Movimientos

Este capítulo fue elaborado por Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Vanina Escales, Marcela Perelman y Anabella Schoenle, integrantes del Equipo de Trabajo del CELS. Esta reflexión colectiva fue construida a partir de diferentes entrevistas y conversaciones con Victorio Paulón, Elizabeth Jelin, Víctor Abramovich, Sofía Tiscornia, Paula Abal Medina, Maisa Bascuas, María Victoria Pita, Federico Orchani, Paula Litvachky, Diego Morales y Gastón Chillier.

Durante la última dictadura, la respuesta contra el terrorismo de Estado se organizó, sobre todo, en torno al activismo de les familiares de las víctimas, quienes formaron organismos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y de un núcleo de organizaciones de defensa de derechos con existencia previa, integradas por referentes de espacios políticos, sociales y religiosos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Estas ocho organizaciones¹ tuvieron un rol decisivo en la temprana impugnación jurídica y política del terrorismo de Estado en clave de derechos humanos. El desarrollo que ya tenían el concepto y los sistemas de protección de derechos humanos a nivel global le brindó a este movimiento incipiente un amparo supranacional para sostener una contienda desigual.

Hoy, hablar de “movimiento de derechos humanos” es tanto un intento por describir un actor heterogéneo de la vida pública argentina como un lugar de enunciación política. Con cierta objetividad empírica, es posible señalar un origen del movimiento, pero no precisar su alcance en el tiempo. Cualquier definición sobre sus fronteras, sobre los criterios de inclusión y exclusión que puedan esgrimirse, es situada y expresa posiciones políticas.

La lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado ocupó un lugar prioritario en la agenda del movimiento desde sus orígenes. Además, los organismos protagonizaron, integraron o acompañaron otras demandas de democratización, en un campo multisectorial de lucha por la ampliación de derechos. Para comprender estas articulaciones, hay que tener en cuenta de qué manera el paradigma de los derechos humanos fue construido y apropiado en clave latinoamericana, y argentina, así como las trayectorias de quienes integraron el movimiento desde sus inicios. Una diversidad de actores amalgamó la herencia del liberalismo clásico con la tradición de lucha popular sostenida en la Argentina por los partidos mayoritarios a lo largo del siglo XX. Esta hibridez permitió la inscripción del movimiento en un campo amplio de lucha por los derechos y la igualdad, con una mirada estructural. Un recorrido que ha estado cargado de tensiones.

Una de ellas, y que atraviesa la historia del movimiento, remite a la cuestión de cómo situarse respecto del poder político: si es prioritario mantener independencia de las posiciones partidarias; si, por el contrario, es estratégico inscribirse en algunas de ellas; o si lo central es priorizar los procesos de articulación social. Junto con esto se presentan tensiones derivadas de la forma radial en que el dispositivo de derechos humanos se sitúa respecto del Estado, tanto cuando denuncia sus atrocidades como cuando le reclama protección. Esta posición resulta contradictoria con la comprensión y las formas de construcción social de otros colectivos que comparten el horizonte de una sociedad justa e igualitaria. Las diferentes concepciones acerca de la viabilidad o no de que el Estado sea protector de derechos dentro del sistema capitalista actual se presentan también como tensión en la construcción de acciones conjuntas, por ejemplo, con algunos grupos u organizaciones autonomistas y de izquierda partidaria.

Un aspecto constitutivo del movimiento de derechos humanos es su articulación en torno a la figura de les familiares. Elles integraron los organismos junto a activistas que si bien no tenían parientes desaparecides se sumaron por trayectorias militantes y profesionales. Antes de la última dictadura habían existido otras organizaciones de familiares, entre ellas, las comisiones de familiares de detenides polítiques que reclamaron por el Devotazo, en 1973, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía². Ante la desaparición masiva de militantes durante la última dictadura militar, les familiares ocuparon un lugar central que, en ciertos casos, condicionó la convergencia del movimiento de derechos humanos con otras luchas³.

La consolidación del familiar como figura pública de diferentes activismos en la Argentina es distinta a cómo se moviliza este tipo de demandas en otros países. María Pita plantea que la denominación de “familiar” no aplica a todas las personas con parentesco cercano a una víctima de la represión estatal, sino que refiere a quienes se han organizado y se diferencian por “portar una autoridad legitimada en virtud de los lazos con el muerto –en gran medida sostenida en la positividad del dolor y en la obligación de duelar–”, que se diferencian de otros “allegados y activistas (militantes) cuya legitimidad proviene de otras fuentes”⁴. En democracia, este modo de representación y expresión pública de demandas de les familiares de víctimas de muertes violentas ha devenido un rasgo de la cultura social y política.

Estas diferentes tensiones no han impedido que existieran múltiples formas de convergencia, intercambios y trayectorias cruzadas. Este capítulo procura reflexionar sobre esas experiencias para comprender la actualidad y la expansión de las luchas por los derechos humanos en democracia.

La diversidad de estrategias y articulaciones que desplegó el movimiento de derechos humanos en la Argentina está originalmente asociada a las trayectorias de les familiares, así como a la multiplicidad de actores que se fueron vinculando. Dichas trayectorias suponían saberes y experiencias de campos específicos que signaron alianzas, estrategias y lenguajes. El tejido incluyó cada vez a más personas y organizaciones con conocimientos y prácticas relacionadas con la militancia, la representación sindical, el litigio, la atención en salud mental, la genética, la antropología forense, la antropología política y jurídica, las ciencias sociales, la física, la dramaturgia, la literatura, las artes plásticas, la comunicación, y el cine, por mencionar solo a algunes que no fueron aliades externos sino parte constitutiva del movimiento.

