Cambiar
para destruir

Este capítulo fue elaborado por Andrés López Cabello y Ximena Tordini, integrantes del Equipo de Trabajo del CELS. Agradecemos los aportes de Diego Morales.

Fue necesario muy poco tiempo para saber cuáles serían las políticas públicas de comunicación del gobierno de Cambiemos, y qué orientación tendrían. A principios de diciembre de 2015, dos decretos comenzaron a desmontar la arquitectura jurídica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El objetivo de esa reforma era transformar el lugar del Estado en el sistema de medios: ya no se trataría de un papel regulatorio orientado a garantizar derechos sino a consolidar a los grandes actores económicos del mercado audiovisual. Aunque la LSCA no fue implementada de manera cabal, su existencia como norma brindaba un marco de derechos exigibles que el gobierno de Cambiemos consideraba obstáculos para un sistema de medios que coincidiera con su modelo de país.

1. La profesionalización como coartada

En sus primeras semanas, el gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicaciones que absorbió las competencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), autoridades de aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. Diez días después, otro decreto intervino ambos organismos. Un tercer decreto, también en diciembre, reemplazó esas autoridades, que tenían una conformación multisectorial –con representación de los actores privados, con y sin fines de lucro, y de las distintas fuerzas políticas–, por una única oficina dependiente del Poder Ejecutivo. Al informar estos cambios, el jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que “por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo” y “comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI”¹.

También en esos días, cambió la forma de administración de los medios de comunicación de gestión estatal. El 11 de diciembre el Decreto 12/2015 creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Sfmcp) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, como ente centralizador de los diversos actores del sistema estatal de medios de comunicación. El Decreto 237/2015 del 22 de diciembre puso bajo las órdenes del Sfmcp a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), la agencia de noticias Télam, el parque Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner y la gestión y los contenidos de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Al año siguiente, el Decreto 1222/2016 creó, también bajo la órbita del Sfmycp, Contenidos Públicos SE para gestionar las señales Encuentro, PakaPaka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, y administrar el Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).

La retórica de la “profesionalización de los medios públicos” y la crítica al “uso político” de los medios estatales durante la gestión precedente rodearon estas reformas. Sin embargo, lo que ocurrió durante los siguientes cuatro años fue un desmantelamiento, progresivo en algunos momentos y abrupto en otros, del sistema federal de medios públicos: restricción del presupuesto, reducción de la programación, despidos masivos de trabajadores, reducción o eliminación de las corresponsalías provinciales y, por lo tanto, del federalismo del sistema.

2. Medios públicos, pluralismo y diversidad

En un país como la Argentina, con una alta diversidad cultural y con un mercado infocomunicacional muy concentrado tanto desde el punto de vista económico como geográfico, las radios y televisoras públicas son vitales para garantizar un sistema de medios heterogéneo y plural, en el que tengan espacio las necesidades culturales e informativas de los distintos sectores sociales y no solo aquello que permite ganancias económicas o expresa las visiones e intereses de les propietaries de las empresas de medios de comunicación.

Así lo recordó la Corte Suprema de la Nación, al refrendar la constitucionalidad de la LSCA, cuando resaltó “la función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado” y que el rol de los medios públicos es “dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad”². En el mismo sentido, en 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución especial en materia de pluralismo y libertad de prensa en la que destacó “el importante papel que desempeñan los entes públicos de radiodifusión a la hora de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”³.

Para que las emisoras públicas cumplan este papel es necesario que el marco legal garantice un funcionamiento no gubernamentalizado y que reciban fondos públicos suficientes para sostener servicios de calidad. Los relatores especiales sobre libertad de expresión de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) y la Comisión Africana destacaron la importancia de los medios públicos, con especial énfasis en la obligación estatal de asegurar un financiamiento adecuado, suficiente y garantizado por periodos de varios años⁴.

