Las políticas de seguridad ciudadana de la democracia argentina son, a contrapelo de lo que suele pensarse, lo más parecido que hay a una política de Estado. El aumento constante de la cantidad de policías, patrulleros, cámaras y personas presas fue y es sostenido por administraciones de todos los colores políticos. Se fue armando así un consenso transversal que parece hoy indiscutible: para brindar seguridad hay que tener cada vez más policías, más tecnología, más inversión, más cárcel. Cuando alguien señala que los problemas de seguridad persisten, enseguida se escuchan las voces que demandan más de lo mismo: seguir inflando el aparato policial y de castigo. Esta lógica, muy evidente, no es exclusiva de la Argentina y se repite en distintas partes del mundo.

Precisemos un poco más este diagnóstico. El gasto en seguridad ocupa un lugar importante en nuestro país. En los años previos a la pandemia, triplicaba el presupuesto de la cartera de salud¹. A pesar de la falta de información oficial sistematizada, sabemos que el crecimiento de la cantidad de policías es una tendencia clara en las últimas décadas. Entre 2003 y 2013, el número de efectives de la Gendarmería Nacional aumentó de 17.000 a 37.000². En el mismo lapso, el presupuesto de la Prefectura subió un 600%³. Esto ocurrió de la mano de un enorme crecimiento en el despliegue y la ampliación de funciones de estas fuerzas federales, antes abocadas a tareas mucho más restringidas de vigilancia en fronteras y ríos. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, la más grande del país, duplicó su tamaño entre 2005 y 2015, que pasó de 48.000 a más de 90.000 efectives⁴. Y la apuesta, al parecer, es seguir engrosando el tamaño de esta fuerza⁵. En la CABA, a principios de 2021 la Policía de la Ciudad contaba con más de 26.000 efectives, de los cuales 19.700 estaban en las calles⁶. Esto representa una tasa de 6,5 policías cada 1000 habitantes, lo que duplica el promedio mundial de 2,8 registrado y recomendado por la ONU. A esto hay que sumar los crecientes gastos en móviles, equipamiento, cámaras de seguridad, sistemas de reconocimiento facial, etc., que salen de los bolsillos de la nación, las provincias y los municipios.

Este crecimiento responde a un consenso transversal a los colores políticos de los gobiernos. Es el resultado de la naturalización de la lógica de la prevención situacional (tratar de evitar que se cometan delitos a través de la presencia disuasiva y la vigilancia) y del completo abandono de las políticas de prevención social (tratar de evitar que se cometan delitos a través de intervenciones sobre las causas estructurales que pueden llevar a las personas a cometerlos). Las denominadas políticas "multiagenciales" que se desplegaron una y otra vez en los últimos años se basaban en la idea de articular ambos aspectos: una mayor presencia policial en el territorio y el despliegue de recursos de las agencias sociales del Estado. No hay que ser adivino para saber cuál fue el único aspecto que se terminó imponiendo, y cuál otro quedó en mera retórica, o incluso como un apéndice al servicio del punitivismo⁷.

Entonces, ¿se puede pensar algo por fuera de esta dinámica de inflación securitaria y punitiva? Algunes creen que sí. Y otres directamente lo hacen.

¹ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Monitor presupuestario, disponible en monitorpresupuestario.acij.org.ar.

² S. Frederic, "Crisis de soberanía y militarización de la frontera norte. La fragilidad estatal ante la amenaza de los crímenes organizados en Argentina", Revista CS, nº 31, 2020, disponible en www.icesi.edu.co.

³ S. Calandrón, "Devenir anfibios. Las transformaciones y derivas de la Prefectura Naval Argentina frente a las demandas de seguridad (2000-2015)", Delito y Sociedad, nº 48, 2019, disponible en www.scielo.org.ar.

⁴ "Scioli: 'Realizamos la mayor campaña de reclutamiento y renovación policial de todos los tiempos'", Chequeado.com, 30/9/2015, disponible en chequeado.com.

