La ocupación tradicional de los territorios fue reconocida por el propio Estado. A la derogación de las normas que protegían a las comunidades indígenas se suman obstáculos en el expediente judicial que las dejan sin herramientas para defender sus derechos: durante el último mes se les negó el acceso a la causa y llegaron al operativo sin conocer cómo se ejecutaría.
Columna publicada en la edición de agosto de Posdata, el boletín del CELS.
Junto a Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos que el juez Lara Correa ordene a la Secretaría de Inteligencia de Estado que permita el acceso a los archivos que tienen sobre el período 1976-1983.
Durante más de seis horas, cuatro fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación multitudinaria en la zona del Congreso de la Nación en rechazo al proyecto que se trataba en el recinto. El resto del país se movilizó sin tener que enfrentar la violencia policial. El gobierno nacional acusó a los detenidos por atentado contra el orden constitucional.
En una audiencia del 196° período de sesiones denunciamos el grave retroceso en derechos laborales, libertad sindical y acceso a la justicia. Las y los comisionados preguntaron al Estado por la falta de deliberación, de evaluación de impacto en derechos humanos y de justificación de las medidas adoptadas.
Las organizaciones de la sociedad civil presentamos información sobre el desmantelamiento de las políticas sanitarias. La CIDH preguntó al Estado por los efectos del ajuste sobre las personas mayores, las personas con discapacidad, niñas y niños y quienes viven con enfermedades crónicas.
Seis organizaciones de Brasil, Colombia, Argentina y EEUU vamos a pedirle a la Comisión que se rindan cuentas sobre cómo los usos de la tecnología pueden agravar desigualdades y aumentar la concentración política y económica en base a la recopilación de datos. La cita es el martes 4 de agosto a las 12.
