Panorama general

El área de libertad de expresión registra retrocesos en el caso español del período analizado. Los episodios de represión policial de la protesta y el encarcelamiento de jóvenes antifascistas revelan la persistencia de un marco legal restrictivo —heredero de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como «Ley Mordaza»— que el gobierno de Sánchez no ha logrado revertir durante su gestión. Esta tensión entre la agenda progresista del ejecutivo y la vigencia de herramientas jurídicas represivas es uno de los rasgos más característicos y problemáticos del caso español en este período.

Represión de la protesta: antifascistas y pro-Palestina

En octubre de 2024, nueve personas fueron detenidas y varias resultaron heridas durante una represión policial contra una protesta pro-palestina en Santiago de Compostela. Los jóvenes detenidos fueron acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad —figuras jurídicas que la Ley Mordaza amplió notablemente, facilitando su uso contra manifestantes pacíficos. En abril de 2025, cuatro jóvenes antifascistas de Zaragoza fueron encarcelados por su participación en protestas contra la extrema derecha, en un caso que generó movilización de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos que lo caracterizaron como criminalización del antifascismo.

La persistencia de estos episodios bajo un gobierno que se define como progresista señala una contradicción estructural: el ejecutivo de Sánchez ha impulsado avances relevantes en otros derechos, pero no ha podido —o no ha logrado reunir los votos parlamentarios necesarios para— modificar el marco legal que habilita la represión de la protesta. La Ley Mordaza sigue siendo una herramienta disponible para las fuerzas de seguridad, independientemente del color político del gobierno nacional.

Resistencias: movilización antifascista

Frente al avance de la ultraderecha, en noviembre de 2024 la Coordinadora Antifascista de Madrid convocó una manifestación que reunió a miles de personas, en el contexto de un ciclo de movilizaciones de la sociedad civil española contra el crecimiento de Vox y las posiciones de la derecha radical. Esta movilización forma parte de una tradición de respuesta social ante el avance de la ultraderecha que, en el caso español, tiene raíces históricas asociadas a la memoria del franquismo.

Panorama general

El área de derechos sexuales y reproductivos presenta en España un saldo positivo en términos de medidas del ejecutivo y decisiones del Tribunal Constitucional, contrastado con déficits de implementación que afectan el ejercicio efectivo de esos derechos en buena parte del territorio. El gobierno de Sánchez acumuló en el período avances en derechos LGBTIQ+, en la protección contra la violencia de género y en el blindaje del derecho al aborto. Al mismo tiempo, los incumplimientos normativos documentados por organizaciones de derechos humanos revelan que la agenda progresista del ejecutivo central encuentra resistencias en la administración autonómica y en las instituciones de salud.

Derecho al aborto y derechos LGBTIQ+

En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y Vox contra la reforma de la Ley del Aborto de 2023, asegurando el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno y eliminando el período de reflexión obligatorio. Esta sentencia cerró una batalla jurídica de varios años y consolidó un marco normativo que la oposición de derecha buscaba revertir. En junio de 2024, el gobierno interpuso recursos de inconstitucionalidad contra las reformas de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, cuestionando artículos que involucraban terapias de conversión, la patologización de menores trans y la exclusión de organizaciones LGBTI como partes interesadas en procedimientos penales o administrativos sancionadores. A su vez, en septiembre de 2024 entró en vigor el Real Decreto 1026/2024, que dictaminó que las empresas de más de 50 trabajadores deben  contar con protocolos contra la discriminación LGBTI.

Protección contra la violencia de género: avances normativos y brechas de implementación

En julio de 2024, España votó a favor de la resolución A/HRC/56/L.25/Rev.1 sobre eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, el gobierno renovó el Pacto de Estado contra la violencia de género con mayor presupuesto para centros de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual. En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria —la violencia ejercida sobre hijos e hijas para dañar a la madre—, tipificándola como delito autónomo con penas de seis meses a tres años de cárcel.

Pero más allá del carácter progresivo de la letra de la ley, los pronunciamientos públicos y la adjudicación presupuestaria para sostener políticas públicas, el acceso efectivo a derechos en ocasiones se encontró obstaculizado. En diciembre de 2024, un informe de Amnistía señaló que solo cinco comunidades autónomas habían implementado el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos —un mecanismo contemplado en la reforma de 2023 que, en ausencia de ese registro, permite que la objeción de conciencia no declarada obstaculice en la práctica el acceso al aborto en el sistema público. El dato contextual que acompaña este hallazgo —que la mayoría de los abortos en España se realizan en instituciones privadas— señala una falla estructural del sistema de salud público en la garantía efectiva de este derecho.