⁵ S. Berni, "Entre 2021 y 2022, vamos a sumar 40 mil nuevos policías al Conurbano", Infobae, 25/11/2021, diponible en www.infobae.com.

⁶ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "Egreso de cadetes: la Ciudad suma 793 nuevos policías y 102 bomberos", 2/3/2021, disponible en www.buenosaires.gob.ar.

⁷ V. Darraidou, M. García Acevedo y M. Tufró, "Guerra contra el narcotráfico, guerra contra les pobres", en Derechos humanos en la Argentina. Informe 2019, Buenos Aires, Siglo XXI-CELS, 2019, disponible en www.cels.org.ar.

#DefundThePolice

Cuando decimos #DefundThePolice nos referimos a reducir a cero el tamaño, los presupuestos y el poder de todas las instituciones que vigilan, patrullan, castigan, encarcelan y matan a las personas negras, y a construir e invertir en infraestructuras comunitarias completamente nuevas que produzcan una verdadera seguridad y sustentabilidad para nuestras comunidades⁸.

Durante el verano boreal de 2020, una ola de protestas contra la violencia policial racista conmovió a los Estados Unidos.

Fueron las manifestaciones más masivas desde aquellas que en 2014 dieron impulso al movimiento Black Lives Matter, luego del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Misuri. El detonante fue el asesinato de George Floyd, varón negro de 46 años, asfixiado por un policía de Minneapolis, en mayo. Algunas semanas antes, Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años, había sido muerta a tiros en su casa de Louisville durante un allanamiento. En el marco de estas protestas que sacudieron al país en plena pandemia, comenzaron a ganar visibilidad un grito en las calles y un hashtag en las redes: #DefundThePolice: desfinancien a la policía.

La demanda no era una ocurrencia del momento. El activismo negro contra la violencia policial la venía trabajando desde muchos años antes, como una forma de expresar la necesidad de "terminar con instituciones que fueron creadas para controlar, regular, desempoderar y suprimir a las comunidades negras"⁹. El antecedente inmediato fue la plataforma que los movimientos negros presentaron luego de los hechos de Ferguson, uno de cuyos puntos llamaba a "invertir/ desinvertir":

Exigimos invertir en educación, salud y seguridad para las personas negras, en vez de invertir en la criminalización, el encierro y el daño a las personas negras. Queremos inversiones en las comunidades negras, determinadas por las comunidades negras, y desinversión en fuerzas explotadoras incluyendo las prisiones, los combustibles fósiles, las policías, la vigilancia y las corporaciones explotadoras¹⁰.

Este antecedente se transformó en 2020 en la consigna #DefundThePolice, aglutinante no solo de las manifestaciones públicas sino de múltiples iniciativas de incidencia política en distintas ciudades, lo que dejó en claro que el pedido de desfinanciamiento no era ni es una figura retórica, sino un horizonte concreto que organiza las estrategias de los movimientos negros.

El activismo negro de los Estados Unidos denuncia que cada año la administración pública gasta más de 180 000 millones de dólares en las policías y el sistema carcelario. En la ciudad de Los Ángeles, el presupuesto anual del departamento de policía ronda los 3000 millones de dólares, mientras que la inversión social en temas como desarrollo económico (30 millones) y construcción de viviendas (81 millones) es sensiblemente menor¹¹. En ciudades grandes o medianas con gran porcentaje de población negra como Atlanta, Baltimore o Chicago, el presupuesto de los departamentos de policía puede llevarse una cuarta parte o un tercio del total. El récord lo ostenta la ciudad de Oakland, en California, que gasta más del 41% del dinero público en la policía. En relación con las prisiones, el gasto total aumentó un 141% entre 1986 y 2013¹². El crecimiento de este gasto en policías y cárceles coincide con el despliegue de las estrategias de "tolerancia cero" y de "guerra contra las drogas", que incluyeron la tipificación delictiva de conductas que antes no lo eran y la militarización de las policías a partir de la compra de armamento a las Fuerzas Armadas estadounidenses¹³.