En la Argentina, durante décadas, las emisoras de radio y televisión estatales no fueron prioritarias para las gestiones de gobierno. Este enfoque comenzó a revertirse durante los primeros años del siglo XXI, especialmente durante los dos últimos gobiernos del ciclo kirchnerista. En ese período se fundaron señales de gestión estatal, se potenció la función del Estado como emisor y, sobre todo, se desplegaron políticas públicas destinadas a construir audiencias para estos nuevos medios⁵. El reposicionamiento de Canal 7 y de Radio Nacional como medios atractivos para el público y la creación de Encuentro, PakaPaka, DeporTV, Incaa-TV, entre otros, son expresión de este enfoque.

Televisión pública

La política de contenidos para la televisión pública de los gobiernos kirchneristas continuó una arraigada tradición argentina: el carácter oficialista de los medios estatales. Pero, a diferencia de otras gestiones, desde ese enfoque construyó una audiencia que se sostuvo a lo largo de esa gestión. A pesar de su gubernamentalización, en esos años Canal 7 se reposicionó entre la oferta de canales de televisión abierta. Diversas medidas de reconversión tecnológica le permitieron ser el primer canal argentino en emitir en la TDT y ofrecer contenidos en HD casi de forma simultánea con los prestadores privados⁶.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo creó siete señales temáticas con otros enfoques: producciones culturales, científicas y artísticas de calidad, y el primer canal público destinado a las audiencias infantiles de América Latina con una propuesta de educación y entretenimiento no mercantilizada, que tuvo enorme aceptación.

En 2007, comenzó a operar Encuentro, gestionado por el Ministerio de Educación. Sobre su programación de contenido cultural y educativo se ha dicho que es un hito en la historia de la televisión estatal nacional: elevó los estándares de calidad, descentró la porteñización tradicional de las imágenes televisivas, integró productoras audiovisuales medianas y pequeñas y diversificó, de este modo, la generación de contenidos⁷ .Por esta pantalla, numerosas instituciones estatales y de la sociedad civil que producen conocimiento pudieron compartirlo con un público amplio y federal: universidades nacionales, organismos estatales ligados a la educación y la industria (como el INTI o el Instituto Balseiro) y organismos de derechos humanos⁸ .En 2010, se puso al aire PakaPaka con una programación destinada a niñes de entre 2 y 12 años, y se impulsó la celebración de “Festivales PakaPaka”, la instalación de parques temáticos, la puesta en escena de musicales y presentaciones teatrales⁹ .También en 2010, en diciembre, comenzó sus transmisiones Incaa-TV (actual Cine. ar), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con una programación de cine argentino imposible de encontrar en los canales comerciales. En 2012, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación puso al aire Tecnópolis TV, con contenidos científicos. Ese mismo año, el Ministerio de Educación, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Deportes, puso al aire DeporTV, en línea con la perspectiva de que los deportes son una manifestación cultural que debe resultar accesible¹⁰.

Otras propuestas audiovisuales se sumaron a este abanico: Acua Federal y Acua Mayor, la primera señal dirigida a les adultes mayores; Bacua, una base de contenidos audiovisuales disponible para todas las emisoras, compuesta por los materiales cedidos por productoras y los generados por planes de fomento; y Contenidos Digitales Abiertos (CDA, el actual Contar), una plataforma de video bajo demanda. Bacua y CDA se diseñaron como reservorios de los contenidos audiovisuales que se producían con planes de fomento concursables, que tuvieron un fuerte rasgo federal¹¹. También en 2010 se puso en marcha el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos: para fortalecer la producción federal de contenidos audiovisuales se construyeron nueve polos, en conjunto con universidad nacionales.

