CAREF, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el MTE/UTEP y el CELS expusimos ante la CIDH sobre las reformas migratorias impulsadas por el gobierno argentino. Advertimos sobre las dificultades para la regularización, las restricciones para acceder a la salud -mujeres embarazadas sin atención, niñas, niños y adolescentes con atención discontinua- y una política de control migratorio estigmatizante.
Expusimos en el evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el impacto de los marcos normativos antiterroristas y de seguridad nacional en América Latina. Lo hicimos en diálogo con el informe del Relator Especial de la temática, Ben Saul.
Juan Tasselkraut está acusado de ser partícipe necesario de los secuestros en 1977 de Héctor Ratto y Diego Núñez, dos trabajadores y activistas sindicales de la planta de González Catán. Las audiencias comienzan el 22 de octubre.
Los traslados hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron en pleno fin de semana largo. Se hicieron sin notificación previa a familiares, defensores, jueces y organismos de control. Los gobiernos de CABA y de la Nación incumplieron los compromisos que habían asumido para que este proceso cuente con todas las garantías necesarias.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional crea una nueva arquitectura de “seguridad nacional” que concentra facultades administrativas, sancionatorias y de investigación en el Poder Ejecutivo. Analizamos sus problemas de constitucionalidad, legalidad y debido proceso, y los riesgos que supone para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) junto a más de 120 organizaciones de más de 61 países de todas las regiones, decenas de expertos jurídicos, defensores de derechos humanos de integrantes del Parlamento Europeo hacen un llamado urgente a la acción. Compartimos a continuación la declaración completa con todas las firmas.
El anuncio del cierre del neuropsiquiátrico, con entrega de casas para las personas que estaban internadas, marca el fin de un largo proceso del que participaron organizaciones sociales y de derechos humanos, trabajadores del hospital y personas internadas, para poder cumplir con la ley y dejar atrás el modelo de encierro.
