Panorama general

El área de libertad de expresión así como el derecho a la protesta social presentan para el caso brasileño en este período eventos de signo positivo que vale la pena destacar. La libertad de prensa registra mejoras verificables y reconocidas internacionalmente respecto de la situación durante el gobierno de Bolsonaro. A su vez, tal como se menciona para cada conjunto de derechos, observamos una sociedad civil activa y movilizada frente a situaciones percibidas como ataques o amenazas a derechos conseguidos o por los cuales se continúa luchando.

Avances en libertad de prensa

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el gobierno de Lula normalizó las relaciones entre el Estado y la prensa luego de cuatro años de hostilidad sistemática durante el gobierno de Bolsonaro. En el índice RSF 2024, Brasil mejoró su posición con avances concretos en defensa de la libertad de prensa y cumplimiento de compromisos de transparencia. En mayo de 2025, Brasil ascendió al puesto 63° en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de RSF, escalando 47 posiciones desde 2022, siendo destacado como caso excepcional en un continente donde 22 de 28 países retrocedieron. Como dato de contexto, el Informe FENAJ 2024 documentó un aumento proporcional del acoso judicial a periodistas —del 13,81% al 15,97%—, con el 38,9% de los casos ocurrido durante la campaña electoral municipal. Esta tendencia señala que los avances en el entorno institucional no eliminan prácticas de hostigamiento más difusas que persisten en el sistema judicial y político.

Derecho a la protesta social / Resistencias desde la sociedad civil

El período junio 2024–junio 2025 registró una sociedad civil activa y movilizada en múltiples frentes:

En defensa de los derechos sexuales y reproductivos: La respuesta social más inmediata y masiva del período se produjo en junio de 2024, cuando la Cámara de Diputados aprobó en apenas 23 segundos el Proyecto de Ley 1904/2024, que equiparaba el aborto a partir de la semana 22 con homicidio simple. Se registraron movilizaciones en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia en rechazo a la medida. Esta presión social contribuyó a que el proyecto no llegara a implementarse. En marzo de 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres marcharon en las principales ciudades del país contra los femicidios, por la despenalización del aborto y por más recursos para políticas de género, en un contexto de cifras récord de femicidios registradas en 2024.

En defensa de los derechos laborales: El período registró una actividad sindical y de protesta laboral de notable magnitud. En noviembre de 2024, grandes movilizaciones en todo el país pusieron en el centro del debate la jornada 6×1 —el régimen de trabajo de 6 días seguidos con 1 de descanso que implica hasta 44 horas semanales y afecta especialmente al comercio, los servicios y la salud. Estas movilizaciones tuvieron impacto legislativo directo: en febrero de 2025, la diputada Erika Hilton (PSOL-SP) presentó la PEC N° 8/2025 para eliminar la jornada 6×1, con respaldo de 234 firmas de legisladores y casi 3 millones de firmas ciudadanas. En marzo de 2025, trabajadores de aplicativos de varias ciudades paralizaron actividades durante dos días reclamando una tarifa mínima de R$ 10 por entrega. El 1° de mayo de 2025, las centrales sindicales le hicieron llegar al presidente Lula la “Pauta da Classe Trabalhadora 2025”, con reivindicaciones que incluían la regulación del trabajo por aplicativos, la reducción de jornada sin reducción salarial, la recuperación del poder adquisitivo de jubilados y el fin de la escala 6×1.

En defensa de los derechos de los pueblos indígenas: En junio de 2024, la 20ª edición del Acampamento Terra Livre se realizó en Brasilia bajo el lema “Emergencia Indígena: Nuestros Derechos no son negociables”, reuniendo a miles de indígenas que marcharon por la Esplanada dos Ministérios en reclamo por sus derechos territoriales.

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos es la más densa del período brasileño, tanto en número de eventos como en la complejidad del cuadro que presenta. El ejecutivo federal impulsó avances significativos en derechos LGBTQIA+, en la lucha contra los femicidios y en la construcción de una Política Nacional de Cuidados. Al mismo tiempo, el Congreso y actores del sistema judicial con apoyos de la corporación médica generaron retrocesos y amenazas que el gobierno debió disputar judicialmente. Esta dinámica de avance y resistencia simultáneos es el rasgo más característico del caso brasileño en torno a este conjunto de derechos.