Este sistema de comunicación audiovisual pública incluyó la inversión en infraestructura, en particular para la implementación de la TDT, de acceso universal y gratuito a través de la entrega masiva de decodificadores. Esto fue muy significativo y marcó una diferencia más que relevante respecto de lo que ocurre en otros países, donde la TDT así como la televisión por cable y la satelital son pagas¹². Este énfasis en el acceso a dispositivos tecnológicos también caracterizó otras políticas de ese periodo, como el plan Conectar Igualdad, en el nivel nacional, y el plan S@ rmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Radio pública

Con la sanción de la LSCA en 2009 y la creación de RTA SE, la gestión de Radio Nacional (LRA1) y las 49 emisoras provinciales que la integran, inició una etapa marcada por el aumento de su presupuesto, que fue del 200% entre 2009 y 2014, y la modernización tecnológica de todo el sistema, que incluyó 40 transmisores de AM, 34 de FM y 35 antenas de trasmisión. El aumento de presupuesto y la renovación tecnológica fueron acompañados por el crecimiento de las audiencias. En 2009, LRA1 ocupaba el sexto lugar de encendido en la CABA (2,1%); en 2015, estaba en el cuarto puesto de las AM más escuchadas, con un 8,3%. También se impulsó su federalización, de forma que las emisoras provinciales tuvieran, cada vez más, una programación propia y no dependieran de la de Radio Nacional¹³.

Desde la creación del Servicio Oficial de Radiodifusión y el Servicio Internacional de Radiodifusión en 1953, esta radio atravesó distintos modelos de gestión e integración con los demás medios y emisoras públicas, siempre, al igual que la televisión pública, con una marcada línea editorial oficialista. Sin perjuicio de la falta de pluralismo político en materia periodística, la programación de LRA1 incluyó una serie de temas que otras radios comerciales no abordaban. Programas que hacían lugar a los derechos de los pueblos indígenas, de análisis internacional latinoamericano, feministas, con contenidos producidos por la radio del Hospital Moyano y con un servicio informativo federal alimentado por las 49 emisoras provinciales, entre otras propuestas, hicieron que AM 870 fuera una opción con una amplia diversidad temática que la diferenció de las radios privadas al dar voz a grupos que no encuentran expresión en el ámbito comercial¹⁴.

Noticias públicas

Durante los gobiernos kirchneristas, la agencia pública de noticias Télam casi duplicó su plantel de trabajadores con respecto a 2003, expandió sus actividades y los formatos de la producción periodística. A las corresponsalías en todas las provincias, la agencia sumó un servicio audiovisual y de radio y un portal digital con información en tiempo real. Esto impactó en la llegada al público general y en el aumento de los clientes “mayoristas” de noticias: llegó a 2800 abonados en 2014¹⁵.

3. Desmantelar lo público

La historia de los medios públicos argentinos está signada por los cambios de gobierno, ya que nunca se construyó una gestión no gubernamentalizada del sistema. Así, las emisoras cambiaron varias veces de estatuto legal, sus autoridades van y vienen con las elecciones y dependen de distintas áreas de gobierno según el período político. Desde su creación, se han manejado “en un marco de inestabilidad e imprevisibilidad que las puso en continuo estado de refundación”¹⁶.

En 2015, el gobierno de Cambiemos inició otro proceso de refundación enmarcado por su propósito declarado de poner fin a la militancia política y “profesionalizar” los servicios. En el informe “El estado del Estado”, el gobierno sostuvo que durante el kirchnerismo se había montado “una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política”, que las actividades de la Televisión Pública y Radio Nacional se caracterizaban por “la falta de profesionalismo y un ambiente donde se premiaba la propaganda gubernamental”¹⁷. Con la propuesta de sanear la “pesada herencia”, el gobierno decidió reformar el sistema de medios públicos que recibió. Sin embargo, este proceso terminó con un sistema degradado, desfinanciado y que no rompió la tradición de servir como promotor del discurso oficial¹⁸.