Gran parte de estas estrategias se probaron efectivas en la lucha contra la impunidad y la construcción de la memoria: la movilización en el espacio público, la documentación y la sistematización de información, la creación de archivos propios, la atención clínica y el acompañamiento psicojurídico, el litigio nacional e internacional, la diversificación de iniciativas sociales y estatales de construcción de memoria, las campañas de comunicación y la articulación con los campos científico y artístico. Muchas constituyen una suerte de repertorio de herramientas y estrategias que ha sido retomado en otras luchas sociales.

1. La lucha por los derechos como un campo ampliado

¿Cómo se conforma hoy el campo de las luchas por los derechos en nuestro país? No nos preguntamos aquí solo por el movimiento de derechos humanos. Nos interesa pensar el territorio más amplio de las acciones colectivas que los organismos integran con otros grupos, actores y sectores: ¿cómo pensar, entonces, esos espacios de convergencia en los que se coaligan fuerzas y las dinámicas de acumulación social y política?, ¿cuáles fueron las conversaciones y estrategias comunes?

Los organismos de derechos humanos protagonizaron movilizaciones clave contra la dictadura. Para impedir una retirada negociada a cambio de impunidad, el movimiento estableció articulaciones con sindicatos y partidos que se expresaron en grandes marchas conjuntas en un contexto de creciente movilización en 1982 y 1983.

Tras las elecciones de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín, quien había sido vicepresidente de la APDH, se orientó a dar respuesta a las violaciones a los derechos humanos. Las alianzas comenzaron a tensarse tanto dentro como fuera del movimiento. La creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y la propuesta de enjuiciamiento a las cúpulas militares por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas bajo un esquema escalonado de responsabilidades fueron dos decisiones cargadas de controversias, que se distanciaban de la demanda mayoritaria de los organismos, en especial aquellos de familiares, que solicitaban la creación de una Comisión Bicameral de investigación en el Congreso nacional y el juicio y castigo a todos los culpables.

Aún con pujas, aquellas iniciativas oficiales y el hecho de que la Cámara Federal se abocara a juzgar a las Juntas tuvieron efectos trascendentes y multiplicadores: la causa de los derechos humanos fue asumida por primera vez tanto por el Estado como por sectores crecientes de la sociedad, y ya no solo por los organismos que la impulsaron en los años más oscuros. Según Emilio Mignone, primer presidente del CELS:

Diez años después, un hito que implicó que muchos otros colectivos utilizaran el marco de los derechos humanos como estrategia fue la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales, producto de la reforma constitucional de 1994. Esto permitió ampliar la aplicación de las herramientas del derecho internacional de los derechos humanos a otros problemas. La reforma otorgó preferencia a ciertos reclamos, como los derechos a la protección del ambiente, de usuaries y consumidores, y habilitó reclamos colectivos. El paradigma y los instrumentos de derechos humanos quedaron más cerca de una multiplicidad de luchas como las de comunidades indígenas y campesinas, migrantes, usuaries de sistemas de salud, que desplegaron redes de organizaciones y cruces con el movimiento de derechos humanos.

El compromiso estatal con la agenda de derechos humanos volvió a generar efectos multiplicadores en diversos espacios entre 2003 y 2015. Diferentes instituciones y organizaciones se volcaron a la temática. Los tres poderes del Estado se involucraron en acciones que consolidaron el campo y ofrecieron oportunidades para la convergencia. El movimiento sindical, por ejemplo, conformó una Intersindical de Derechos Humanos, con pluralidad de representación de las distintas fracciones del movimiento obrero,⁶.

2. Un campo multisectorial en torno a la violencia policial y la seguridad democrática

El rechazo a la violencia policial, su denuncia y el intento de transformar las condiciones que la posibilitan es un campo diverso de trabajo social, político e institucional.

Al finalizar la dictadura, no resultó sencilla la inscripción de las muertes provocadas ya en democracia por las fuerzas de seguridad en el campo de los derechos humanos. Para algunes familiares, la condición de víctima de les detenides-desaparecides no debía mezclarse con la de los jóvenes acusados de cometer delitos: resultaba controvertido incorporar formas de violencia estatal cuyas víctimas no fueran militantes.

En el CELS, Alicia Oliveira, abogada y exjueza de menores, vinculada con grupos de base de la Iglesia católica en barrios y villas, recibió los primeros casos que llegaron a la organización. Mignone apoyó su propuesta de que se abriera un espacio específico para este tipo de hechos: “Muertos en enfrentamientos, detenidos en razias perseguidos reiteradamente por averiguación de antecedentes o edictos”⁷. A mediados de la década del ochenta, el CELS comenzó a tramitar las primeras causas por la ejecución policial de pibes pobres en el Conurbano. Como explica Sofía Tiscornia, primera directora del Programa de Violencia Policial, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del CELS:

Esta línea de trabajo implicó el tejido de alianzas entre las organizaciones de derechos humanos y los espacios estudiantiles y villeros para conseguir y sistematizar información. A esta etapa corresponde también la articulación de, por ejemplo, el Serpaj y el CELS con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Asociación de Travestis Argentinas (ATA) y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), representantes de colectivos que eran el blanco principal de las detenciones arbitrarias.

Tiscornia señala que la muerte de Walter Bulacio –en abril de 1991, luego de su detención en una razia policial habitual en esa época– marcó este tipo de activismo y su inscripción en el campo de los derechos humanos. Amigues, periodistas y profesores condujeron al encuentro de la madre y del padre de Walter con abogades que llevaban casos de represión policial. Se movilizaron espacios estudiantiles, docentes, periodistas, legisladores y organismos de derechos humanos: “Un movimiento social se ha convertido en un nuevo y activo actor político. […] Su consigna es: ‘Lo sabía, lo sabía, a Bulacio lo mató la policía’”⁹. Pocos días después, les representantes legales de la familia se presentaron públicamente como Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional). Desde entonces desarrolla una intensa labor vinculada a la denuncia, el litigio y la movilización en estrecha relación con la Liga Argentina por los Derechos Humanos, creada en 1937 por el Partido Comunista.