Derechos LGBTQIA+, cuidados y agenda contra femicidios

Desde el inicio del período, el gobierno federal mantuvo una agenda activa en derechos LGBTQIA+. En junio de 2024 se lanzaron los programas Acolher+, Empodera+ y Bem Viver+, con inversión superior a R$ 8 millones, orientados a garantizar inclusión laboral y casas de acogida para personas LGBTQIA+ en situación de calle. En la misma fecha, el gobierno firmó un acuerdo de cooperación técnica con Fundacentro para la implementación de Empodera+. Además, el Consejo Nacional de Justicia y el gobierno federal firmaron un acuerdo para implementar el Formulario Rogéria, registro de emergencia para personas LGBTQIA+ en riesgo. En enero de 2025, se lanzó la Agenda Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra Personas LGBTQIA+, con acciones intersectoriales federales. En febrero de 2025, más de 21.000 personas participaron en conferencias estaduales preparatorias para la 4ª Conferencia Nacional LGBTQIA+, que se realizó en octubre de ese año y fue convocada por decreto presidencial. 

Tal como señalan en el sitio web de la Conferencia: “A la luz del compromiso del actual Gobierno Federal con la participación social, se estableció un nuevo Consejo para los Derechos de las Personas LGBTQIA+ mediante el Decreto N.º 11.471, de fecha 6 de abril de 2023. -El Consejo anterior había sido eliminado por decreto durante el gobierno de Jair Bolsonaro-. Asimismo —también como expresión de este compromiso— el Gobierno Federal convocó la 4.ª Conferencia Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTQIA+ mediante el Decreto N.º 11.848, de fecha 26 de diciembre de 2023, bajo el lema «Construyendo la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTQIA+».”

En materia de violencia de género, el gobierno lanzó en agosto de 2024 la movilización nacional «Femicidio Zero», con inversiones acumuladas de R$ 389 millones desde 2023 para casas de protección y servicios de atención a mujeres en situación de violencia. En octubre de 2024, Lula promulgó una ley que elevó la pena para el delito de femicidio a un mínimo de 20 y un máximo de 40 años de prisión, convirtió el femicidio en un delito específico con artículo propio para facilitar su identificación estadística e incorporó agravantes importantes, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos de quienes sean condenados por delitos graves contra mujeres. En febrero de 2025, el Supremo Tribunal Federal extendió las medidas de protección de urgencia de la Ley “Maria da Penha” -así nombrada en homenaje a Maria da Penha Fernandes, la mujer que reclamó justicia por los dos intentos de asesinato sufridos a manos de su pareja- a mujeres travestis y transexuales.

En diciembre de 2024, Lula promulgó la Política Nacional de Cuidados —elaborada por más de 20 ministerios y aprobada casi por unanimidad en el Congreso—, el primer marco normativo en Brasil que reconoce el cuidado como derecho humano y establece la corresponsabilidad entre Estado, mercado, familias y comunidad. En el mismo mes, el Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprobó la Resolución 258/2024 estableciendo protocolos de atención humanizada para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, garantizando su acceso al aborto legal. Un tribunal paulista emitió en marzo de 2025 una decisión inédita que reconoció el “stealthing” —retirada del preservativo sin consentimiento— como violencia sexual análoga a la violación, habilitando el acceso al aborto legal en esos casos.

El Supremo Tribunal Federal: un actor clave en la defensa de derechos 

El STF actuó en el período como un actor de defensa relevante frente a los intentos de retroceso. En junio de 2024, por unanimidad, ratificó que las personas trans tienen acceso a todos los tratamientos disponibles en el Sistema Único de Saúde (SUS), convirtiendo en vinculante una medida que había sido dictada en 2021. En el mismo mes, el pleno del STF decidió en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 5668 que las escuelas públicas y privadas tienen la obligación de combatir discriminaciones por género, identidad de género y orientación sexual, incluyendo el bullying machista y homo-lesbo-transfóbico. El ministro del STF Alexandre de Moraes suspendió además la resolución del Consejo Federal de Medicina que buscaba restringir el aborto legal en casos de violación de más de 22 semanas.