Televisión pública

Desde fines de 2015, el Poder Ejecutivo achicó la programación y el alcance de la Televisión Pública Argentina y sacó del aire a buena parte de les periodistas y columnistas del canal por considerarles muy cercanes al gobierno anterior. La gestión, también gubernamental, redujo los espacios de noticias a la mitad, de 30 horas semanales a 15, y en enero de 2018 suspendió los contenidos de noticias durante los fines de semana, de manera tal que cualquier evento que ocurra sábado o domingo no tiene cobertura del canal estatal¹⁹.

Junto con las medidas de restricción presupuestaria y reducción de contenidos, desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Sfmcp) se propagó una campaña de estigmatización de les trabajadores de los medios públicos y un avance sobre sus derechos laborales. El secretario de la entidad, Hernán Lombardi, dijo en 2016 que les trabajadores de la TV Pública eran “escandalosamente militantes de una voz única, sin ninguna pluralidad” y con respecto a Radio Nacional afirmó que el gobierno no quería “una radio para una pequeña secta de fanáticos”²⁰.

Los cambios en la línea editorial, el cierre de programas y la reprivatización de la transmisión del fútbol profesional fueron el marco en el que ocurrió una baja importante de la audiencia del canal. Aunque en 2016 la TV Pública transmitió eventos de interés, como la Copa América y los Juegos Olímpicos, el canal tuvo una caída del 40% de su audiencia (de un 2,8 a un 1,6% de un año a otro). En 2017 la audiencia volvió a bajar: alcanzó apenas un 1,3%, que mantuvo en 2018 por el Mundial de Fútbol. El camino elegido recondujo a la TV Pública a su tradicional papel relegado. El investigador Martín Becerra apunta que, si durante el kirchnerismo los medios de gestión estatal carecían de pluralidad política, en la actualidad fueron convertidos en intrascendentes²¹. En el mismo sentido, la investigadora Andrea Mallimaci señaló con precisión que la TV Pública se convirtió en “una emisora con la que casi nadie se indigna, pero que no ve casi nadie”²². Los medios gestionados por el Estado no deben evaluarse solo en función del tamaño de su audiencia, pero el retroceso de los últimos años pone de manifiesto una pérdida de interés de los públicos luego de un período en que se había demostrado que una propuesta federal y no comercial podía tener un lugar relevante en el sistema de medios.

Durante 2016 y 2017, se sucedieron despidos y programas de retiro voluntario en Encuentro, PakaPaka y DeporTV que expulsaron al 60% de sus trabajadores²³. La reducción del presupuesto y del personal achicó, previsiblemente, la generación de contenidos. En ese período, por ejemplo, la producción del canal infantil cayó un 68.²⁴% En enero de 2017, el gobierno nacional decidió quitar del sistema digital terrestre las señales Acua Federal y Acua Mayor, que dejaron de producir y transmitir contenidos²⁵.

En octubre de 2018, Cablevisión, el principal cableoperador del país, decidió eliminar la señal PakaPaka de su abono básico y ofrecerlo solo en los paquetes especiales, mientras en el paquete básico mantiene la oferta de cinco canales infantiles que pertenecen a cadenas internacionales.

El Estado nacional también se retiró de su rol de financiador y emisor de producciones de ficción en el que se había destacado durante los últimos años de la gestión anterior. De las 66 ficciones nacionales proyectadas por la TV Pública entre 2002 y 2015, el 70% se produjo entre 2011 y 2015. En este período, además, la señal estatal superó ampliamente en este rubro a los canales de aire privados de la ciudad de Buenos Aires²⁶. Si bien la mayoría de las ficciones fueron producidas en la CABA, se incluyeron programas de Mendoza, Misiones, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz²⁷. Estos contenidos fueron resultado del Plan Operativo de Fomento de la Televisión Digital y sus 43 llamados a concurso, por los que entre 2011 y 2015 se realizaron 3000 horas de contenido audiovisual que se alojó en el Bacua. Entre 2016 y 2017 se realizaron apenas tres concursos y se guardaron 24 horas de contenido disponibles en el banco audiovisual²⁸. En diciembre de 2017, el gobierno cerró el Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales (Ciara), que funcionaba como centro de producción de contenidos para la TDA. Despidió a 180 personas.29

