En ese momento se diseñó una estrategia criminal para usar toda la estructura y la capacidad del Estado (las fuerzas militares, los servicios de inteligencia, las policías, la gendarmería, la prefectura, muchos tribunales) contra grupos opositores del mismo país: organizaciones políticas armadas y también militantes de partidos, de organizaciones sociales, de sindicatos, de centros de estudiantes y de espacios religiosos.
Cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder por la fuerza el 24 de marzo de 1976, dijeron que iniciaban “la guerra contra la subversión” para pacificar el país, algo ya instalado desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón y que conectaba con la inquietud de una parte de la sociedad. Con ese argumento buscaron justificar el quiebre de la democracia, la suspensión de derechos y la aplicación de un plan sistemático de represión ilegal y clandestina para aniquilar toda disidencia. Ese fin político estaba acompañado de objetivos económicos que sólo serían posibles sin resistencia popular: una transformación drástica de la estructura productiva del país que favoreció al sector financiero, asumió un endeudamiento externo inagotable, atacó la industria nacional y generó una enorme desigualdad social: en esos años, la pobreza creció del 5 al 25%.
El concepto de “guerra” fue usado por los militares de la última dictadura argentina para decir que los crímenes cometidos fueron “errores y excesos” posibles en un conflicto bélico. Pero hasta en las guerras hay normas y obligaciones que las partes deben respetar.
El significado de las palabras no es inocente y varía según quién las diga. Llamar “guerra contra la subversión” a un sistema integral de aniquilación no fue un invento de los militares argentinos: lo tomaron del Ejército Francés, que algunos años antes había usado el mismo lenguaje al asesinar opositores. Hablar en términos de guerra también le sirvió a la dictadura y a sus aliados para presentar fusilamientos clandestinos como si fueran muertes en combate.
También una parte de la militancia de las organizaciones políticas entendía su lucha revolucionaria como una guerra contra un régimen que consideraban injusto, con influencias de la “guerra del pueblo” de Vietnam contra la invasión de Estados Unidos o la “guerra popular” de la Revolución China.
Una vez instalada la dictadura y hasta ahora, el concepto ha sido usado por aquellos militares y sus alianzas para decir que los crímenes cometidos fueron “errores y excesos” posibles en un conflicto bélico. Pero hasta en las guerras hay normas y obligaciones que las partes deben respetar. Lo que pasó en la Argentina fue un exterminio ejecutado desde el Estado: eso incluso en una guerra es ilegal.
