Panorama general

El área de libertad de expresión muestra una trayectoria negativa a lo largo de todo el período analizado, con episodios graves tanto bajo la administración Biden como —de manera más sistemática y directa— bajo Trump. A diferencia de otras áreas, los retrocesos en libertad de prensa y derecho a la protesta no comenzaron en enero de 2025 sino que venían acumulándose en el contexto de las protestas pro-palestinas de 2024.

Gestión Biden (junio–enero 2025)

El semestre final de Biden registró el primer retroceso significativo: a lo largo de 2024, se produjeron 48 arrestos de periodistas que cubrían protestas contra la guerra en Gaza, la mitad a manos de la policía de Nueva York. En julio de 2024, la Policía del Capitolio detuvo a cerca de 200 personas por protestar en el Congreso durante la visita del primer ministro israelí Netanyahu. Estos episodios nos recuerdan que la represión de la protesta y el hostigamiento a la prensa no son fenómenos exclusivos de gobiernos de ultraderecha, aunque sí encuentran su expresión más sistemática bajo administraciones de ese signo.

Gestión Trump (enero–junio 2025)

Libertad de prensa: ataques directos e institucionales

Desde el primer día, la administración Trump adoptó medidas de impacto directo sobre los medios de comunicación:

• Suspensión de 268 millones de dólares en fondos federales para medios independientes internacionales, incluidos Voice of America y Radio Free Europe, mediante orden ejecutiva (20 de enero).
• Exclusión indefinida del reportero de Associated Press del Despacho Oval y Air Force One por negarse a usar el término «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México» (11 de febrero). Un juez federal ordenó su reincorporación inmediata.
• Arresto del fotoperiodista Matthew Kaplan mientras cubría una protesta anti-deportación en Indiana (18 de enero).
• Arresto y detención por más de 100 días del periodista Mario Guevara, mientras transmitía en vivo una protesta contra redadas de ICE en Georgia. Fue mantenido detenido a pesar de que se retiraron los cargos y un juez ordenó su liberación bajo fianza (14 de junio).
• Invocación del Alien Enemies Act de 1798 —utilizado por última vez durante la Segunda Guerra Mundial— para deportar a venezolanos a El Salvador sin debido proceso (14 de marzo).

En materia de resistencias institucionales, un juez federal bloqueó el desmantelamiento de Voice of America en marzo de 2025, ordenando la reincorporación de más de 1.200 periodistas enviados a licencia y prohibiendo el cierre de oficinas.

Derecho a la protesta: represión y resistencia

El período registró una tensión creciente entre la represión estatal y la movilización ciudadana:

• Manifestaciones bajo el lema «Sin Reyes» («No Kings») en el Día de los Presidentes (17 de febrero), rechazando políticas de Trump incluyendo las primeras operaciones de ICE.
• Protestas masivas en Los Ángeles tras redadas de ICE en junio de 2025, con miles de personas concentrándose pacíficamente en el Metropolitan Detention Center.
• Arresto de David Huerta, líder del sindicato de conserjes de California (SEIU), durante una protesta contra un allanamiento de ICE (6 de junio).
• Trump firmó un memorando desplegando 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles para reprimir protestas, sin el consentimiento del Gobernador Newsom —primera federalización de la Guardia Nacional para reprimir una protesta civil en tiempos recientes— (7 de junio).
• Miles de personas marcharon por Manhattan en manifestaciones nacionales contra las redadas de inmigración y el despliegue militar en California (11 de junio).
• Marcha masiva en Chicago contra las redadas de ICE y las políticas migratorias (12 de junio).

El conjunto de movilizaciones del período —que en su punto álgido convocó a decenas de miles de personas en todo el país— representa una de las expresiones más amplias de resistencia civil en los primeros meses de la administración Trump.

Panorama general

Ningún otro conjunto de derechos concentró tanta actividad regresiva en el período analizado como el de los derechos sexuales y reproductivos. Con 28 eventos registrados —incluyendo retrocesos, amenazas, defensas y resistencias—, este eje constituye uno de los nudos clave de la agenda de la administración Trump y, al mismo tiempo, el campo en que más activamente respondió la sociedad civil para el período analizado.

La administración Biden cerró su gestión con señales positivas en este terreno: en noviembre de 2024, siete de los diez estados que sometieron a referéndum el derecho al aborto —entre ellos Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nueva York y Nevada— votaron a favor de su incorporación constitucional. La Corte Suprema rechazó ese mismo año un intento de restringir el acceso a la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para garantizar el derecho al aborto seguro. En junio de 2024, Biden otorgó amnistía a veteranos condenados por delitos de “sodomía” bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.