Con una inspiración similar, surgió durante los años noventa el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que intervino en la defensa legal de un grupo de activistas de izquierda detenidos en La Plata durante el paro nacional del 14 de agosto de 1997. Años después, también asumió el litigio en causas por tomas de fábricas, como las de FaSinPat y la textil Brukman. Tanto la Liga como el Ceprodh continúan el trabajo de litigio en causas por persecuciones a militantes y por delitos de lesa humanidad.

Estas organizaciones se inscriben en diferentes tradiciones políticas y miradas marcadamente distintas sobre el Estado¹⁰. Como parte de un movimiento antirrepresivo, lograron estrategias articuladas y litigio coordinado, por ejemplo, por la muerte de Bulacio¹¹. Correpi sostuvo la causa en los tribunales argentinos, y el CELS llevó el caso al Sistema Interamericano. A raíz, de la masacre de Avellaneda, tiempo después, hubo estrategias conjuntas entre abogades que provenían del movimiento antirrepresivo, como Claudio Pandolfi, el Frente Popular Darío Santillán y el CELS, entre otres.

Les “abogades de derechos humanos” se presentan como actores clave de estas articulaciones, que suelen llevar causas por crímenes de lesa humanidad, violencia policial o penitenciaria y represión de la protesta social. El activismo jurídico es un común denominador para la interlocución con el Estado y una zona de confluencia posible. Supone relaciones de cercanía con víctimas y familiares, se sostiene a través de años, e implica tomar decisiones de distinto alcance, dentro y fuera de los tribunales. En sí, este activismo es una base de construcción de lazos de confiabilidad profesional y política, y de trasvasamiento de estos lazos entre diferentes actores y problemas de derechos humanos.

En el caso del CELS, un hito en su historia lo constituye la representación de la familia del joven Darío Riquelme, en 2002. Darío fue asesinado por la Policía Bonaerense, cuando huía en auto tras haber asaltado un banco. Llevaba a Mariano Witis como rehén. Ambos murieron cuando la policía los acorraló y les disparó a corta distancia. En la Cámara de Casación, el CELS logró demostrar que la acción policial fue abusiva respecto de los dos jóvenes y que lesionó de igual modo el derecho a la vida de ambos. La madre de Mariano, Raquel Soprano de Witis, asumió un rol de articulación entre les familiares, los organismos de derechos humanos y una perspectiva de reforma de las fuerzas de seguridad. Por primera vez, les familiares de la víctima de un secuestro y les de su raptor se unieron para enfrentar la violencia estatal. Desde los años ochenta ya existía lo que María Pita analizó como “el mundo de los familiares del gatillo fácil”, figura fundamental en la representación pública de los casos y en el acompañamiento en los juicios. Con diferente primacía de la figura del familiar, surgieron en paralelo la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (Cofavi) y la Correpi, que incluyó una Comisión de Familiares. Con el tiempo y en diferentes contextos, se formaron agrupaciones en torno a casos como la Asociación Miguel Bru o Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que también acompañan otras causas. Más recientemente, les hermanes de víctimas asumieron un papel destacado en la representación de los casos, en un desplazamiento generacional de una referencia histórica centrada en las madres. Lógicas similares existen en el campo de familiares, organizaciones y dependencias estatales que luchan por los derechos de las personas privadas de libertad.

Algunos grupos comenzaron a investigar las formas y las condiciones institucionales de la violencia policial entre las décadas de 1990 y 2000. Este trabajo abarcó el análisis de normativas, la identificación de patrones de actuación, la comparación internacional, así como la propuesta de reformas, regulación y diseños institucionales. Esta agenda tiene diferencias con la tradición del activismo antirrepresivo, que impugna la existencia de las fuerzas de seguridad en su conjunto y rechaza toda posibilidad de regular su actuación. En contrapunto, la agenda de la “seguridad democrática” aspira a que el Estado asuma obligaciones positivas de protección. Esto implica problematizar el uso de la violencia estatal en términos de formación, regulación y control, lo que supone, necesariamente, cierto grado de aceptación del uso de la fuerza. El paradigma y las herramientas de derechos humanos resultaron entonces –y todavía hoy– propicios para la articulación de la denuncia de la violencia institucional con la incidencia en políticas de seguridad democráticas.

Con mayor fuerza a partir de 2002 y 2003, se conformó un “activismo por la seguridad democrática”, en el que confluyen parte de la tradición antirrepresiva y la de derechos humanos: víctimas, familiares, investigadores, funcionaries, integrantes de organismos, abogades. Les activistas de la seguridad democrática tuvieron siempre un horizonte de reforma y el interés por transformar –desde afuera y desde adentro del Estado– el gobierno político de la seguridad. Los dos procesos de reforma del sistema de seguridad bonaerense liderados por León Carlos Arslanian en 1999 y entre 2004 y 2007 –cuyas condiciones políticas fueron crisis derivadas de casos resonantes como el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas– alimentaron la aspiración de incidir en el gobierno de la seguridad con una perspectiva de derechos humanos. Los programas de este activismo se expresaron primero en la alianza multisectorial “Más derechos, más seguridad”, en 2004, y en el Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), en 2009. Además de familiares de víctimas, investigadores, funcionaries y referentes partidaries, también integraron estos espacios confesiones religiosas y referentes territoriales.

