En 2024 nos presentamos ante la OCDE, junto con otras organizaciones, por los impactos que la empresa genera en Sudamérica. Finalmente, el organismo hizo una propuesta que no contempla las afectaciones concretas que los agrotóxicos generan a las comunidades. Rechazamos la mediación en términos abstractos.
La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional. Comunicado conjunto.
A los 95 años murió Taty Almeida. Desde la desaparición de su hijo Alejandro, transformó el dolor en acción colectiva y dedicó su vida a contagiar convicción, la memoria de los 30 mil, acompañar a las nuevas generaciones y sostener la lucha por los derechos humanos.
Integrantes del servicio penitenciario golpearon, tiraron gas y desnudaron a cuatro mujeres, dos de ellas fueron sometidas sexualmente. Ocurrió en el penal de Magdalena.
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
Comunicado conjunto firmado por más de 190 organizaciones. Advertimos que el proyecto es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades. Amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país.
Es una herramienta de investigación pero también, con preocupante frecuencia, de espionaje ilegal. Eso la convierte en una amenaza para la privacidad y los derechos humanos. Con Vía Libre, O.D.I.A. y Democracia en red presentamos los siete principales factores de riesgo que identificamos en nuestro país. Buscamos alertar a tiempo para desarrollar políticas de control que prevengan que la Argentina se sume a la lista de los países que usan esta tecnología para la persecución política y la vulneración de derechos básicos. Incluye una guía para la prevención.
