil

La respuesta de la sociedad civil fue activa y articulada. En junio de 2024, hubo manifestaciones masivas en São Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades contra el proyecto de ley 1904/2024. El 15 de junio, miles de personas protestaron en Río de Janeiro, São Paulo y Brasília bajo la consigna de rechazo a la equiparación del aborto con homicidio. En marzo de 2025, miles de mujeres marcharon en las principales ciudades del país en el Día Internacional de la Mujer, en contra de los femicidios, por la despenalización del aborto y por más recursos para políticas de género, en un contexto de cifras récord de femicidios en 2024.

Como dato de contexto relevante, un informe oficial de agosto de 2024 sobre los dieciocho años de la Ley Maria da Penha señaló que los avances legislativos no han logrado revertir el aumento de la violencia. En 2023, las agresiones contra mujeres aumentaron en el país un 9.8%, alcanzando 258,941 casos denunciados. El número de mujeres amenazadas creció un 16,5%, con 778.921 casos registrados, mientras que los incidentes de violencia psicológica se dispararon un 33.8%, sumando 38.507 casos. Esta brecha entre el marco normativo y la realidad vivida por las mujeres es un indicador importante de los límites del avance institucional.

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos presenta en España un saldo positivo en términos de medidas del ejecutivo y decisiones del Tribunal Constitucional, contrastado con déficits de implementación que afectan el ejercicio efectivo de esos derechos en buena parte del territorio. El gobierno de Sánchez acumuló en el período avances en derechos LGBTIQ+, en la protección contra la violencia de género y en el blindaje del derecho al aborto. Al mismo tiempo, los incumplimientos normativos documentados por organizaciones de derechos humanos revelan que la agenda progresista del ejecutivo central encuentra resistencias en la administración autonómica y en las instituciones de salud.

Derecho al aborto y derechos LGBTIQ+

En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y Vox contra la reforma de la Ley del Aborto de 2023, asegurando el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno y eliminando el período de reflexión obligatorio. Esta sentencia cerró una batalla jurídica de varios años y consolidó un marco normativo que la oposición de derecha buscaba revertir. En junio de 2024, el gobierno interpuso recursos de inconstitucionalidad contra las reformas de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, cuestionando artículos que involucraban terapias de conversión, la patologización de menores trans y la exclusión de organizaciones LGBTI como partes interesadas en procedimientos penales o administrativos sancionadores. A su vez, en septiembre de 2024 entró en vigor el Real Decreto 1026/2024, que dictaminó que las empresas de más de 50 trabajadores deben  contar con protocolos contra la discriminación LGBTI.

Protección contra la violencia de género: avances normativos y brechas de implementación

En julio de 2024, España votó a favor de la resolución A/HRC/56/L.25/Rev.1 sobre eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, el gobierno renovó el Pacto de Estado contra la violencia de género con mayor presupuesto para centros de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual. En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria —la violencia ejercida sobre hijos e hijas para dañar a la madre—, tipificándola como delito autónomo con penas de seis meses a tres años de cárcel.

Pero más allá del carácter progresivo de la letra de la ley, los pronunciamientos públicos y la adjudicación presupuestaria para sostener políticas públicas, el acceso efectivo a derechos en ocasiones se encontró obstaculizado. En diciembre de 2024, un informe de Amnistía señaló que solo cinco comunidades autónomas habían implementado el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos —un mecanismo contemplado en la reforma de 2023 que, en ausencia de ese registro, permite que la objeción de conciencia no declarada obstaculice en la práctica el acceso al aborto en el sistema público. El dato contextual que acompaña este hallazgo —que la mayoría de los abortos en España se realizan en instituciones privadas— señala una falla estructural del sistema de salud público en la garantía efectiva de este derecho.

Panorama general

Ningún otro conjunto de derechos concentró tanta actividad regresiva en el período analizado como el de los derechos sexuales y reproductivos. Con 28 eventos registrados —incluyendo retrocesos, amenazas, defensas y resistencias—, este eje constituye uno de los nudos clave de la agenda de la administración Trump y, al mismo tiempo, el campo en que más activamente respondió la sociedad civil para el período analizado.

La administración Biden cerró su gestión con señales positivas en este terreno: en noviembre de 2024, siete de los diez estados que sometieron a referéndum el derecho al aborto —entre ellos Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nueva York y Nevada— votaron a favor de su incorporación constitucional. La Corte Suprema rechazó ese mismo año un intento de restringir el acceso a la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para garantizar el derecho al aborto seguro. En junio de 2024, Biden otorgó amnistía a veteranos condenados por delitos de “sodomía” bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.

Con la llegada de Trump, este panorama se alteró de manera drástica y sistemática desde el primer día de gestión.

Gestión Biden (junio–enero 2025)

Avances

La última etapa de la administración Biden registró avances significativos en derechos LGBTQ+ y reproductivos. En junio de 2024, se concedió amnistía a veteranos que habían sido procesados por prácticas homosexuales bajo legislación hoy derogada. En noviembre de 2024, el resultado de referéndums en siete estados representó un avance histórico para el derecho al aborto a nivel constitucional subnacional, en un contexto nacional marcado por la reversión de Roe v. Wade. La Corte Suprema también desestimó en junio de 2024 una demanda que buscaba restringir el acceso a la mifepristona.