Con la llegada de Trump, este panorama se alteró de manera drástica y sistemática desde el primer día de gestión.

Gestión Biden (junio–enero 2025)

Avances

La última etapa de la administración Biden registró avances significativos en derechos LGBTQ+ y reproductivos. En junio de 2024, se concedió amnistía a veteranos que habían sido procesados por prácticas homosexuales bajo legislación hoy derogada. En noviembre de 2024, el resultado de referéndums en siete estados representó un avance histórico para el derecho al aborto a nivel constitucional subnacional, en un contexto nacional marcado por la reversión de Roe v. Wade. La Corte Suprema también desestimó en junio de 2024 una demanda que buscaba restringir el acceso a la mifepristona.

Gestión Trump (enero–junio 2025)

Derechos LGBTQ+: una ofensiva normativa sin precedentes

El 20 de enero de 2025, horas después de asumir, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14168 «Defendiendo a las Mujeres de la Ideología de Género», que define oficialmente solo dos sexos —masculino y femenino— determinados al nacer. Esta medida fue el punto de partida de una cadena de órdenes ejecutivas que abarcaron:

• La suspensión de pasaportes con marcadores de género X o que no coincidan con el sexo asignado al nacer (22 de enero y 21 de febrero de 2025).
• La prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas (27 de enero de 2025).
• La eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias federales (21 de enero de 2025).
• La restricción del acceso a atención de afirmación de género para menores de 19 años mediante la Orden Ejecutiva 14187 (3 de febrero de 2025).
• La prohibición de la participación de mujeres trans en deportes femeninos financiados federalmente (5 de febrero de 2025).
• La revocación de políticas de la era Biden que protegían a personas LGBTQ+ en educación, vivienda e inmigración (22 de febrero de 2025).
• La instrucción de revisar y retirar financiamiento a escuelas que promuevan contenidos considerados «ideología de género» (29 de enero de 2025).

Esta secuencia de medidas configura el desmantelamiento más sistemático de derechos LGBTQ+ a nivel federal en la historia reciente de Estados Unidos.

Derechos sexuales y reproductivos: recortes, restricciones y borramiento institucional

En materia de salud sexual y reproductiva, la administración Trump desplegó simultáneamente múltiples líneas de acción:

• Restablecimiento de la «Regla de la Mordaza Global» (24 de enero), que prohíbe el financiamiento estadounidense a organizaciones internacionales que informen o promuevan el aborto con sus propios fondos.
• Firma de orden ejecutiva para aplicar la Enmienda Hyde y eliminar financiamiento federal a servicios de aborto (24 de enero).
• Eliminación del sitio web ReproductiveRights.gov, dado de baja el mismo día de la asunción.
• Orden de paralización inmediata de PEPFAR, el programa global de lucha contra el VIH/SIDA, con consecuencias directas en decenas de países (20 de enero). Luego modificado para eliminar el acceso a PrEP para toda persona que no sea mujer embarazada o en período de lactancia (1 de febrero).
• Recorte de 20.000 empleados del Departamento de Salud (HHS), eliminando gran parte de la infraestructura de supervisión de la atención reproductiva.
• Eliminación de dependencias gubernamentales dedicadas a salud reproductiva, VIH, salud materna e infantil, e investigación sobre técnicas de reproducción asistida.
• Congelamiento de aproximadamente 35 millones de dólares en fondos del programa Title X -programa dedicado a brindar servicios de planificación familiar y salud reproductiva- afectando a más de 840.000 pacientes (31 de marzo).
• Retirada de la demanda federal que buscaba garantizar abortos de emergencia bajo la ley EMTALA (Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto) (1 de marzo).
• Solicitud de revisión completa de la mifepristona por parte del Secretario Robert Kennedy Jr. ante la FDA (6 de mayo), en abierta contradicción con décadas de evidencia científica.
• Un juez federal anuló la regla de privacidad reproductiva bajo HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico) -ley federal de EE. UU. que establece estándares nacionales para proteger la información médica sensible de los pacientes contra la divulgación sin su consentimiento  implementada en 2024- (18 de junio), eliminando salvaguardas sobre el uso de datos de pacientes que buscan atención reproductiva.
• Recorte o eliminación de programas que monitoreaban mortalidad materna, resultados de fertilidad y seguimiento de salud reproductiva (abril 2025).