Como parte de esta estrategia, los movimientos negros presentaron propuestas para disminuir el gasto en seguridad y prisiones y aumentar la inversión en el fortalecimiento de las comunidades marginalizadas. Según un informe del proyecto Interrupting Criminalization¹⁴, durante 2020 estas propuestas lograron redirigir 840 millones de dólares de los presupuestos policiales hacia otras áreas. De esa suma, unos 160 millones se invirtieron de manera directa en la atención de problemas que fueron definidos por las propias comunidades de barrios de población negra. En 25 ciudades lograron también que la policía fuera retirada de las escuelas, lo que implicó un ahorro adicional de 34 millones de dólares. Esta última iniciativa es clave para entender un aspecto central del movimiento en torno al desfinanciamiento de la policía: no se trata solo de reducir el presupuesto policial, sino de restringir el campo de intervención y achicar el tamaño de los departamentos de policía.

Ante el riesgo cierto de que la demanda de desfinanciamiento pueda ser capturada o diluida por intereses conservadores, Jessica M. Eaglin, mujer negra, profesora de leyes de la Universidad de Indiana, propuso que el punto de partida del análisis sea la desigualdad y marginalización estructural de la población negra y latina, y que la violencia policial debe ser entendida como síntoma de este problema más profundo¹⁵. Eaglin caracteriza cuatro tipos de estrategias identificables bajo el paraguas del desfinanciamiento de la policía.

En primer lugar, el abolicionismo policial, que considera la desinversión y el achicamiento del aparato policial como el inicio de un camino que, en el largo plazo, llevará a que las comunidades negras y marrones no necesiten a la policía. En segundo lugar, la recalibración policial, que focaliza en el desplazamiento del presupuesto del área de seguridad a otras áreas que, si se las desarrolla, podrían responder mejor a las necesidades básicas y estructurales de las comunidades.

Eaglin observa que, mientras el abolicionismo busca transformar la sociedad a través de la eliminación de la policía, la estrategia de la recalibración se propone lo mismo alterando las responsabilidades y atribuciones de las policías. Señala también que en el contexto actual las diferencias entre estas dos corrientes, si bien pueden ser relevantes en términos teóricos, son poco significativas en la lucha política concreta, donde convergen. Existen otras dos estrategias, de corte conservador, que implican un riesgo para los movimientos sociales, ya que podrían neutralizar o vaciar de contenido la demanda de #DefundThePolice. Por un lado, la estrategia gerencial de supervisión policial, que también propone realizar modificaciones presupuestarias pero con el objetivo de controlar o modificar el comportamiento individual de les efectives y hacer más eficaz a la policía para cumplir con la enorme variedad de tareas que hoy se le encomienda, a través de recortes que desincentiven "malas prácticas" policiales y de incentivos que permitan moldear comportamientos. Finalmente, la estrategia del recorte de presupuesto que, bajo la idea del desfinanciamiento, implica en verdad una política de ajuste generalizado que debe incluir a los departamentos de policía, pero sin abordar un cambio de prácticas, ni un redireccionamiento de ese presupuesto hacia otras áreas. El efecto de esta estrategia es en realidad la profundización de la desigualdad estructural.

La estrategia del desfinanciamiento impugna también la perspectiva de las reformas policiales, al señalar que las múltiples transformaciones llevadas adelante en varias ciudades estadounidenses en las últimas décadas tuvieron el efecto de multiplicar la inversión en las policías, a partir del argumento de que no hay reforma posible sin dinero para financiarla. Muchos de estos cambios se basan en la incorporación masiva de tecnología para el control policial, como las cámaras corporales. En contrapartida, no se observan resultados en términos de reducción de la violencia y el racismo. Se trata entonces de reconocer, dicen les activistes, que las instituciones policiales, creadas muchas de ellas durante la vigencia de la esclavitud, son intrínsecamente racistas. Incluso la organización de defensa de derechos más importante de los Estados Unidos, la ACLU, reconoció esto, y hoy plantea que el control de las policías, la capacitación y mejora de los procedimientos son aspectos muy relevantes de una política de "reducción de daños", pero el problema de base es otro: una institución diseñada para oprimir a las poblaciones negras y marrones, desde las leyes de Jim Crow, entre 1876 y 1965, hasta la "guerra contra las drogas". Se trata entonces de reducir esas instituciones a su mínima expresión posible¹⁶.