Gestión Trump (enero–junio 2025)

Derechos LGBTQ+: una ofensiva normativa sin precedentes

El 20 de enero de 2025, horas después de asumir, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168 «Defendiendo a las Mujeres de la Ideología de Género», que define oficialmente solo dos sexos —masculino y femenino— determinados al nacer. Esta medida fue el punto de partida de una cadena de órdenes ejecutivas que abarcaron:

• La suspensión de pasaportes con marcadores de género X o que no coincidan con el sexo asignado al nacer (22 de enero y 21 de febrero de 2025).
• La prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas (27 de enero de 2025).
• La eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias federales (21 de enero de 2025).
• La restricción del acceso a atención de afirmación de género para menores de 19 años mediante la Orden Ejecutiva 14187 (3 de febrero de 2025).
• La prohibición de la participación de mujeres trans en deportes femeninos financiados federalmente (5 de febrero de 2025).
• La revocación de políticas de la era Biden que protegían a personas LGBTQ+ en educación, vivienda e inmigración (22 de febrero de 2025).
• La instrucción de revisar y retirar financiamiento a escuelas que promuevan contenidos considerados «ideología de género» (29 de enero de 2025).

Esta secuencia de medidas configura el desmantelamiento más sistemático de derechos LGBTQ+ a nivel federal en la historia reciente de Estados Unidos.

Derechos sexuales y reproductivos: recortes, restricciones y borramiento institucional

En materia de salud sexual y reproductiva, la administración Trump desplegó simultáneamente múltiples líneas de acción:

• Restablecimiento de la «Regla de la Mordaza Global» (24 de enero), que prohíbe el financiamiento estadounidense a organizaciones internacionales que informen o promuevan el aborto con sus propios fondos.
• Firma de orden ejecutiva para aplicar la Enmienda Hyde y eliminar financiamiento federal a servicios de aborto (24 de enero).
• Eliminación del sitio web ReproductiveRights.gov, dado de baja el mismo día de la asunción.
• Orden de paralización inmediata de PEPFAR, el programa global de lucha contra el VIH/SIDA, con consecuencias directas en decenas de países (20 de enero). Luego modificado para eliminar el acceso a PrEP para toda persona que no sea mujer embarazada o en período de lactancia (1 de febrero).
• Recorte de 20.000 empleados del Departamento de Salud (HHS), eliminando gran parte de la infraestructura de supervisión de la atención reproductiva.
• Eliminación de dependencias gubernamentales dedicadas a salud reproductiva, VIH, salud materna e infantil, e investigación sobre técnicas de reproducción asistida.
• Congelamiento de aproximadamente 35 millones de dólares en fondos del programa Title X -programa dedicado a brindar servicios de planificación familiar y salud reproductiva- afectando a más de 840.000 pacientes (31 de marzo).
• Retirada de la demanda federal que buscaba garantizar abortos de emergencia bajo la ley EMTALA (Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto) (1 de marzo).
• Solicitud de revisión completa de la mifepristona por parte del Secretario Robert Kennedy Jr. ante la FDA (6 de mayo), en abierta contradicción con décadas de evidencia científica.
• Un juez federal anuló la regla de privacidad reproductiva bajo HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico) -ley federal de EE. UU. que establece estándares nacionales para proteger la información médica sensible de los pacientes contra la divulgación sin su consentimiento  implementada en 2024- (18 de junio), eliminando salvaguardas sobre el uso de datos de pacientes que buscan atención reproductiva.
• Recorte o eliminación de programas que monitoreaban mortalidad materna, resultados de fertilidad y seguimiento de salud reproductiva (abril 2025).

En paralelo, el gobierno desmanteló sistemáticamente datos, guías científicas y recursos digitales de salud pública sobre VIH, salud reproductiva y derechos LGBTQ+, en lo que organizaciones como Interfaith Alliance caracterizaron como «censura digital» al servicio de una agenda ideológica conservadora.

Resistencias y defensas

La respuesta desde la sociedad civil y el poder judicial fue significativa, aunque en la mayoría de los casos no logró revertir las medidas adoptadas:

• Nueve organizaciones, entre ellas la San Francisco AIDS Foundation, presentaron demanda federal contra Trump desafiando las órdenes ejecutivas sobre identidad de género (20 de febrero).
• El Estado de Minnesota presentó demanda federal para impedir la aplicación de órdenes contra personas trans, incluyendo la amenaza de retención de fondos a escuelas (22 de abril).
• La ACLU presentó demanda en representación de NFPRHA (National Family Planning and Reproductive Health Association) contra el Departamento de Salud por la retención ilegal de fondos Title X (24 de abril). La demanda fue retirada en diciembre de 2025 tras la restauración gradual de los fondos.
• Movilizaciones masivas durante el Mes del Orgullo en junio de 2025 expresaron el rechazo de la comunidad LGBTQ+ a las políticas de la administración Trump.
• La Corte Suprema rechazó por unanimidad en junio de 2025 un intento de restringir el acceso a la mifepristona, dictaminando que los demandantes antiaborto carecían de legitimación procesal.