El desmantelamiento del programa comenzó hace más de dos años y no se reemplazó por una política más focalizada. En octubre de 2026, la resolución 1447/2026 confirmó los recortes en la distribución de medicamentos en las patologías que eran prioridades, como la hipertensión. Relevamos datos que configuran un mapa desigual del acceso a la salud.
Organizaciones de la sociedad civil le pedimos al Poder Judicial que declare el incumplimiento del Estado nacional en su obligación de proveer de insumos para la salud sexual y garantizar el acceso al aborto en todo el país, sin discriminación.
Junto con Amnistía Internacional, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y FOPEA, advertimos ante la CIDH y la ONU sobre expresiones de odio y discursos amenazantes del presidente a periodistas.
CAREF, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el MTE/UTEP y el CELS expusimos ante la CIDH sobre las reformas migratorias impulsadas por el gobierno argentino. Advertimos sobre las dificultades para la regularización, las restricciones para acceder a la salud -mujeres embarazadas sin atención, niñas, niños y adolescentes con atención discontinua- y una política de control migratorio estigmatizante.
Expusimos en el evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el impacto de los marcos normativos antiterroristas y de seguridad nacional en América Latina. Lo hicimos en diálogo con el informe del Relator Especial de la temática, Ben Saul.
Juan Tasselkraut está acusado de ser partícipe necesario de los secuestros en 1977 de Héctor Ratto y Diego Núñez, dos trabajadores y activistas sindicales de la planta de González Catán. Las audiencias comienzan el 22 de octubre.
Los traslados hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron en pleno fin de semana largo. Se hicieron sin notificación previa a familiares, defensores, jueces y organismos de control. Los gobiernos de CABA y de la Nación incumplieron los compromisos que habían asumido para que este proceso cuente con todas las garantías necesarias.
