Alemania

Panorama general

El área de libertad de expresión presenta un gran número de eventos y revela la tensión nítida entre retrocesos institucionales y resistencias civiles. Los retrocesos registrados responden a lógicas diversas: la represión de la protesta pro-palestina, la criminalización del activismo climático y la disputa en torno a la revista de ultraderecha Compact. Las resistencias, por su parte, expresan la vitalidad de amplios sectores de la sociedad civil frente al avance de la AfD y al endurecimiento de las políticas migratorias.

Criminalización del activismo climático

En junio de 2024, la Fiscalía de Flensburg presentó cargos contra Miriam Meyer, activista del grupo de justicia climática Letzte Generation («Última Generación»), acusándola de participar en una organización criminal en virtud del artículo 129 del Código Penal alemán. La acusación la señaló como organizadora de acciones dirigidas contra infraestructura crítica de transporte y suministro. Este caso forma parte de un patrón más amplio de criminalización y judicialización del activismo climático en Alemania, que recurre a figuras penales diseñadas para perseguir el crimen organizado para procesar a personas que realizan acciones de desobediencia civil no violenta.

Represión de la protesta pro-palestina

El período registró una escalada en la represión de las voces propalestinas. En julio de 2024, más de dos docenas de manifestantes fueron arrestados durante una intervención policial en Berlín, calificada por Amnistía Internacional como brutal y desproporcionada frente a manifestantes pacíficos. En septiembre de 2024, las autoridades prohibieron la asociación Solidaridad Palestina Duisburg, alegando su presunto apoyo a Hamás, y realizaron allanamientos a domicilios de sus miembros con confiscación de documentos y dispositivos electrónicos. La prohibición de esta asociación ilustra un patrón: la aplicación de legislación antiterrorista y antiextremismo a organizaciones de la sociedad civil que expresan solidaridad con la causa palestina, en un contexto en que el debate sobre los límites del discurso permitido en relación al conflicto en Gaza es extremadamente sensible en Alemania por razones históricas.

La disputa en torno a la revista Compact

En julio de 2024, la ministra del Interior Nancy Faeser anunció la prohibición de la revista Compact, publicación de ultraderecha caracterizada por su línea antisemita, revisionista e islamófoba, y por su alineación con la AfD. La medida fue suspendida en agosto de 2024 por el Tribunal Federal Administrativo, que permitió a la empresa continuar sus operaciones mientras se desarrollaron los procedimientos judiciales. Este episodio ilustra la complejidad de las herramientas jurídicas disponibles para contener a los medios de ultraderecha en un Estado de derecho: la acción gubernamental fue frenada por el propio sistema judicial, que aplicó los estándares de protección a la libertad de prensa también en beneficio de una publicación de extrema derecha.

Cuestionamiento a las organizaciones de la sociedad civil

En marzo de 2025, la CDU exigió en el parlamento información sobre la «neutralidad política» de organizaciones de la sociedad civil que habían participado en manifestaciones contra el endurecimiento de la política de asilo. La maniobra buscó utilizar los mecanismos de control institucional para presionar a organizaciones críticas del gobierno y de la AfD. Frente a esta ofensiva, más de 2.000 académicxs firmaron una carta pública en defensa del rol de las organizaciones civiles en la democracia, subrayando su función en la promoción y defensa de los derechos humanos y la lucha contra el extremismo de derecha.

Resistencias: movilización contra la AfD y por los derechos migrantes

El período también registró resistencias significativas en el eje de libertad de expresión. En enero de 2025, 15.000 personas se congregaron en Riesa —donde la AfD celebraba su encuentro nacional— para manifestar su rechazo al partido de ultraderecha. La intervención policial resultó en la detención de manifestantes y dejó herido a un diputado del parlamento sajón por el partido de izquierda Die Linke. Ese mismo mes y en febrero, decenas de miles de personas protestaron en Berlín y otras ciudades del país contra los planes para limitar la inmigración impulsados por los conservadores con el apoyo de la AfD, en lo que constituyó una de las mayores movilizaciones del período.

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos presenta eventos sustantivos de signo favorable: la recomendación de reforma del aborto elaborada por la Comisión sobre Autodeterminación Reproductiva (abril de 2024), despatologización en el reconocimiento de las identidades trans (octubre de 2024) y la aprobación de la Ley de Asistencia contra la Violencia (febrero de 2025). Estos hitos conviven con la inacción legislativa en materia de reforma del aborto, que sigue sin resolverse. El balance resultante es complejo: avances normativos concretos en violencia de género e identidad de género contrastan con la persistencia de un marco jurídico sobre el aborto considerado anacrónico en el contexto europeo.

