Panorama general
En el campo de derechos sexuales y reproductivos registramos el mayor número de retrocesos dentro de los distintos derechos monitoreados en este período, con una característica singular: varios de los deterioros más profundos no son producto de grandes reformas normativas visibles sino del desmantelamiento silencioso de políticas públicas, del desfinanciamiento de programas y del vaciamiento institucional. Esta modalidad de retroceso —que avanza sin gran publicidad y sin un acto legislativo formal que lo haga más fácilmente impugnable— es particularmente dañina y difícil de revertir.
El desmantelamiento de las políticas de cuidado
El informe «La cocina de los cuidados», elaborado por el CELS con cortes trimestrales, ofrece el seguimiento más sistemático de este proceso. En octubre de 2024 —al cumplirse diez meses de gestión— el relevamiento de 49 políticas de cuidado mostraba que 24 habían sido derogadas o discontinuadas y 18 estaban en riesgo o sub-ejecutadas: sólo 7 permanecían vigentes. En marzo de 2025 el panorama era aún más complejo: de 50 políticas relevadas, sólo 5 seguían en pie —el 90% había sido recortado, desmantelado, derogado o estaba en riesgo. El informe de junio de 2025 —a dieciocho meses de gestión— constataba que apenas 4 de las 50 políticas relevadas (el 8%) permanecían vigentes, y que 2.866.000 personas habían perdido al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias. La velocidad y la profundidad de este desmantelamiento no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas sociales argentinas.
Salud sexual y reproductiva: desfinanciamiento y retiro del Estado
En abril de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el “rediseño” del plan ENIA de prevención de embarazo adolescente, lo que incluyó la finalización del contrato de 619 personas, es decir, casi el 80% del total del equipo de trabajo. Un año más tarde, datos oficiales confirmaron que la distribución de preservativos y anticonceptivos había caído un 64% durante el gobierno de Milei respecto del período anterior. Este desfinanciamiento afectó también la compra de insumos para garantizar el acceso al aborto legal, tests rápidos para diagnóstico del VIH, reactivos para medir la carga viral y materiales de prevención. La combinación de estas medidas —el desfinanciamiento de los dispositivos de acceso al aborto legal y de acceso a la salud para personas con HIV, la caída en la distribución de métodos anticonceptivos y la disolución de un equipo trabajando a nivel federal en la prevención de embarazo adolescente— configura un retroceso de primer orden en el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Posicionamientos internacionales regresivos
En noviembre de 2024, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. Este posicionamiento —registrado por MIDA como amenaza, dado que no modifica el marco normativo interno pero constituye una señal política relevanta— se encuadra en la estrategia del gobierno de Milei de utilizar los foros multilaterales para proyectar internacionalmente su agenda conservadora en materia de género. En enero de 2025, en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei atacó en su discurso a la comunidad homosexual y a la «ideología de género», una declaración que el propio mandatario formuló en representación del Estado argentino ante una audiencia global.