Enviaron una comunicación al Gobierno nacional en la que muestran su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal.
Decenas de organizaciones del colectivo migrante firmamos nuestra posición sobre el DNU 366/2025 que restringe derechos que la Constitución Nacional argentina reconoce a todos las personas que habitan nuestro país con datos falsos, prejuicios y desconocimiento.
Luego de una reforma que le dio más opacidad a las actividades de la SIDE, el gobierno pone en marcha un plan que apunta a la recolección de información sobre las personas que sean críticas con sus políticas. Eso está prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia. Es necesario un control del Congreso y del Poder Judicial.
Con los cambios en la ley será más difícil obtener la ciudadanía, acceder a la salud y a la educación superior, entre otros derechos protegidos por la Constitución.
El acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo son derechos amparados por ley en nuestro país. Desde 2024 el Estado nacional recortó o directamente no compró los medicamentos y tratamientos para que las mujeres puedan tenerlos garantizados. Accionamos ante el Poder Judicial y ofrecemos un canal para consultas legales.
La desvinculación pondría en riesgo la continuidad de programas vitales para la salud pública y la articulación de políticas sanitarias regionales fundamentales para el país. Además, la decisión es inconstitucional ya que fue tomada por el Poder Ejecutivo sin la intervención del Legislativo.
Desde hace seis meses el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de una orden judicial. El juzgado de Pehuajó lo intimó a presentar un plan para continuar con las obras de acceso a servicios en barrios populares. Luego de dos intimaciones al ministro Caputo, el juez Heim multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana. La decisión de interrumpir las obras afecta a 334.000 familias.