Recomendación de reforma del aborto

En abril de 2024, el gobierno alemán hizo pública la conclusión de la Comisión sobre Autodeterminación Reproductiva y Medicina Reproductiva, organismo que había sido creado con el mandato de evaluar la regulación del aborto en el país y formular recomendaciones para su modernización. La Comisión concluyó que la regulación vigente no cumplía con los estándares internacionales de derechos humanos ni con las directrices de salud pública, y que se encontraba desfasada respecto a las prácticas habituales en Europa. En el marco de MIDA, esta conclusión se registra como defensa: no implica un cambio normativo inmediato, pero constituye una acción institucional orientada a fortalecer derechos ya reconocidos y a preparar el terreno para su reforma.

Tensiones en el Parlamento: la recomendación no es ley

En febrero de 2025, a pesar de las recomendaciones de la Comisión de expertos, el Comité de Asuntos Jurídicos del Bundestag decidió no impulsar ninguna propuesta de reforma de la legislación sobre aborto. El aborto sigue siendo legal en Alemania, pero el Código Penal todavía lo tipifica como delito, especificando que en ciertos casos no será punible —una contradicción jurídica que, según las principales organizaciones de derechos reproductivos, perpetúa el estigma y afecta el acceso efectivo al derecho. En el marco de MIDA, este evento se registra como continuidad: no implica una modificación regresiva del marco normativo, pero sí la renuncia a una oportunidad concreta de avance.

Nueva ley de identidad de género

En octubre de 2024, Alemania puso en vigor una nueva legislación que permite a las personas mayores de 18 años modificar su nombre y marcador de género en los registros oficiales mediante un procedimiento burocrático, sin necesidad de evaluaciones psiquiátricas ni audiencias judiciales —requisitos que habían sido criticados durante décadas por organizaciones de derechos humanos y por la comunidad trans. Los menores de 14 a 18 años pueden acceder a este derecho con la aprobación de sus padres o mediante recurso legal. Esta reforma representa un avance concreto y relevante, en contratendencia con las políticas adoptadas en el mismo período de análisis por países como Estados Unidos bajo la administración Trump.

Ley de Asistencia contra la Violencia

El 14 de febrero de 2025, el Bundestag y el Bundesrat -el órgano constitucional de Alemania que representa a los 16 estados federados actuando como cámara alta en el proceso legislativo- aprobaron la Ley de Asistencia contra la Violencia (Gewalthilfegesetz), que entró en vigor el 28 de febrero de 2025. Esta medida tiene un carácter inédito: establece un derecho a nivel nacional a la protección y asistencia para las mujeres afectadas por la violencia. La ley obliga a los gobiernos federal y estatales a garantizar un sistema de apoyo integral basado en las necesidades: los refugios para mujeres y los centros de asesoramiento especializado pasan a ser cofinanciados por el gobierno federal, lo que hasta entonces no existía como obligación jurídica. Este avance es especialmente significativo en el contexto regional: mientras en otros países monitoreados por MIDA la protección contra la violencia de género es objeto de ataques o desfinanciamiento, Alemania formaliza y refuerza por ley el derecho a la asistencia. Su aprobación por ambas cámaras —y con el apoyo de la nueva coalición CDU/CSU–SPD— indica que se trata de un consenso político amplio, no una medida del gobierno saliente.

Panorama general

El área de derechos laborales muestra un saldo desfavorable concentrado en los primeros meses de la nueva coalición de gobierno CDU/CSU–SPD, que asumió tras las elecciones de febrero de 2025. Las dos medidas registradas en este período son amenazas —no retrocesos efectivos— en el sentido MIDA: anuncios e intenciones de política que aún no se materializaron en cambios normativos definitivos, pero que señalan una dirección preocupante.

La derogación de la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro

En abril de 2025, los partidos de la nueva coalición de gobierno —CDU/CSU y SPD— anunciaron su intención de derogar la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG), que obligaba a las empresas alemanas a garantizar el respeto de los derechos humanos y laborales a lo largo de su cadena de producción global. La medida fue justificada como parte de una iniciativa de reducción de cargas administrativas. Según el acuerdo de coalición, la LkSG sería reemplazada por una implementación simplificada de la Directiva europea de sostenibilidad corporativa (CSDDD), sin obligaciones de información y de aplicación suspendida salvo en casos de violaciones graves. Esta decisión representa un retroceso en la proyección internacional de los estándares laborales alemanes, con consecuencias potenciales para trabajadores en cadenas de suministro de países del Sur Global.