En paralelo, el gobierno desmanteló sistemáticamente datos, guías científicas y recursos digitales de salud pública sobre VIH, salud reproductiva y derechos LGBTQ+, en lo que organizaciones como Interfaith Alliance caracterizaron como «censura digital» al servicio de una agenda ideológica conservadora.

Resistencias y defensas

La respuesta desde la sociedad civil y el poder judicial fue significativa, aunque en la mayoría de los casos no logró revertir las medidas adoptadas:

• Nueve organizaciones, entre ellas la San Francisco AIDS Foundation, presentaron demanda federal contra Trump desafiando las órdenes ejecutivas sobre identidad de género (20 de febrero).
• El Estado de Minnesota presentó demanda federal para impedir la aplicación de órdenes contra personas trans, incluyendo la amenaza de retención de fondos a escuelas (22 de abril).
• La ACLU presentó demanda en representación de NFPRHA (National Family Planning and Reproductive Health Association) contra el Departamento de Salud por la retención ilegal de fondos Title X (24 de abril). La demanda fue retirada en diciembre de 2025 tras la restauración gradual de los fondos.
• Movilizaciones masivas durante el Mes del Orgullo en junio de 2025 expresaron el rechazo de la comunidad LGBTQ+ a las políticas de la administración Trump.
• La Corte Suprema rechazó por unanimidad en junio de 2025 un intento de restringir el acceso a la mifepristona, dictaminando que los demandantes antiaborto carecían de legitimación procesal.

Panorama general

El área de derechos laborales muestra una trayectoria claramente diferenciada entre los dos gobiernos del período: la administración Biden cerró su gestión con un saldo positivo histórico en materia de organización sindical, mientras que la administración Trump desmanteló de manera acelerada los principales mecanismos de protección laboral construidos en las décadas previas.

Gestión Biden (junio–enero 2025)

Avances en organización sindical y condiciones de trabajo

El último año de Biden registró un pico en la creación de nuevos sindicatos y en la elección de representantes gremiales pro-trabajadores, según un informe del Center for American Progress que monitoreó los últimos 15 años. Este resultado estuvo estrechamente vinculado a los perfiles de los funcionarios designados al frente de la National Labor Relations Board (NLRB). En octubre de 2024, el Departamento de Trabajo lanzó un fondo específico WANTO (Women in Apprenticeship and Nontraditional Occupations) de 6 millones de dólares para promover la inclusión laboral de mujeres en empleos no tradicionales. Por su parte, en diciembre de 2024, el sindicato de trabajadores de Starbucks protagonizó una huelga sin precedentes en más de 300 tiendas y a lo largo de una docena de ciudades, en reclamo de un marco de negociación colectiva.

Gestión Trump (enero–junio 2025)

Desmantelamiento de protecciones laborales

La administración Trump inició un desmontaje sistemático de las protecciones laborales desde los primeros días de gestión, actuando en tres frentes simultáneos: los organismos de control, los derechos de los trabajadores federales y el salario mínimo.

• Trump despidió a Gwynne Wilcox, miembro de la National Labor Relations Board (NLRB), dejando al organismo sin quórum e imposibilitado de proteger derechos laborales. También despidió a Jennifer Abruzzo, Consejera General de la NLRB, quien había implementado políticas de fortalecimiento del derecho a la organización sindical (27 de enero).
• La Orden Ejecutiva «Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity» revocó la órden O 11246 de 1965 —que exigía programas de acción afirmativa a contratistas federales— y eliminó programas DEI en agencias y contratos (21 de enero).
• La Oficina de Gestión de Personal (OPM) instruyó a las agencias a ignorar cláusulas de teletrabajo en convenios sindicales al implementar la política de regreso total al trabajo presencial (3 de febrero).
• El Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación del acuerdo de negociación colectiva con los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), eliminando derechos sindicales para aproximadamente 47.000 trabajadores (7 de marzo).
• La Orden Ejecutiva «Additional Rescissions of Harmful Executive Orders and Actions» revocó la EO 14026 de Biden que establecía un salario mínimo de 17,75 dólares por hora para contratistas federales, afectando a aproximadamente 390.000 trabajadores. El salario mínimo aplicable volvió a 13,30 dólares e incluso a 7,25 dólares en algunos casos —una reducción potencial de entre el 25% y el 60% del ingreso anual— (14 de marzo).
• Trump firmó la Orden Ejecutiva 14251 excluyendo a cerca de 1 millón de trabajadores federales en más de 20 agencias de los derechos de negociación colectiva, invocando una cláusula de seguridad nacional. Las agencias afectadas suspendieron la deducción automática de cuotas sindicales, debilitando financieramente a los sindicatos (27 de marzo).