Esta agenda tuvo mayor interlocución con el Estado tras la crisis de 2001. Desde la asunción de Néstor Kirchner, se ampliaron además los ámbitos que la universidad y los poderes del Estado otorgaban a los derechos humanos. Combinaron la agenda de memoria, verdad y justicia, la recuperación de las experiencias de les militantes desaparecides y encarcelades, con otras luchas y demandas de derechos. Como plantean Marcela Perelman y Manuel Tufró:

Numeroses activistas de la seguridad democrática se sumaron a la gestión en dependencias del Poder Ejecutivo nacional y provinciales, del Poder Legislativo y del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En algunas provincias como Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria ha articulado un trabajo de visibilización y denuncia de la violencia institucional.

A lo largo de los años, se produjeron distintos casos que dan cuenta de nuevas formas de articulación entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el Estado. En 2011, en el partido bonaerense de San Martín tuvo lugar la masacre de la Carcova. Un año después, Lautaro Bugatto fue asesinado por un policía. Su hermano Gonzalo militaba en el Movimiento Evita. Con los contenidos y lineamientos generales del ASD, en 2012, el Evita propuso la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, un ámbito de intervención multisectorial con una mirada desde los barrios populares que planteó una nueva confluencia de las tradiciones del activismo antirrepresivo, de la seguridad democrática y del trabajo territorial,¹³. Se trató de un planteo novedoso sobre cómo entrelazar la denuncia, la interlocución con el Estado y la defensa territorial.

En 2013, fue asesinado Kevin Molina, de 9 años, en la Villa Zavaleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un enfrentamiento entre bandas narco. Esto conmocionó al barrio y puso en el centro de la discusión la violencia ejercida por actores no estatales en connivencia con fuerzas de seguridad federales (Prefectura y Gendarmería). La organización territorial La Poderosa denunció la desprotección por parte de la policía y propuso que las organizaciones ejercieran el control de las fuerzas de seguridad. Desplegaron múltiples formas de intervención y de comunicación muy efectivas a través de medios propios, incorporando nuevos lenguajes que, a la vez, discuten y actualizan el cruce entre derechos humanos y violencia policial. Ante un caso de tortura y detención arbitraria de dos adolescentes del barrio por parte de la Prefectura, La Poderosa decidió litigar con abogades propies, junto con la querella del CELS. Combinaban así el uso del litigio como forma de lucha contra la impunidad y la demanda de protección estatal con formas novedosas de organización territorial.

El trabajo de La Dignidad constituye otra de las iniciativas innovadoras de organización territorial para intervenir en conflictos de violencia estatal y no estatal, que implicó actividades conjuntas de formación de militantes en seguridad y derechos humanos. También vale mencionar la iniciativa de las Defensorías Territoriales en Derechos Humanos (DTDH), que en seis distritos bonaerenses realizan el primer acercamiento y articulan con universidades y organismos cuando se producen situaciones de violencia institucional y otras vulneraciones de derechos.

Se trata de dos modelos de intervención que expresan diferentes perspectivas sociopolíticas¹⁴.

3. Alianza con el movimiento de trabajadores: sindicatos y organizaciones sociales

El movimiento de derechos humanos no solo fijó límites a la violencia estatal, también propició nuevos fundamentos para la democracia al definir y sostener una vía pacífica para la resolución de la conflictividad emergente en la posdictadura e interpelar al poder desde un discurso de derechos. Esta novedad implicó la reformulación del debate y la acción política. Ana Natalucci plantea que, en los primeros años de la transición,

La articulación entre ambos movimientos, que tuvo una expresión inicial en la movilización contra la dictadura, demandó tiempo y diferentes instancias de elaboración. Fue necesario que las organizaciones del movimiento obrero transitaran distintos momentos de autocomprensión histórica. Como precisa Victorio Paulón:

La fragmentación del sindicalismo durante la dictadura militar estuvo ligada a complicidades vinculadas con las violaciones de derechos humanos de los propios trabajadores. Estas tensiones y contradicciones, aún no resueltas, forman parte de los límites y posibilidades que se han planteado para una estrategia de convergencia con los derechos humanos. Ante esto, la CGT se preocupa hoy de mostrar el rol que cumplieron los paros generales y las movilizaciones callejeras convocadas en dictadura por el sindicalismo combativo, fenómenos que –considera– fueron invisibilizados.

Frente a determinadas coyunturas críticas, como las leyes de impunidad y los indultos, ciertos sectores de la CGT volvieron a marchar junto con los organismos. Las reformas neoliberales de los noventa, aunque contaron con apoyo sindical, sirvieron de contexto propicio para ciertas convergencias entre organismos de derechos humanos y nuevas referencias sindicales que se negaban a apoyarlas. En 1996, nació la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cuyo referente, Víctor De Genaro, había integrado la APDH y el Serpaj, lo cual marcaría trayectorias comunes entre el mundo sindical y el de los derechos humanos. Desde la CTA, De Genaro impulsó diferentes líneas de trabajo con organismos y reivindicó abiertamente la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En el marco del vigésimo aniversario del golpe, surgió una reivindicación cada vez más fuerte de les desaparecides como trabajadores y, muchos de elles, como referentes gremiales. Esto contribuyó a vincular el ejercicio del terror con la imposición de un proyecto político y económico regresivo que implicó el compromiso decisivo de actores civiles. La recuperación de la militancia de les desaparecides por parte de H.I.J.O.S (Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) funcionó también como puente. El avance de esta agenda a partir de la reapertura de los juicios permitió fortalecer lazos entre organismos de derechos humanos y sindicatos, algunos de los cuales se presentaron como querellantes en las causas o contribuyeron con evidencia documental. En 1998, durante el período de impunidad de los crímenes de lesa humanidad, la CTA denunció frente al juez español Baltazar Garzón la desaparición de 9000 trabajadores.