En 2016, en su misión de arrasar con los medios públicos por considerarlos agentes de propaganda política, el gobierno decidió también terminar con la participación de la Argentina en el canal interestatal Telesur –del que tenía el 16% de las acciones– y lo quitó de la grilla de canales de la TDA³⁰. En marzo del mismo año, Cablevisión, del Grupo Clarín, también eliminó Telesur de su grilla en el paquete básico³¹. La decisión fue seguida luego por Telecentro pero después de la intervención de la Defensoría del Público, lo restituyó³².

Radio pública

En Radio Nacional, el cambio de gobierno implicó la renovación de las grillas de programación y el reemplazo de periodistas identificades con la gestión anterior. Al igual que en Canal 7, la audiencia cayó estrepitosamente: a fines de 2017 había alcanzado apenas un punto³³. También la entonces popular FM Nacional Rock sufrió un agudo recorte presupuestario: mientras en 2015 disponía de 950 000 pesos, en 2016 bajó a 470 000 pesos³⁴.

Los despidos, retiros voluntarios³⁵ y restricciones presupuestarias hicieron que una gran cantidad de las 49 emisoras que integran la red de Radio Nacional diera de baja contenidos y programas propios. Así, pasaron a retransmitir la programación de la emisora de cabecera, AM 870 de Buenos Aires, en detrimento del federalismo y la diversidad. En 2016, el gobierno propuso una AM 870 federal, pero tres años después la programación de Radio Nacional sigue centralizada en Buenos Aires. El deterioro de Radio Nacional llevó a que la directora designada por Cambiemos renunciara en diciembre de 2018, luego del anuncio del secretario de Medios Públicos de que no habría una recomposición salarial para les trabajadores de la emisora³⁶.

Noticias públicas

La agencia de noticias Télam fue especialmente golpeada por las políticas de ajuste y reducción de lo público. En pos de una supuesta necesidad de reestructuración de la empresa, la dirección del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos despidió a 354 trabajadores, el 40% de su planta. Llamados a dar explicaciones, el director de la agencia y el secretario Lombardi explicaron que Télam se había transformado en un lugar de militancia y que, por eso, les despedides tenían “un perfil muy ideológico”³⁷. Efectivamente, dos tercios de elles estaban afiliades a los dos sindicatos principales que confrontaron a la actual administración por el proceso de ajuste en los medios públicos.

En los despidos de Télam no solo se juegan los derechos de les trabajadores. Después del ajuste, la agencia de noticias pública es más centralizada, menos plural y con menos generación de contenidos federales. Esto se debe, sobre todo, a que el gobierno despidió a 44 de los 75 corresponsales que trabajaban en las provincias. Trece corresponsalías quedaron integradas por una sola persona y cinco provincias quedaron sin representantes de Télam. Esta desfederalización afectó más al norte del país: Catamarca, Chaco, Misiones y Formosa ya no tienen corresponsales que informen sobre lo que allí ocurre al resto del país, en tanto Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán son cubiertas por una sola persona.

El despliegue federal de Télam era uno de sus mayores activos, material y simbólico, ya que permitía un flujo de noticias locales amplio y diverso que circulaba a través de los medios masivos que se alimentan de la información producida por la agencia. Esto permitía contrarrestar las tendencias de centralización y homogeneización de la información y producción de contenidos en los grandes centros urbanos, un problema importante en materia de derecho a la información³⁸.