Retrocesos y amenazas desde el Congreso y la corporación médica

Frente a este cuadro de avances, la oposición bolsonarista y sectores conservadores del sistema institucional buscaron generar retrocesos y amenazas. El 12 de junio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en régimen de urgencia —en una sesión de apenas 23 segundos— el Proyecto de Ley 1904/2024, que equiparaba el aborto a partir de la semana 22 con homicidio simple, con penas de hasta 20 años de prisión, incluso en casos de embarazos producto de violación. El proyecto no llegó a implementarse: el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil lo declaró inconstitucional por aclamación y la movilización social fue inmediata y masiva. En diciembre de 2024, la Resolución 258/2024 del CONANDA sobre aborto legal para niñas víctimas de violación fue suspendida por orden de un juez federal a pedido de la senadora Damares Alves —ex ministra de Bolsonaro—, aunque la suspensión fue revertida judicialmente en enero de 2025.

En el área de derechos trans, el Consejo Federal de Medicina aprobó en abril de 2025 una resolución que prohibió el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales para menores de 18 años y estableció que las cirugías de afirmación de género sólo pueden realizarse a partir de los 21 años —una medida que va en sentido diametralmente opuesto a los estándares internacionales en salud trans y que proviene de un actor corporativo con poder normativo sobre la práctica médica. En junio de 2025, dos proyectos presentados en el Senado buscaron reservar baños exclusivamente para mujeres cisgénero y restringir la participación de personas trans en el deporte femenino, parte de una tendencia más amplia: en el primer semestre de 2025, el Senado acumuló cinco proyectos anti-LGBTQIA+.

Resistencias de la sociedad civil

La respuesta de la sociedad civil fue activa y articulada. En junio de 2024, hubo manifestaciones masivas en São Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades contra el proyecto de ley 1904/2024. El 15 de junio, miles de personas protestaron en Río de Janeiro, São Paulo y Brasília bajo la consigna de rechazo a la equiparación del aborto con homicidio. En marzo de 2025, miles de mujeres marcharon en las principales ciudades del país en el Día Internacional de la Mujer, en contra de los femicidios, por la despenalización del aborto y por más recursos para políticas de género, en un contexto de cifras récord de femicidios en 2024.

Como dato de contexto relevante, un informe oficial de agosto de 2024 sobre los dieciocho años de la Ley Maria da Penha señaló que los avances legislativos no han logrado revertir el aumento de la violencia. En 2023, las agresiones contra mujeres aumentaron en el país un 9.8%, alcanzando 258,941 casos denunciados. El número de mujeres amenazadas creció un 16,5%, con 778.921 casos registrados, mientras que los incidentes de violencia psicológica se dispararon un 33.8%, sumando 38.507 casos. Esta brecha entre el marco normativo y la realidad vivida por las mujeres es un indicador importante de los límites del avance institucional.

Panorama general

El área de derechos laborales presenta en Brasil un saldo predominantemente positivo en términos de medidas del ejecutivo federal, contrarrestado por la confirmación judicial de la reforma laboral sancionada en 2017 y por amenazas vinculadas a la precarización del trabajo. El período también registra una notable actividad del movimiento sindical, que desplegó huelgas, movilizaciones y propuestas legislativas que colocaron la agenda laboral en el centro del debate público.

Avances del ejecutivo: protección laboral y lucha contra el trabajo esclavo

El gobierno de Lula registró en el período varios avances concretos en derechos laborales. En junio de 2024, el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con los sindicatos docentes universitarios —ANDES-SN y SINASEFE— que puso fin a una huelga de 70 días: el acuerdo prevé una reestructuración del escalafón y aumentos salariales. En septiembre de 2024, Lula firmó un decreto que estableció nuevas reglas de protección laboral para los 73.000 trabajadores tercerizados en organismos del gobierno federal, alineado con normas de la OIT, con jornada máxima de 40 horas semanales y obligación de respetar el salario base de categoría en las licitaciones. En septiembre de 2024, los ministerios de Trabajo, Derechos Humanos y Justicia publicaron una orden administrativa que ratifica el compromiso en contra del trabajo sin derechos, a través de la publicación regular del listado de empleadores con denuncias de trabajo esclavo. En octubre de 2024, el gobierno lanzó el programa “Acredita no Primeiro Passo” para inclusión socioeconómica de familias de bajos ingresos. Por su parte, la Operação Resgate IV, realizada entre julio y agosto de 2024, rescató a 593 trabajadores sometidos a condiciones de trabajo análogas a la esclavitud en 11 estados —un 11,65% más que la operación del año anterior. El dato de contexto es relevante: la agricultura, la construcción civil y los servicios fueron las actividades con mayor incidencia, con Minas Gerais, São Paulo y Pernambuco como los estados con más casos. 