Flexibilización de la jornada laboral

En mayo de 2025, la coalición de gobierno declaró su intención de reemplazar el límite máximo de jornada laboral diaria —actualmente fijado en ocho horas, con un máximo de diez en casos excepcionales— por un límite semanal. Aunque el acuerdo de coalición no ofrece detalles precisos sobre el nuevo marco, la medida abriría la posibilidad de jornadas de más de doce horas en días puntuales. El período de descanso mínimo de once horas entre jornadas seguiría siendo obligatorio. Las organizaciones sindicales señalaron que esta flexibilización afectaría especialmente a los trabajadores con menor poder de negociación, que son quienes más dependen de los límites legales para proteger sus condiciones de trabajo.

Panorama general

En torno a este conjunto de derechos, se percibe con particular claridad la dinámica política del caso alemán en este período: los retrocesos en derechos de personas migrantes y el incremento de posiciones racistas y xenófobas no son producto de un gobierno de ultraderecha, sino de la presión que la AfD ejerce sobre partidos tradicionales, que han adoptado progresivamente una agenda más restrictiva en materia migratoria como estrategia para disputarle votos a la extrema derecha. 

Endurecimiento del control migratorio

En septiembre de 2024, el gobierno de la coalición «semáforo» anunció planes para introducir controles más estrictos en todos los pasos fronterizos, extendiendo una política que ya estaba vigente desde octubre de 2023. La ministra del Interior Nancy Faeser justificó la medida en la necesidad de «reducir aún más la migración irregular», adoptando un lenguaje y una agenda que pocos años antes solo eran sostenidos por posiciones políticas del espectro de la ultraderecha. Esta medida, adoptada por un gobierno de centro – centroizquierda, es un indicador elocuente del desplazamiento del debate político alemán sobre migración.

En agosto de 2024, Alemania llevó a cabo su primera deportación a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Un vuelo con 28 ciudadanos afganos —descritos por el gobierno como «delincuentes condenados»— partió desde el aeropuerto de Leipzig/Halle. Las organizaciones de derechos humanos criticaron la medida, señalando que Afganistán bajo el régimen talibán no reúne las condiciones mínimas de seguridad para recibir deportaciones. En septiembre de ese mismo año, el gobierno también propuso deportaciones a Ruanda —siguiendo el modelo del plan abandonado por el Reino Unido— como mecanismo para gestionar los flujos migratorios irregulares.

En enero de 2025, el Bundestag aprobó una moción de política migratoria más estricta. La votación de esta moción resulta particularmente relevante para comprender el momento político: se trató de la primera votación conjunta de la CDU con la fuerza de ultraderecha AfD. Esta medida aprobada contempla controles fronterizos permanentes, rechazo de todas las solicitudes de asilo irregulares y mayores facilidades para llevar a cabo deportaciones. La medida generó un intenso debate sobre si la CDU había «roto el cordón sanitario» que separaba a los partidos del arco tradicional de la ultraderecha.

Resistencias y nuevas amenazas

Frente a este giro, la sociedad civil respondió con movilizaciones de notable envergadura. En enero de 2025, decenas de miles de personas protestaron en Berlín —y en otras ciudades del país— contra los planes para limitar la inmigración propuestos por los conservadores con el apoyo de la AfD. En enero de ese mismo año, 15.000 personas bloquearon el acceso al encuentro nacional del AfD en Riesa. Estas manifestaciones constituyeron una de las expresiones más amplias de rechazo al desplazamiento del debate político hacia posiciones anti-migrantes, y son un indicador de la vitalidad democrática que sostiene el contrapeso civil al avance de la ultraderecha. 

En abril de 2025, las autoridades migratorias de Berlín avanzaron en el proceso de deportación de cuatro jóvenes residentes extranjeros por su participación en protestas de solidaridad con Gaza. Este proceso, todavía en curso, de confirmarse sentaría un precedente grave. El ejercicio del derecho a la protesta podría tener consecuencias directas sobre el estatus migratorio de personas extranjeras, vinculando la represión política con la vulneración de derechos migrantes.