¿Qué Poder Judicial para qué democracia?
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
Finalizó el primer año de gestión liberal libertaria y el recorte en políticas de cuidado continúa: de 50 relevadas, sólo 5 se mantienen vigentes. En este nuevo monitoreo, analizamos las consecuencias concretas que genera el ajuste en el día a día.
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, planteamos que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.
Los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas -asesinados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre- declararán en una audiencia el lunes 3 de marzo. La relevancia de esta audiencia es que permitirá avanzar en los límites de las fuerzas de seguridad en protestas y reforzar las obligaciones estatales para proteger la protesta.