Panorama general
El área de libertad de expresión en Argentina durante el período analizado está dominada por un patrón que no tiene equivalente en los otros países monitoreados por MIDA: la represión periódica y sistemática de movilizaciones de jubilados frente al Congreso de la Nación. Este patrón, que comenzó a instalarse desde los primeros meses del gobierno de Milei y se consolidó a lo largo de 2024 y 2025, combina el uso de la fuerza policial —gases lacrimógenos, balas de goma, palos— con la criminalización de los manifestantes y detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo, el período registra una resistencia civil de notable amplitud y diversidad.
La represión como política de Estado frente a la protesta
El 5 de junio de 2024, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que protestaban contra despidos y el cierre de sedes fueron desalojados y reprimidos. El 12 de junio, miles de personas que se manifestaban frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases fueron reprimidas con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes; 33 personas fueron detenidas arbitrariamente y el gobierno nacional las acusó de «terrorismo» e intento de impedir el funcionamiento legislativo —una criminalización que el CELS documentó y denunció formalmente. El 28 de agosto, jubilados y jubiladas que movilizaban contra el veto presidencial a la ley de actualización de haberes fueron reprimidos con gas pimienta por la Policía Federal.
A lo largo de 2025 este patrón se profundizó. El 29 de enero, el 5 de marzo y el 12 de marzo se registraron nuevos episodios de represión a las marchas de jubilados frente al Congreso. El episodio del 12 de marzo fue el más grave del período: más de 100 personas fueron detenidas, al menos 15 resultaron heridas y el fotoperiodista Pablo Grillo fue alcanzado por una bala de goma y sufrió heridas de gravedad que pusieron en riesgo su visión —un ataque directo al ejercicio del periodismo en el espacio público que MIDA registra como retroceso específico en la subvariable de libertad de prensa.
La regularidad de estos episodios los configura no como hechos aislados sino como una política deliberada de disuasión de la protesta mediante el uso de la fuerza. Esta sistematicidad es el rasgo más distintivo del caso argentino en esta área y representa un indicador de deterioro del derecho a la protesta como derecho democrático fundamental.
Resistencias: amplitud y diversidad de la movilización
Frente a este cuadro, la respuesta de la sociedad civil fue sostenida y crecientemente articulada. El 2 de octubre de 2024, movilizaciones en todo el país defendieron la universidad pública y reclamaron mejoras salariales para los docentes de educación superior. En octubre, estudiantes de distintas universidades tomaron sus facultades en repudio al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. El 1 de febrero de 2025, una marcha antifascista antirracista LGTBIQ+ de alcance federal —con réplicas en más de 130 ciudades del país y 15 ciudades del mundo— respondió a los dichos estigmatizantes y homofóbicos de Milei en el Foro de Davos.
El 10 de abril de 2025, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó el tercer paro general al gobierno de Milei —los anteriores habían sido el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024— con alto acatamiento en todo el país. El 4 de junio de 2025, la marcha por los diez años del Ni Una Menos confluyó con la movilización de jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan bajo el lema «Unir las luchas es la tarea», buscando expresar la articulación entre distintas demandas en un espacio común de resistencia.
La persistencia y la escala de estas movilizaciones —que en varios casos superaron ampliamente los límites de CABA e involucraron a sectores de la sociedad muy diversos— constituyen un indicador relevante de resiliencia democrática en el caso argentino.