En 2001, la Central se convirtió en la columna vertebral del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) donde confluyeron políticos y organizaciones sociales, de derechos humanos, culturales, estudiantiles, intelectuales, entre ellas el CELS. En esa coyuntura, en la que las organizaciones de derechos humanos rearmaban sus estrategias de lucha contra la impunidad dentro y fuera del país, el Frenapo postulaba que las prioridades debían ser el hambre, la desocupación y la pobreza. La Argentina de la transición ya había quedado atrás. Por primera vez, las urgencias sociales se imponían sobre la agenda histórica del movimiento de derechos humanos.

El período previo a la crisis de 2001 dio pie a múltiples articulaciones. Algunos organismos se fueron acercando a la lucha de los movimientos de desocupades cuya principal forma de protesta era el corte de ruta. La represión y la criminalización requirieron intervenciones conjuntas. Organismos como el CELS pusieron atención también en las demandas que impulsaban la movilización y en ciertos conflictos específicos de tierras urbanos y rurales. Para Víctor Abramovich, director del CELS en esa etapa, “las crisis muy profundas obligan a desarrollar estrategias menos aisladas de resistencia”. Así, la participación en estas problemáticas abrió diálogos con diferentes actores, como Cáritas, los movimientos de desocupades e inquilines y las organizaciones sociales relacionadas con las tomas y asentamientos.

Los espacios de convergencia del movimiento de derechos humanos con los sectores más combativos del sindicalismo y con los movimientos sociales se apoyaron en la existencia de vínculos personales y políticos previos. El hecho de que algunos referentes gremiales hubieran transitado ambos espacios, como el caso de De Genaro, Germán Abdala, Roberto Digón, Alberto Piccinini, Raimundo Ongaro y Victorio Paulón, o hubieran tenido militancia política en los setenta facilitó la articulación.

Tras la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, la cuestión de cómo debía responder el Estado a las protestas sociales se volvió central. Seis meses después, el 26 de junio de 2002, las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía conmocionaron al país y signaron el final anticipado del gobierno interino de Eduardo Duhalde. Las Madres de Plaza de Mayo, que se habían interpuesto como escudo humano en las jornadas de diciembre, continuaron acompañando acciones de protesta en los meses siguientes. Los organismos apoyaron a las organizaciones sociales y a las víctimas. Los homicidios de manifestantes fueron ampliamente reconocidos como crímenes políticos. La protesta social se conformó como un espacio de convergencia. Diferentes organismos de derechos humanos y del campo antirrepresivo asumieron la querella por les muertes y herides, con una importante transferencia del conocimiento adquirido en el litigio por otros hechos de violencia policial. La criminalización de la protesta también involucra el cruce de actores y estrategias de defensa, como ocurre hasta el día de hoy con la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala. El derecho a la protesta como ejercicio de derechos vinculados a la libertad de expresión y a la participación política fue motivo de informes del Sistema Interamericano impulsados por los organismos. La problemática de la regulación del uso de la fuerza policial en las manifestaciones y el debate sobre el gobierno político de estos operativos fueron tomados por algunos organismos, como la APDH y el CELS.

Los modos de confrontar la crisis social, política e institucional de 2001 y 2002 muestran articulaciones del movimiento de derechos humanos con actores de tradición liberal y otros de inscripción popular, como el movimiento de desocupades. Un ejemplo son las acciones que se desplegaron en esos años para defender la integridad, la vida y la libertad de les manifestantes. Este trabajo derivó luego en un proceso de institucionalización del principio de “no represión de la protesta”. En ese tiempo, el movimiento también integró –junto con organizaciones por la transparencia, los derechos ambientales, de les consumidores y de reforma judicial– la alianza Una Corte para la Democracia. Esta alianza construyó las bases para la modificación en 2003 del mecanismo de selección de les integrantes de la Corte Suprema, una respuesta institucional al reclamo social “que se vayan todos”. Las propuestas de una Corte para la Democracia fuerona la base del Decreto 222/2003.

A partir del avance de las causas judiciales, la investigación y la incidencia (entre otros, los litigios del 19 y 20 de diciembre, la masacre de Avellaneda y, más adelante, los casos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, la represión a la comunidad Qom en Formosa, la toma del Parque Indoamericano, la masacre de La Carcova), estas alianzas entre organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos fueron conformando un conocimiento muy especializado, a la vez que se fortalecieron los vínculos con organizaciones del campo popular.

El homicidio de Mariano Ferreyra, el joven manifestante asesinado en octubre de 2010 por una patota sindical ferroviaria, fue un acontecimiento sobre el que se trazaron múltiples cruces. Por un lado, complejizó el análisis de la represión a las protestas sociales por tratarse de un militante asesinado por una bala que no era policial, en un hecho en el que estaban involucradas la Policía Federal y la Bonaerense. También permitió problematizar vínculos entre estructuras de inteligencia y el Poder Judicial, a partir del intento del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, de sobornar a jueces de Casación para elegir la sala que debía confirmar los procesamientos de los acusados como autores materiales del homicidio. Amplió los debates sobre la tercerización laboral como forma de degradación de los derechos de les trabajadores. El despliegue de esta agenda implicó estrategias conjuntas entre organismos de derechos humanos, centros de investigación como la Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y el Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) y diversos sindicatos. Una alianza similar se dio en la investigación sobre responsabilidad empresaria durante la dictadura, realizada por un equipo de veinticinco investigadores entre el CELS, la Flacso, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, que finalmente se publicó en dos tomos con una extensión de unas mil páginas,¹⁷. Estas convergencias pueden ser explicadas según distintas tradiciones políticas.