Panorama general

El área de derechos laborales registra en España el mayor número de avances del período. El gobierno de Sánchez —con el Ministerio de Trabajo a cargo de Yolanda Díaz y Sumar como socio de coalición— desplegó en el período una agenda de reformas laborales de considerable alcance: reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo, jubilación anticipada en empleos considerados penosos y protección laboral de personas con discapacidad. 

Reducción de la jornada laboral y salario mínimo

En diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadorxs (UGT) para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, beneficiando a más de 12 millones de trabajadores. El acuerdo incluye la obligatoriedad del registro horario digital y el refuerzo del derecho a la desconexión digital. En mayo de 2025, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley para formalizar esta reducción en el ordenamiento jurídico, con registro de jornada y derecho a la desconexión como pilares. En febrero de 2025, el Real Decreto 87/2025 fijó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.184 euros mensuales —16.576 euros anuales—, un incremento del 4,4% respecto a 2024. Desde el inicio del gobierno de Sánchez, el SMI ha acumulado un aumento superior al 60%, partiendo de los 735,9 euros mensuales de 2018.

Jubilación anticipada y protección por discapacidad

En mayo de 2025, el Real Decreto 1192/2024 implementó la reforma de la jubilación anticipada para empleos penosos —aquellos con alta exposición a riesgo o toxicidad—, reduciendo la edad de acceso a la jubilación en esos sectores. En mayo de 2025, la Ley 2/2025 armonizó la legislación española con las directrices europeas en materia de discapacidad, eliminando el despido automático por incapacidad permanente —una medida de inclusión laboral relevante que protege a los trabajadores con discapacidad frente al despido.

La agenda laboral española del período contrasta radicalmente con la de Argentina y Estados Unidos, donde las administraciones de ultraderecha desmantelaron activamente los mecanismos de protección laboral. La reducción de la jornada sin reducción salarial avanzó en España como resultado de la negociación colectiva con los sindicatos mayoritarios.

Panorama general

En este aspecto el gobierno español impulsa desde el poder ejecutivo avances en derechos de personas migrantes, mientras que la derecha y la ultraderecha utilizan la cuestión migratoria como eje central de movilización política, especialmente en el nivel autonómico. El caso de los menores migrantes de Canarias es el episodio más representativo de esta dinámica en el período analizado.

Avances del gobierno central: regularización y reforma de extranjería

El período registra tres avances significativos en derechos de personas migrantes. En abril de 2024, el Congreso aprobó —con 310 votos a favor y 33 en contra— una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas para la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes sin papeles, con el PP votando a favor. En noviembre de 2024, el gobierno aprobó un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que prevé la regularización de 300.000 migrantes por año, facilitando el arraigo laboral, formativo y familiar. En abril de 2025, el Congreso aprobó la reforma de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando la saturación supere el 150% —una medida que el PP y Vox votaron en contra.

La instrumentalización de la migración: el caso de los menores de Canarias

En julio de 2024, Vox y PP rompieron gobiernos de coalición autonómica en al menos una comunidad autónoma tras negarse a acoger los 347 menores migrantes llegados a Canarias cuyo reparto había sido aprobado por el Congreso. Este episodio —que MIDA registra como retroceso porque implica el rechazo coordinado a una medida de protección de menores migrantes y la ruptura de gobiernos por razones de agenda anti-migración— ilustra con claridad el uso de la política migratoria como instrumento de posicionamiento de la ultraderecha española. La imagen de menores no acompañados convertidos en moneda de cambio político es uno de los indicadores más elocuentes del estado de la cuestión migratoria en España.

Discurso de odio: contexto relevante

Como dato de contexto —no computable en la escala MIDA pero significativo para el diagnóstico— el informe OBERAXE de 2024 documentó 2.095 casos de discurso de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano e islamófobo en redes sociales, siendo los norteafricanos el colectivo más afectado (33,7% de los casos) y la islamofobia el tipo de discurso más frecuente (26,2%). El informe señaló además que funcionarios de partidos de derecha mantienen estos discursos en el espacio público. Esta persistencia del discurso de odio en el debate político institucional es un indicador del clima en el que se inscriben las medidas de avance del gobierno central en materia de derechos migrantes.