Luego de los despidos en la agencia, sindicatos y movimientos sociales realizaron amplias movilizaciones y muches trabajadores se mantuvieron en las oficinas de Télam, para seguir produciendo información. Desde la Comisión Gremial Interna se puso en marcha una “agencia de los trabajadores”, Somos Télam. Mediante sus redes sociales y sitio web, funcionó como un medio de comunicación que, por ejemplo, tuvo la primicia sobre la contratación de tecnología de vigilancia a Israel por parte del Ministerio de Defensa. También operó como difusor de información de primera mano sobre el proceso de desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema de medios públicos, y las medidas sociales y judiciales para revertir los despidos en la agencia.

En junio de 2019, la Cámara Nacional del Trabajo confirmó, en varias causas judiciales, las medidas cautelares que distintes jueces de primera instancia habían dictado en protección de les trabajadores despedides. De este modo, una gran cantidad de despidos fue suspendida por el Poder Judicial hasta tanto se decida si son nulos, porque la agencia no realizó un procedimiento preventivo de crisis antes de las desvinculaciones. El Estado nacional apeló y la Corte deberá resolver.

4. Menos para todes, más para poques

Mientras los medios de gestión estatal retrocedieron como consecuencia de la asfixia presupuestaria, algunos medios de comunicación audiovisual de gestión privada con fines de lucro consolidaron una posición dominante de niveles inéditos, gracias a las nuevas regulaciones decretadas por el Poder Ejecutivo. Los actores sin fines de lucro o comunitarios fueron, en general, olvidados por la administración nacional, a excepción de algunas decisiones relevantes tomadas a fines del primer semestre de 2019.

Desde diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo impuso una política agresiva de fomento de la concentración a través de una vigorosa actividad administrativa. Primero, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/2015 modificó los límites a la concentración previstos en la LSCA y permitió mayor acumulación de licencias de servicios de comunicación audiovisual. Más adelante, el Decreto 1340/2016 habilitó el cruce de mercados, al permitirles a las empresas de telefonía celular proveer servicios de televisión paga. Por último, el gobierno aprobó la mayor fusión del mercado de la información y las comunicaciones de Latinoamérica: la de Cablevisión, del Grupo Clarín, y Telecom, mediante las resoluciones 5644/2017 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y 374/2018 del secretario de Comercio.

Además de ampliar los límites a la concentración que había definido el Congreso nacional, el DNU 267/2015 también creó una nueva autoridad de aplicación: el Enacom. Este ente, en contra de todas las promesas de despartidización del sistema de medios públicos que hicieron una y otra vez les funcionaries del gobierno nacional, tiene una conformación que no brinda la menor garantía de independencia. Esta circunstancia se refleja en su actividad regulatoria y de control, altamente gubernamentalizada.

En abril de 2016, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la delegación del Estado argentino –que incluyó a dos ex relatores especiales de libertad de expresión de la CIDH– aseguró que las medidas adoptadas por el DNU 267/2015 eran necesarias, pero de carácter “provisional” y que se encontraba en proceso de elaboración un nuevo proyecto de ley de “comunicaciones convergentes”.

Sin embargo, casi cuatro años después se verifica que el DNU 267/2015 fue una regulación permanente. También se convirtió en permanente la política de organizar el sistema de medios con decretos y decisiones administrativas, siempre en beneficio de los actores privados. La ley nunca se sancionó.

Miguel de Godoy, presidente del Enacom entre 2016 y 2018, explicó que “en la Argentina no hay concentración de medios sino medios más fuertes que otros por calidad y cantidad”³⁹. Silvana Giudici, quien lo sucedió en el cargo, descartó que la concentración fuera un problema en la Argentina actual, en tanto “la discusión de los monopolios es de los años 50”⁴⁰. Uno de los integrantes de la comisión que debía presentar una propuesta para un nuevo marco regulatorio afirmó que sostener que en el mercado de las conexiones a internet existe concentración “no se condice con la realidad y exuda un apego dogmático a posturas ideológicas que están siendo devoradas por el desarrollo tecnológico”⁴¹. Todos estos discursos se propusieron legitimar políticas que favorecieron la concentración económica del sistema de medios a través de negar lo obvio: la existencia de actores que tienen el poder de fijar las reglas de juego y poner en peligro la sostenibilidad de los más débiles y, por lo tanto, de amenazar la diversidad y el pluralismo.