Para Victorio Paulón, quien antes de integrar la Comisión Directiva del CELS había sido secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Villa Constitución (antes y después de la dictadura) e integrante de la conducción de la CTA, los movimientos sociales son producto de la conciencia sindical de la clase obrera argentina. Los primeros piquetes surgen allí donde las privatizaciones dejan en la calle, de forma masiva, a trabajadores calificados. Más adelante, cuando se empiezan a implementar también masivamente los planes sociales, aparecen movimientos vinculados a partidos políticos y centrales sindicales, en lo que considera una suerte de privatización del fenómeno. En esa etapa hay una fuerte pelea por el unicato de la representación de esos movimientos. Luis D’Elía y la FTV (Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat) trataron de imponerlo en un congreso de la CTA y fue rechazado. Los movimientos sociales son heterogéneos y plurales en lo que respecta a las experiencias políticas que los nuclean.

Según Paula Abal Medina, existe una continuidad a lo largo de la democracia entre las estrategias y expresiones de los sectores sociales integrados en las organizaciones populares: puebladas, tomas de tierra, resistencia organizada a los desalojos, cortes de ruta, organización popular en los territorios, fábricas recuperadas, gestión de cooperativas. En articulación con el movimiento de derechos humanos, esas estrategias se tradujeron como demandas y agendas de defensa de derechos: acceso a la tierra y al hábitat digno, regulación de los operativos policiales, gestión de la conflictividad en tomas y asentamientos, defensa de referentes criminalizades, lucha contra la impunidad por hechos de represión,¹⁸. Además, estas luchas han dado lugar a diferentes formas de institucionalidad, como la regularización de asentamientos, la institución de la asignación universal por hijo (AUH), el monotributo social y el salario social complementario, por nombrar algunas. Las organizaciones sociales ligadas a estas luchas –por ejemplo, el Movimiento de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y La Dignidad, entre otros– se han consolidado como un sector con representación e interlocución, algunos con canales estables con el Estado a través de diferentes gobiernos, otros con participación al interior de ciertos partidos políticos y reconocimiento mutuo con la CGT y la CTA.

4. Movimiento por los derechos de las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans

El feminismo se masificó en los últimos años en la Argentina, a partir de la primera convocatoria “Ni una menos”. El tejido entre feministas y el movimiento de derechos humanos había comenzado en el exilio. En el Foro de Copenhague, por ejemplo, las exiliadas argentinas y chilenas habían logrado que se trataran los problemas de derechos humanos de sus países y los alcances de la tortura. En ese contexto,

Desde que terminó la dictadura, el movimiento de mujeres y feminista tuvo presencia y participación en el espacio público. Muchas de las protagonistas de aquellos años retomaron las bases de lo que la dictadura había interrumpido: organizaciones incipientes, de distinto tamaño, como la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento Feminista Argentino (MLF), que eran independientes de organizaciones partidarias y tenían vínculo con el Frente de Liberación Homosexual, y las expresiones feministas más ligadas a partidos, como el grupo Muchacha o el Centro de Estudios Sociales de la Mujer Argentina. Los años de la posdictadura también se nutrieron con las que volvían del exilio y el aporte de experiencias y proyectos feministas de otras latitudes. Las mujeres se hicieron presentes en las calles, en los medios de comunicación, en las instituciones. Sin embargo, la articulación durante ese período entre las políticas feministas y las de derechos humanos no es tan conocida.

¿En qué medida y con qué alcances las reivindicaciones de estos colectivos han sido integradas, reconocidas o admitidas por el movimiento de derechos humanos? Y a la vez, ¿en qué medida estos movimientos han reconocido en el movimiento de derechos humanos, en sus organizaciones y sus activistas, un interlocutor?

En los ochenta, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) asumió de manera nítida algunas de sus demandas en clave de derechos humanos. Según Elizabeth Jelin, esa posición fue producto de debates internos entre quienes se inclinaban a articular las demandas como subcultura y autonomismo, y quienes reivindicaban la diversidad sexual en términos de derechos y, por lo tanto, interpelaban con su reclamo al Estado. Esta última posición fue la que se impuso. En aquel entonces, las razias policiales fueron intensas y afectaron sobre todo las reuniones de este colectivo. Por el trabajo incipiente sobre la violencia institucional y la discusión en torno a los edictos, los miembros de este grupo se acercaron a algunas de las organizaciones de derechos humanos. Además de denunciar los abusos contra la comunidad homosexual, la CHA se inscribía en el movimiento de derechos humanos, buscaba ser parte de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y reivindicar a compañeres desaparecides “homosexuales”, como se generalizaba en la época a quienes no eran heterosexuales. Su primera aparición pública en una movilización, con bandera y columna propia, la hicieron en el acto de entrega al entonces presidente Raúl Alfonsín del Nunca más de la Conadep. El rabino Marshal Meyer había informado a Carlos Jáuregui, primer presidente de la CHA, la existencia de cuatrocientes homosexuales desaparecides, y que el tratamiento que habían recibido había sido especialmente sádico y violento.

Algunas Madres de Plaza de Mayo decidieron acompañar a título personal otras luchas. Laura Conte –fundadora del CELS–, Nora Cortiñas y Mirta Garaballo participaron de los primeros Encuentros Nacionales de Mujeres. En la II Marcha del Orgullo, en 1993, participaron algunas de ellas, como Norita, Renée Epelbaum, Laura Bonaparte y Margarita Gropper, porque entendieron que su presencia garantizaba que no hubiera represión, además de que ayudaba a desestigmatizar un sector social amenazado y marginado²⁰.

