Panorama general
El área de derechos laborales registra en España el mayor número de avances del período. El gobierno de Sánchez —con el Ministerio de Trabajo a cargo de Yolanda Díaz y Sumar como socio de coalición— desplegó en el período una agenda de reformas laborales de considerable alcance: reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo, jubilación anticipada en empleos considerados penosos y protección laboral de personas con discapacidad.
Reducción de la jornada laboral y salario mínimo
En diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadorxs (UGT) para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, beneficiando a más de 12 millones de trabajadores. El acuerdo incluye la obligatoriedad del registro horario digital y el refuerzo del derecho a la desconexión digital. En mayo de 2025, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley para formalizar esta reducción en el ordenamiento jurídico, con registro de jornada y derecho a la desconexión como pilares. En febrero de 2025, el Real Decreto 87/2025 fijó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.184 euros mensuales —16.576 euros anuales—, un incremento del 4,4% respecto a 2024. Desde el inicio del gobierno de Sánchez, el SMI ha acumulado un aumento superior al 60%, partiendo de los 735,9 euros mensuales de 2018.
Jubilación anticipada y protección por discapacidad
En mayo de 2025, el Real Decreto 1192/2024 implementó la reforma de la jubilación anticipada para empleos penosos —aquellos con alta exposición a riesgo o toxicidad—, reduciendo la edad de acceso a la jubilación en esos sectores. En mayo de 2025, la Ley 2/2025 armonizó la legislación española con las directrices europeas en materia de discapacidad, eliminando el despido automático por incapacidad permanente —una medida de inclusión laboral relevante que protege a los trabajadores con discapacidad frente al despido.
La agenda laboral española del período contrasta radicalmente con la de Argentina y Estados Unidos, donde las administraciones de ultraderecha desmantelaron activamente los mecanismos de protección laboral. La reducción de la jornada sin reducción salarial avanzó en España como resultado de la negociación colectiva con los sindicatos mayoritarios.