⁸ Interrupting Criminalization, The Demand Is Still #DefundThe Police: Lessons From 2020, 2021, disponible en static1.squarespace.com.

⁹ Id.

¹⁰ The Movement for Black Lives, Policy Platforms. Invest-Divest, disponible en m4bl.org/policy-platforms/invest-divest.

¹¹ P. Fernandez (ACLU), "Defunding the Police isn't Punishment. It Will Actually Make Us Safer", Cosmopolitan, 13/4/2021, disponible en www.cosmopolitan.com.

¹² The Center for Popular Democracy, Law for Black Lives y Black Youth Project, Freedom to Thrive. Reimaginig Safety & Security in Our Communities, 2017, disponible en populardemocracy.org.

¹³ American Civil Liberties Union (ACLU), War Comes Home. The Excessive Militarization of American Police, 2014, disponible en www.aclu.org.

¹⁴ Interrupting Criminalization, The Demand Is Still…, ob. cit.aclu.org.

¹⁵ J. M. Eaglin, "To 'Defund' the Police", Stanford Law Review Online, vol. 73, 2021, disponible en www.repository.law.indiana.edu.

¹⁶ ACLU, "Transformational Public Safety: Reducing the Roles, Resources, and Power of Police", 2021, disponible en www.aclu.org.

Limitar las intervenciones policiales en América Latina

En América Latina, estas discusiones ya se están dando. La histórica desconfianza de los pueblos indígenas y de grupos negros etnicizados hacia Estados que nunca dejaron de ser coloniales por completo se vio reforzada en los últimos años por el extendido involucramiento de fuerzas policiales y militares en distintos mercados ilegales. Esto dio lugar a diversas experiencias de "guardias comunitarias" que cuentan con distintos grados de reconocimiento estatal e implican la exclusión de las fuerzas policiales o militares de las tareas de seguridad en zonas determinadas. Un ejemplo de esto es la Guardia Cimarrona de la región del Norte del Cauca, en Colombia, cuya función es proveer seguridad a través de estrategias de autocuidado caracterizadas por la protección y la resolución de conflictos sin el uso de armas y sin la intervención de las policías¹⁷. En México, en la localidad de Cherán, estado de Michoacán, tuvo lugar en 2011 un estallido popular contra la violencia desplegada por bandas armadas que —ante la indolencia o connivencia estatal— se dedicaban al tráfico de drogas y a la tala ilegal de los bosques. Recuperando formas de organización ancestrales, les cheranenses, liderades por una organización de mujeres, establecieron concejos y asambleas y en 2012 obtuvieron de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el reconocimiento del derecho de un municipio indígena a elegir sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres¹⁸. Desde entonces, la policía estatal no ingresa al municipio, en su lugar se hacen rondas comunitarias elegidas por les vecines y la fiscalía solo interviene ante casos graves. Por supuesto, no se puede desconocer la impronta del movimiento zapatista como precursor de esta acción de autogobierno.