Retrocesos y amenazas: vigencia de la reforma de 2017 y precarización laboral

En noviembre de 2024, el Tribunal Superior del Trabajo confirmó que la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Temer se aplicaría también a los contratos de trabajo anteriores a esa ley, privando a los trabajadores de beneficios como el pago de las horas de traslado al lugar de trabajo que habían sido eliminados por la reforma. Esta decisión judicial consolidó retrocesos que el gobierno de Lula no ha logrado revertir legislativamente. En junio de 2024, el STF analizó la constitucionalidad del contrato de trabajo intermitente —que permite pagar sólo por las horas efectivamente trabajadas— con una votación que iba 3 a 2 a favor de mantenerlo. En diciembre de 2024, Lula sancionó una ley que limita el aumento del salario mínimo al 2,5% por encima de la inflación hasta 2030, una medida que, aunque busca dar previsibilidad fiscal, fue criticada por las centrales sindicales como un techo que puede erosionar el poder adquisitivo a largo plazo.

Resistencias sindicales y la agenda de la jornada 6×1

El período registró una actividad sindical de notable magnitud. En julio de 2024, los servidores del Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) -la entidad federal de Brasil responsable de la administración y pago de la seguridad social- entraron en huelga por tiempo indeterminado reclamando recomposición salarial y reconocimiento de carrera. En agosto de 2024, trabajadores de Correos iniciaron una huelga con reivindicaciones salariales. En octubre de 2024, SINASEFE -Sindicato nacional que representa al cuerpo docente y al personal técnico-administrativo de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica- realizó una paralización nacional de 48 horas exigiendo el cumplimiento de acuerdos salariales previos. En noviembre de 2024, grandes movilizaciones en todo el país pusieron en el centro del debate la jornada 6×1 —el régimen de trabajo de 6 días seguidos con 1 de descanso, que implica hasta 44 horas semanales y que afecta especialmente al comercio, los servicios y la salud.

En respuesta a estas movilizaciones, en febrero de 2025 la diputada Erika Hilton (PSOL-SP) presentó la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) N° 8/2025 para eliminar la jornada 6×1, establecer una jornada máxima de 36 horas semanales y una semana de 4 días de trabajo. La propuesta fue protocolizada con 234 firmas de legisladores y casi 3 millones de firmas ciudadanas. En marzo de 2025, trabajadorxs de aplicativos de varias ciudades paralizaron actividades durante dos días reclamando una tarifa mínima de R$ 10 por entrega. Entre tanto, el 1 de mayo de 2025, las centrales sindicales le hicieron llegar al presidente Lula la “Pauta da Classe Trabalhadora 2025”, con reivindicaciones que incluían la regulación del trabajo por aplicativos, la reducción de jornada sin reducción salarial, la recuperación del poder adquisitivo de jubilados y el fin de la escala 6×1.

Panorama general

El área de racismo y xenofobia en Brasil exhibe, al igual que las anteriores, una tensión entre los intentos de avances progresivos desde el ejecutivo federal y la persistencia de fenómenos estructurales de discriminación y violencia. El gobierno de Lula reactivó las demarcaciones de tierras indígenas —paralizadas totalmente durante el gobierno de Bolsonaro— e impulsó una política nacional de migración a través de procesos de debates democráticos y construcción participativa. Pero, al mismo tiempo, la violencia contra pueblos originarios se agravó en el marco jurídico generado por una legislación restrictiva, y la intolerancia religiosa —especialmente contra las religiones de matriz africana— alcanzó cifras récord.