Resistencias

La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y diversos líderes sindicales respondieron con dureza a la orden ejecutiva de Trump que elimina los derechos de negociación colectiva para trabajadores federales (28 de marzo). Sin embargo, las resistencias en el área laboral fueron menores en número y alcance que en otras áreas, lo que refleja el debilitamiento estructural que las propias medidas del gobierno impusieron sobre los actores sindicales.

Panorama general

El conjunto de derechos abordados en este apartado presenta una particularidad dentro del período analizado: fue la única en la que ya la administración Biden registró retrocesos de relevancia, que luego fueron profundizados de manera drástica por la administración Trump. La política migratoria constituye el eje central de esta área, con medidas de un impacto humanitario de primer orden.

Gestión Biden (junio–enero 2025)

Restricciones al derecho de asilo

En junio de 2024, Biden promulgó una orden ejecutiva que habilitaba la aprehensión y expulsión de migrantes que ingresaran por la frontera sur, sin procesar sus solicitudes de asilo. En septiembre de 2024, esta medida fue ratificada y endurecida. Estas restricciones fueron caracterizadas por organizaciones de derechos humanos como el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) como «dañinas e ilegales» y fueron impugnadas judicialmente. En mayo de 2025, un Tribunal de Distrito federal anuló partes clave de estas medidas a instancia del Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas.

Avances en libertad religiosa

En paralelo, en diciembre de 2024 la administración Biden-Harris lanzó la primera Estrategia Nacional para contrarrestar la Islamofobia y la violencia hacia la comunidad árabe en Estados Unidos, incluyendo medidas contra la discriminación en el acceso a empleo y vivienda.

Gestión Trump (enero–junio 2025)

Política migratoria: una escalada de retrocesos

La política migratoria de la administración Trump en sus primeros seis meses constituyó el conjunto de medidas con mayor impacto humanitario directo del período analizado:

• Orden ejecutiva para habilitar Guantánamo Bay como centro de detención masivo para hasta 30.000 migrantes (29 de enero). El 4 de febrero, un primer grupo de venezolanos fue trasladado a Camp IV, previamente utilizado para detenidos de la «guerra contra el terror».
• Memorándum de ICE para la re-detención de personas con protección contra la deportación, con el objetivo de deportarlas a terceros países (2 de febrero).
• Invocación del Alien Enemies Act de 1798 para deportar a más de 200 venezolanos a la prisión CECOT en El Salvador sin debido proceso (14 de marzo) —primera vez que se utiliza esta ley desde la Segunda Guerra Mundial—.
• Terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de once países: Afganistán, Birmania, Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria y Venezuela. La Secretaria Kristi Noem ordenó la «auto-deportación» de los afectados (1 de mayo).
• Firma de acuerdos con El Salvador y Guatemala para aceptar vuelos de deportación de personas de otras nacionalidades a cambio de compensación económica (13 de abril).
• Nueva prohibición de entrada (travel ban) para nacionales de 19 países, con prohibición total para 12 de ellos y parcial para 7 (4 de junio). La medida representa una expansión del travel ban implementado durante el primer mandato de Trump.

El conjunto de estas medidas —que combina la instrumentalización de instalaciones militares para la detención migratoria, la aplicación de legislación de tiempos de guerra, la eliminación de protecciones históricas y el uso de terceros países como destinos de deportación forzada— configura un patrón de deterioro de derechos sin precedentes en la historia reciente de la política migratoria estadounidense.

Resistencias y defensas

• El Tribunal de Distrito de D.C. anuló en mayo de 2025 partes clave de las restricciones al asilo implementadas por Biden (9 de mayo). Esta decisión, impulsada por el Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas, también tiene alcance sobre las continuidades de esa política bajo Trump.
• El juez federal Brian Murphy en Boston emitió una orden limitando las deportaciones rápidas desde Guantánamo, exigiendo que los migrantes tuvieran oportunidad de expresar preocupaciones sobre la seguridad en los países de destino (30 de abril).
• Protestas masivas en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades contra las redadas de ICE y las políticas de deportación masiva (junio de 2025).