El gobierno presentó como una iniciativa sobre la soberanía de Malvinas un proyecto que en realidad rediseña áreas centrales del Estado. Crea un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades para definir qué asuntos constituyen amenazas, articulando bajo su órbita al instrumento militar y a la inteligencia estratégica. Esta amplitud puede llevar actividades políticas, opositoras o críticas al terreno de la “seguridad nacional”, sin intervención ni control de otros poderes del Estado.