Tierras indígenas: demarcaciones y violencia estructural

El gobierno de Lula reconoció los derechos territoriales de pueblos originarios de Brasil sobre cinco nuevas tierras en el período analizado: Aldeia Velha (Bahía) y Cacique Fontoura (Mato Grosso) en abril de 2024; Potiguara de Monte-Mor (Paraíba), Morro dos Cavalos y Toldo Imbu (Santa Catarina) en diciembre de 2024, llegando a 13 territorios demarcados desde el inicio de su tercer mandato. Muchas de estas ordenanzas de reconocimiento databan de 2007 y 2008 sin haber sido ejecutadas. El gobierno también reactivó el Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI), desmantelado durante la gestión de Bolsonaro.

Sin embargo, estos avances conviven con un cuadro de violencia estructural agravado por la Ley 14.701/2023, que establece que los pueblos indígenas sólo tienen derechos sobre las tierras que estaban en su posesión al momento de la promulgación de la Constitución en octubre de 1988. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU alertaron en julio de 2024 sobre la creciente violencia contra los pueblos indígenas en Bahía, Paraná y Mato Grosso do Sul, en el contexto de la inseguridad jurídica generada por esta ley. En agosto de 2024, la organización Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) se retiró de la Sala de Conciliación del STF, denunciándola como una «conciliación forzada» sobre derechos fundamentales. La 20ª edición del Acampamento Terra Livre, realizada en junio de 2024 en Brasilia con el lema «Emergencia Indígena: Nuestros Derechos no son negociables», reunió a miles de indígenas en una masiva manifestación por la Esplanada dos Ministérios.

Intolerancia religiosa: un fenómeno en alza

Como dato de contexto relevante, los registros del Disque 100 -un servicio para la difusión de información sobre los derechos de los grupos vulnerables y para la denuncia de violaciones de los derechos humanos- para 2024 muestran un cuadro de creciente intolerancia religiosa: 2.472 violaciones por intolerancia religiosa, con un incremento de 990 casos respecto a 2023. Las religiones de matriz africana —umbanda y candomblé— fueron las más atacadas, con ataques a centros religiosos (“terreiros”), agresiones durante rituales y pintadas de odio. En el Distrito Federal, el 50% de los crímenes de intolerancia religiosa registrados fueron contra estas religiones; el informe Respeite Meu Terreiro señaló que el 76% de los terreiros sufrió algún tipo de ataque que puede interpretarse como racismo religioso. Este fenómeno revela la persistencia de prácticas discriminatorias con profundas raíces históricas que las políticas de gobierno no logran revertir.

Personas migrantes: entre la política participativa y la xenofobia

En el área migratoria, el gobierno de Lula impulsó entre 2023 y 2024 un proceso participativo de construcción de la Política Nacional de Migración, Refugio y Apatridia (COMIGRAR), que culminó en noviembre de 2024 con una conferencia nacional que produjo 60 propuestas prioritarias de políticas públicas, con participación de 14.000 personas entre migrantes, sociedad civil y organismos internacionales. El Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) reconoció además 13.409 solicitudes de refugio hasta octubre de 2024, agilizadas con el uso de inteligencia artificial. Como dato de contexto, el informe regional de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) (2025) identificó que las personas defensoras de derechos de migrantes enfrentan amenazas, estigmatización y xenofobia en Brasil, con un aumento exponencial del 874% en los casos de xenofobia entre 2021 y 2022, tendencia que continuó durante el período monitoreado.

Violencia policial: contexto estructural de la represión

Dos situaciones registradas en nuestra base aportan elementos para comprender un contexto de racismo estructural en Brasil. La letalidad policial en la Baixada Santista aumentó un 71% en el primer semestre de 2024 respecto al mismo período de 2023, como consecuencia de las operaciones Escudo y Verão. En el Conjunto de Favelas da Maré (Río de Janeiro), 37 operaciones policiales en 2024 dejaron tres muertos, más de 30 allanamientos y afectaron el derecho a la libre circulación de 140.000 personas. La Relatora Especial de la ONU sobre racismo contemporáneo, que visitó Brasil en agosto de 2024, señaló que la violencia policial en favelas tiene relación directa con el racismo estructural. El Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 reveló que el 82% de las muertes por intervención policial fueron personas negras, con 4 veces más probabilidades de morir a manos de la policía que una persona blanca. Estos datos configuran un patrón de violencia estatal racializada que las políticas del gobierno federal no han logrado frenar y que constituye uno de los déficits más graves del período en materia de derechos humanos en Brasil.