Mientras los actores comerciales se favorecen de la actividad regulatoria del Estado nacional, los medios de comunicación sin fines de lucro quedaron en una posición de precariedad y discriminación. El Poder Ejecutivo fue especialmente negligente y, en más de un caso, discriminatorio a la hora de asegurar las condiciones para que los medios sin fines de lucro, comunitarios y de los pueblos originarios se pudieran desarrollar de modo adecuado. Las obligaciones establecidas en artículos aún vigentes de la LSCA fueron incumplidas de manera recurrente. Sin justificación se demoraron las ejecuciones anuales de los fondos de fomento de los medios de comunicación sin fines de lucro, comunitarios o de pueblos indígenas. Pese a ser adjudicatarios de licencias, los canales de televisión comunitarios –Barricada TV y Pares TV– y el canal de televisión indígena Wall Kintun TV enfrentan constantes obstáculos, como la negativa de los actores dominantes del mercado del cable a incluirlos en la grilla de señales que ofrecen, decisión avalada por la autoridad regulatoria. Esto es posible porque el DNU 267/2015 excluyó a los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción de las disposiciones de la LSCA y así los descargó de diversas obligaciones, como las de transporte o must carry de los arts. 65 y 67 de la LSCA; esta disposición no fue “transitoria”, sino que se transformó en un obstáculo concreto para la diversidad audiovisual. En julio de 2019, el Enacom tomó una decisión largamente postergada por todas las gestiones de la autoridad de aplicación de la LSCA y otorgó licencias a un conjunto de emisoras de baja potencia de zonas urbanas, entre ellas, a algunas radios comunitarias que arrastraban una precariedad de décadas, mientras numerosos actores privados comerciales de distinto signo político se consolidaron. Este rearmado del sistema de medios audiovisuales, que se llevó adelante bajo la invocación de una suerte de saneamiento ideológico, implicó también degradar los mecanismos de participación y control: se desarmaron las autoridades de aplicación de las leyes con representaciones sectoriales, el prometido proceso de elaboración de un nuevo proyecto de ley no se tradujo ni en un proceso de participación ni en un proyecto de ley, y la Defensoría del Público, organismo previsto por la LSCA para garantizar los derechos de las audiencias, fue intervenida cuando criticó las políticas de concentración en curso.

Los recortes en los medios públicos deterioraron de manera progresiva y constante el ejercicio del derecho a la información y afectan negativamente la construcción de una agenda pública democrática, diversa y plural, en la medida en que numerosos temas y actores sociales quedan excluidos, y por lo tanto, invisibilizados. En conjunto, las políticas públicas de comunicación generaron una sensible pérdida en la diversidad de expresiones culturales que tienen la posibilidad de circular por los medios de comunicación. La centralización de la producción de información y contenido cultural en las grandes ciudades lleva a un proceso de uniformación evidente.

La gestión de gobierno concluye sin que se haya presentado una propuesta de ley “de la convergencia”, con un sistema de medios públicos degradado, y con pérdida de puestos de trabajo y de contenidos periodísticos y culturales federales y diversos.

Mientras el sistema público perdió –presupuesto y audiencia–, los medios privados que ya tenían una posición dominante ganaron –mercado, valor de sus acciones, potenciales audiencias, negocios en expansión–. Este enfoque no fue una decisión aleatoria, ni transitoria ni improvisada. Por el contrario, respondió a una cosmovisión precisa: en este modelo el ecosistema audiovisual no es considerado un espacio para la deliberación democrática, para ejercer el derecho a informar, informarse, relacionarse con ideas y culturas, sino como una zona más del mercado en la que el Estado debe garantizar negocios privados y achicar lo común.