Durante mucho tiempo, se afirmó que el feminismo y el movimiento de derechos humanos recorrieron caminos paralelos. En 1975, un grupo de activistas comenzó a reunirse para impulsar la campaña Basta de Abortos Clandestinos, pero tales reivindicaciones se pusieron entre paréntesis hasta la democracia. En 1987, la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM 25 de Noviembre), de La Plata, hizo resurgir la propuesta de una campaña²¹. Un año después, se fundó la Comisión por el Derecho al Aborto. Las integrantes de la Comisión apenas llegaban a ser una decena. Laura Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, estaba entre ellas junto con las integrantes de ATEM Alicia Schejter y María José Rouco Pérez, Dora Coledesky, que había vuelto del exilio, las médicas Alicia Cacopardo, Zulema Palma, Susana Mayol y Silvia Coppola, la enfermera Rosa Farías, y la abogada Nadine Osídala. En 1988, realizaron un taller sobre aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza a cargo de Coledesky y dos referentes más: Alieda Verhoeven –pastora de la Iglesia metodista– y Mabel Gabarra. La Comisión presentó en 1992, por primera vez, un proyecto de anticoncepción y aborto, a través de la diputada de la UCR (Unión Cívica Radical) Florentina Gómez Miranda.

Algunas agrupaciones feministas se interesaron tempranamente por compartir espacios con Madres, Abuelas y Familiares y por incorporarles a sus actividades y a las del movimiento de mujeres. ATEM 25 de Noviembre, el grupo Azucena Villaflor en La Plata y la experiencia de la Casa de la Mujer María Luisa Martínez en Quilmes son algunas referencias respecto de esa trama común que están siendo reconstruidas²². Hubo homenajes a militantes de derechos humanos y se denunciaron las formas específicas de violencia hacia las mujeres detenidas, anticipando modos de intervención judicial (por ejemplo, la determinación de los delitos sexuales como independientes del delito de tortura). Por otro lado, las reflexiones sobre la violencia de la dictadura y el castigo explícito en los campos de concentración a las mujeres que salían de los roles tradicionales ligados a la maternidad y la sumisión al orden patriarcal impulsaron la definición de los cuerpos tutelados como forma de control moral. La penalización del aborto entra en ese orden.

Durante la década de 1990, nuevas experiencias de base encabezadas por mujeres marcaron la prevalencia de feminismos populares. La Convención Constituyente de 1994 para la reforma constitucional fue un hito para la ampliación de derechos y significó la institucionalización de algunos reclamos del movimiento de mujeres en clave de derechos humanos. Hubo importantes movilizaciones a Rosario y se logró que la “cláusula Rodolfo Barra”, que incluía la protección de la vida “desde la concepción”, se quitara de las propuestas de la reforma. El año 2001 estuvo caracterizado por las luchas resistentes de las piqueteras, las obreras que habían recuperado fábricas, las desocupadas, y las asambleístas por el derecho al aborto. En ese tiempo, la CTA expresó su apoyo a la legalización del aborto. Esos años también marcaron la irrupción de forma organizada de colectivos travestis y trans, que colocaron en la agenda de los conflictos sociales la manera en que la violencia institucional y social marcaba sus existencias. En particular, confluyeron con los organismos de derechos humanos en la lucha contra los edictos policiales y el control social ejercido por las policías.

La genealogía de las luchas feministas y su articulación con el movimiento de derechos humanos se reconstruyó en parte durante el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2003. Allí, por primera vez, la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la Argentina, inspirada directamente en el pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, repartió los pañuelos verdes que hoy son una marca identitaria de la lucha por el aborto y simbolizan la continuidad entre las luchas. Algunas Madres de Plaza de Mayo, y muchas integrantes de otros organismos, usan el pañuelo verde en sus actos públicos.

En 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito quedó formalizada con 70 organizaciones adherentes. El proyecto de 1992 fue el antecedente del que presentaron en 2007. El lema ya era “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. A pesar de este bagaje y la tenacidad del activismo feminista, hasta hace poco las perspectivas de legalizar el aborto en la Argentina parecían sombrías. En 2015, la movilización masiva “Ni una menos” potenció la vitalidad y el crecimiento del movimiento feminista y cambió la agenda pública en el país. Significó un acontecimiento histórico, que dio volumen político, social y cultural a la denuncia de las violencias machistas naturalizadas. El feminismo de las jóvenes, sub-18, así como el de las miles de mujeres que no habían sido interpeladas antes por el feminismo, tiene en esa fecha una referencia vital. Todos los feminismos confluyeron en 2018 en la demanda de décadas: aborto legal ya. Con el liderazgo de la Campaña Nacional (que ya suma 500 organizaciones adherentes), acompañada por miles de activistas que portaban el pañuelo verde, por séptima vez se presentó el proyecto de ley. El país ocupó las portadas de diarios internacionales por ser uno de los pocos de Latinoamérica en abordar en el Congreso la posibilidad legalizar el aborto. Solo Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico reconocieron ese derecho, junto con la Ciudad de México. Lo que en el mundo se vio como disrupción, para las activistas argentinas se vivió como el triunfo de la insistencia, la larga acumulación de la lucha.

El debate parlamentario mostró la posibilidad de articular alianzas interpartidarias, que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El principal obstáculo para la aprobación fue la tensión entre las creencias privadas y las responsabilidades públicas, que llevó a muches diputades y senadores a votar por aborto clandestino. Los cinco meses de debate dejaron a la vista las obligaciones incumplidas por el Estado desde 1921 respecto del acceso a los abortos que ya son legales y los permanentes llamados de atención de los organismos internacionales. Al mismo tiempo, permitieron que la sociedad escuchara a más de mil especialistas que consolidaron la posición contra la penalización de las mujeres, varones trans y personas no binarias que abortan.

Los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos se hicieron presentes en el debate. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Argentina que revisara la legislación que resulta discriminatoria, como la penalización del aborto y la falta de acceso a la salud de quienes abortan. En un sentido similar, se pronunciaron en el ámbito de la ONU (Organización de Naciones Unidas) el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer, el Comité que evalúa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos. La Cámara de Senadores rechazó el proyecto en 2018, y en 2019 la Campaña Nacional volvió a presentarlo. El legado cultural, organizativo y legislativo del debate de 2018 es trascendente para el movimiento transfeminista.

