Panorama general
El área de derechos sexuales y reproductivos presenta en España un saldo positivo en términos de medidas del ejecutivo y decisiones del Tribunal Constitucional, contrastado con déficits de implementación que afectan el ejercicio efectivo de esos derechos en buena parte del territorio. El gobierno de Sánchez acumuló en el período avances en derechos LGBTIQ+, en la protección contra la violencia de género y en el blindaje del derecho al aborto. Al mismo tiempo, los incumplimientos normativos documentados por organizaciones de derechos humanos revelan que la agenda progresista del ejecutivo central encuentra resistencias en la administración autonómica y en las instituciones de salud.
Derecho al aborto y derechos LGBTIQ+
En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y Vox contra la reforma de la Ley del Aborto de 2023, asegurando el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin permiso paterno y eliminando el período de reflexión obligatorio. Esta sentencia cerró una batalla jurídica de varios años y consolidó un marco normativo que la oposición de derecha buscaba revertir. En junio de 2024, el gobierno interpuso recursos de inconstitucionalidad contra las reformas de las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, cuestionando artículos que involucraban terapias de conversión, la patologización de menores trans y la exclusión de organizaciones LGBTI como partes interesadas en procedimientos penales o administrativos sancionadores. A su vez, en septiembre de 2024 entró en vigor el Real Decreto 1026/2024, que dictaminó que las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con protocolos contra la discriminación LGBTI.
Protección contra la violencia de género: avances normativos y brechas de implementación
En julio de 2024, España votó a favor de la resolución A/HRC/56/L.25/Rev.1 sobre eliminación de la discriminación contra mujeres y niñas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, el gobierno renovó el Pacto de Estado contra la violencia de género con mayor presupuesto para centros de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual. En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria —la violencia ejercida sobre hijos e hijas para dañar a la madre—, tipificándola como delito autónomo con penas de seis meses a tres años de cárcel.
Pero más allá del carácter progresivo de la letra de la ley, los pronunciamientos públicos y la adjudicación presupuestaria para sostener políticas públicas, el acceso efectivo a derechos en ocasiones se encontró obstaculizado. En diciembre de 2024, un informe de Amnistía señaló que solo cinco comunidades autónomas habían implementado el registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos —un mecanismo contemplado en la reforma de 2023 que, en ausencia de ese registro, permite que la objeción de conciencia no declarada obstaculice en la práctica el acceso al aborto en el sistema público. El dato contextual que acompaña este hallazgo —que la mayoría de los abortos en España se realizan en instituciones privadas— señala una falla estructural del sistema de salud público en la garantía efectiva de este derecho.