Evaluación general del período junio 2024 – junio 2025. Un gobierno de ultraderecha con agenda propia e impacto transversal
Argentina ocupa en el marco de MIDA una posición análoga a la de Estados Unidos bajo Trump: la ultraderecha controla el ejecutivo nacional y despliega una agenda de desmantelamiento de derechos desde el Estado.
Desde diciembre de 2023 gobierna en Argentina Javier Milei, un exponente de la ultraderecha global en América del Sur. Su partido La Libertad Avanza es una coalición de distintas fuerzas políticas en donde se ven representados defensores de la última dictadura militar, militantes anti-aborto, evangélicxs de derecha, empresarios ultraliberales, terratenientes en favor de desalojos de tierras indígenas. La agenda que busca imponer, por lo tanto, responde a esos intereses. Y tiene como peculiaridad una identificación del presidente con la Escuela Austríaca de Economía, es decir: una mirada sobre el rol del estado como obstáculo para la expansión libre del mercado, el cual se piensa como verdadero regulador de las relaciones sociales. Los efectos de esta manera de concebir al estado y al mercado se tradujeron en grandes ajustes en el gasto público, sin que ello afectara al presupuesto para seguridad, defensa y fondos reservados para inteligencia.
En los meses en los que se concentra el informe distinguimos retrocesos profundos en cada uno de los grupos de derechos humanos analizados. Los ataques directos y las amenazas sobre esos derechos generadas por el gobierno se producen a través de un movimiento de pinzas que combina desfinanciamiento y cierre de programas sociales con represión a la protesta social y ataques públicos a opositores políticos. Si la agenda de la ultraderecha no se impuso por completo, eso estuvo relacionado con la persistencia de esa misma protesta social que el gobierno busca desincentivar. Marchas multitudinarias en contra del ajuste en educación y ciencia y un pico de movilización tras los dichos homofóbicos del presidente en la Conferencia de Davos, en Suiza, fueron amesetándose luego de la salvaje represión policial del 12 de marzo de 2025 en ciudad de Buenos Aires, en el marco de las protestas semanales en contra del ajuste en jubilaciones.
En paralelo, se constató un proceso de sinergia entre lo local y lo global a partir de la realización de conferencias de la ultraderecha internacional en contexto argentino (Foro de Madrid en septiembre y CPAC en diciembre de 2024) así como la participación de funcionarios y exponentes de La Libertad Avanza en foros semejantes en Estados Unidos y Europa (CPAC EEUU, Budapest, Cumbre Transatlántica, entre otros). La tónica de la reorganización geopolítica estuvo dada por la aparición de una nueva “doctrina Monroe” para América Latina de la mano de la segunda administración de Donald Trump desde enero de 2025, junto con la alineación de gobiernos de ultraderecha de todo el mundo detrás del mandatario estadounidense y en apoyo de la política de exterminio llevada adelante por el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu en Gaza.
La administración Milei operó durante este período sin mayoría parlamentaria, lo que la llevó a recurrir sistemáticamente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como instrumento privilegiado para imponer reformas que no lograba aprobar en el Congreso o que directamente no quería someter al debate legislativo. Esta modalidad de gobernar por decreto —que en el período analizado afectó derechos laborales, migratorios y de organización sindical— configura en sí misma un retroceso en términos de calidad democrática e institucional.
El período junio 2024–junio 2025 está marcado por tres grandes coordenadas. La primera es la consolidación del ajuste fiscal como marco dentro del cual se procesan todos los demás derechos: los recortes en salud sexual y reproductiva, en políticas de cuidado, en financiamiento universitario y en haberes jubilatorios no son fenómenos aislados sino -como señalamos- expresiones de una política deliberada de reducción del Estado que impacta desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. La segunda coordenada es la represión sistemática de la protesta: en Argentina el uso de la fuerza contra manifestantes se volvió un rasgo esperable y regular. La tercera es la respuesta de la sociedad civil: marchas masivas, paros generales con alto acatamiento y amparos judiciales que lograron frenar, al menos transitoriamente, algunos de los retrocesos más graves.
El período junio 2024–junio 2025 en Argentina confirma y profundiza una hipótesis central de MIDA sobre los gobiernos de ultraderecha: el ataque a los derechos no es un efecto colateral de las políticas de ajuste sino un programa en sí mismo, ejecutado con coherencia ideológica y amplitud de objetivos. La administración Milei actuó simultáneamente y con distintas intensidades sobre los derechos sexuales y reproductivos, laborales, de las poblaciones migrantes y de los pueblos originarios, el derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
Tres rasgos distinguen el caso argentino. El primero es la velocidad del desmantelamiento: en dieciocho meses, El segundo rasgo es el uso del decreto como instrumento predilecto para eludir el debate legislativo en las reformas más polémicas —los DNU sobre huelga, sobre migrantes, sobre refugiados— lo que además de un retroceso sustantivo en los derechos afectados representa un retroceso procedimental en la calidad democrática del sistema. El tercero es la criminalización de la protesta como política sostenida: en ninguno de los otros países monitoreados la represión de manifestantes adquirió la regularidad y la visibilidad que tuvo en Argentina durante este período.
Frente a este cuadro, la resiliencia de la sociedad civil argentina es notable: paros generales con alto acatamiento, movilizaciones multitudinarias con capacidad de articular demandas diversas, amparos judiciales que lograron frenar medidas concretas. La pregunta que el siguiente período de análisis deberá responder es si estas resistencias logran acumular la fuerza suficiente para revertir algunos de los retrocesos ya consolidados, o si el ritmo del desmantelamiento seguirá siendo más veloz que el de la recomposición de derechos.