Respecto de los hechos de violencia machista, lejos de disminuir se incrementaron, como respuesta disciplinadora. En los últimos años, la continuidad de los casos y la expansión de las denuncias por violencia de género produjeron nuevas situaciones de convergencia entre el movimiento feminista y el de derechos humanos.

5. Pensamientos para la confluencia de luchas

El repaso de experiencias que compartimos nos permite plantear algunas claves sobre los procesos de convergencia entre el movimiento de derechos humanos y otros movimientos y actores que despliegan estrategias para la ampliación de derechos:

• El modo de inserción del paradigma de los derechos humanos en la Argentina genera un campo que habilita estrategias e interlocuciones múltiples. Este modo se articula, sobre todo, con una tradición popular de reivindicación de derechos. Como identidad política, esta tradición popular da forma a una mirada estructural sobre la lucha por los derechos y la igualdad, que se diferencia de otras concepciones eminentemente liberales o formales de los derechos humanos.
• El rol central de les familiares en la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura ha implicado tensiones para las oportunidades de amplitud y convergencia del movimiento de derechos humanos, al mismo tiempo que ha funcionado como referencia para la organización de otras luchas (como las de las madres y les hermanes de víctimas de la violencia policial, entre otros campos en los que la figura de les familiares es central).
• La articulación de estrategias requiere tiempos de construcción y exige superar desconfianzas o conciliar las diferencias entre tradiciones políticas, con intereses no siempre homogéneos, lo que en la práctica supone ir construyendo una ética de los intercambios.
• El carácter excepcionalmente crítico de ciertas coyunturas o de determinados acontecimientos ha favorecido procesos de convergencia.
• Las personas con trayectorias que atraviesan distintos campos han permitido transmitir vínculos de confiabilidad política de un ámbito a otro. Es el caso de algunes referentes sindicales, abogades de derechos humanos y familiares. Las prácticas profesionales funcionan como articuladoras, como en el caso del litigio nacional e internacional, del campo psi o de la antropología forense o la investigación académica.
• Ciertas condiciones institucionales pueden facilitar las prácticas de confluencia, como sucedió con la reforma constitucional de 1994, que fue un punto de acumulación de un conjunto de reclamos históricos (del movimiento de derechos humanos, feminista, indígena, ambientalista, de consumidores) y ofreció herramientas para la articulación entre activismos.
• El compromiso estatal con agendas de derechos humanos, como el que se produjo en los primeros años de la postransición o entre 2003 y 2015 en relación con el proceso de memoria, verdad y justicia, genera efectos multiplicadores en la sociedad y habilita espacios de convergencia.
• Los activismos se han enriquecido entre sí, con procesos de aprendizaje y préstamos. Muchas de estas experiencias, efectivas y definitorias en ciertos procesos, han quedado invisibilizadas en términos públicos y para les propies actores.
• El activismo en derechos humanos genera prácticas y herramientas que contribuyen a la producción política común entre organizaciones.
• Algunes actores del movimiento de derechos humanos contribuyeron a canalizar demandas de múltiples activismos hacia el Estado por vías pacíficas e institucionales. Apostaron por el fortalecimiento del Estado como garante de derechos humanos y por la institucionalización de políticas públicas en este campo, estableciendo alianzas que respetaran ese encuadre.
• Como el poder no se concentra solo en el Estado, muchas organizaciones se ven centralmente afectadas por las acciones de agentes privados y del mercado, y es necesario tener estrategias, discursos, defensa y creación de derechos que respondan a estas configuraciones. Para esto, los intercambios y articulaciones entre organizaciones para generar cambios en las prácticas culturales y sociales, que no dependan necesariamente de la acción del Estado, resultan estratégicos.

Entendemos estos dos procesos, el de institucionalización y el de articulación social, como complementarios, y no excluyentes. El aspecto normativo de los derechos humanos ha dado prevalencia y centralidad al accionar del Estado para impugnar su rol como perpetrador de violaciones y fortalecerlo como protector de derechos. Sin perder este rasgo distintivo, consideramos necesaria una profunda reflexión para dar mayor lugar a otros modos de construcción que contribuyan a sociedades más libres, igualitarias y con mayor goce de derechos.

La historia del movimiento que buscamos trazar está basada en las preguntas que nos hacemos sobre las tradiciones que nos dan cuerpo, los legados que queremos dejar, las confluencias de las que somos parte. Nos interesa interrogar este proceso no en sus certidumbres autodefinidas, sino en sus interrogantes y provocaciones actuales. Se trata de procesos dinámicos que establecen nuevos cruces, como ocurre ahora con quienes luchan por la legalización de drogas, la problematización de las consecuencias del sistema de inteligencia y los conflictos relacionados con la digitalización.

Nos preguntamos qué otros discursos, prácticas y tradiciones, asentados en la defensa de la dignidad humana, son compatibles con una política de derechos humanos. Nos interesa comprender y fortalecer estos procesos de convergencia: cómo nos nutrimos y qué podemos contribuir a activar. Los intercambios son múltiples: los derechos humanos han funcionado como un mantra que protege y fortalece acciones emprendidas por otros actores y movimientos, al mismo tiempo que les ha ofrecido un reservorio de recursos disponibles (estrategias, herramientas, discursos); pero también el movimiento aprende y renueva tradiciones previas, y se nutre, como lo ha hecho a lo largo de su historia, de nuevas experiencias de lucha y demandas que ampliaron y ampliarán su horizonte de sentido e intervención mucho más allá del núcleo originario.