Otros grupos con un vínculo de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad también desarrollaron estrategias similares, como el caso de las trabajadoras sexuales, víctimas históricas de la violencia y la extorsión policial. En la CABA, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) implementó un mecanismo de mediación para resolver conflictos entre trabajadoras sexuales sin tener que recurrir a la policía. Esta decisión se tomó a raíz de la pandemia de covid-19, que impactó fuertemente en les trabajadores de la economía popular y en quienes ejercen su trabajo en las calles, entre elles, les trabajadores sexuales. A la imposibilidad de trabajar se sumó, en muchos casos, el recrudecimiento de situaciones de hostigamiento policial, en un contexto de controles extendidos que afectó sobre todo al colectivo travesti-trans y a las trabajadoras sexuales migrantes¹⁹. Ese escenario complicado multiplicó las disputas y los conflictos en las calles entre trabajadoras sexuales.

Esto fue visto por la Ammar como una oportunidad para imaginar otras formas posibles de resolver conflictos entre compañeras. Partiendo de la constatación de que el recurso a las fuerzas de seguridad no constituye para les trabajadores sexuales una forma segura de resolución de problemas, sino que más bien agrava los ya existentes, se ideó una iniciativa de gestión interna de conflictos a partir de un caso puntual. Las delegadas de la asociación, junto con otras compañeras, conversaron sobre el impacto de lo sucedido con las dos involucradas en la disputa, quienes acudieron a la sede de la Ammar en Buenos Aires y se dispusieron a poner fin al conflicto en lo que luego denominaron "reuniones o mesas de conciliación". Al arribar a un acuerdo que ambas consideraron equitativo, la resolución fue celebrada y hasta fotografiada y plasmada en un libro de actas. Sobre esta experiencia positiva, se ideó el mecanismo de gestión que se ocupa de dirimir problemáticas tan variadas como discrepancias en torno a horarios, zonas de trabajo o precios, cuestiones personales o privadas relativas a la convivencia y problemas acaecidos a raíz del hostigamiento por parte de vecines que desaprueban o interfieren con el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública. Con la difusión del resultado del proceso, el mecanismo se volvió conocido y comenzó a ser requerido con frecuencia por otres. Hasta el momento de escritura de este capítulo, se han llevado a cabo más de 20 reuniones de conciliación, mediando incluso en otro tipo de conflictos, como deudas económicas.

En el caso de que no se cumpla lo acordado, las personas involucradas son citadas nuevamente para una revisión de la instancia de conciliación, aunque no es frecuente que esto ocurra. En estas oportunidades, se facilita a la persona damnificada la información necesaria para recurrir a una instancia judicial formal, si así lo quisiera, para ejercer su derecho a denunciar situaciones de violencia. Pero la Ammar no fomenta este recurso, ya que el Poder Judicial es responsable de muchas violaciones de derechos a les trabajadores sexuales y los procesos judiciales pueden resultar experiencias revictimizantes. El mayor obstáculo que han encontrado para implementar el dispositivo es la desconfianza en la idea de "justicia" para quienes a diario padecen los abusos de las agencias del sistema penal. Para muches trabajadores sexuales, la justicia es un ideal lejano que no han experimentado de cerca, que consideran que solo existe para les privilegiades. El descreimiento de que la otra parte cumplirá el acuerdo alimenta el enojo por el daño sufrido y fortalece el círculo de violencias y la desconfianza en el mecanismo.

Sin embargo, la Ammar observó que las virtudes del dispositivo permiten que las personas involucradas lo atraviesen con un sentimiento de reparación que no encuentran en la interacción con la policía o el sistema de justicia, ni en aquellas situaciones de venganza que antes veían como una solución posible. Aquellas formas de resolución del conflicto no mejoraban su condición, tampoco les posibilitaban obtener reparación. El mecanismo de conciliación les permite apropiarse de sus conflictos. Aquel efective policial que acude a una escena de violencia para lidiar con un conflicto no conoce la realidad de une trabajadore sexual como puede hacerlo otre compañere. Aún más, quienes dirimen la disputa desconocen cotidianamente los derechos de les trabajadores sexuales e incluso ejercen violencias contra elles.

Además, los tiempos de las mesas de conciliación resultan mucho más expeditivos que los letargos del Poder Judicial. Una vez que las agencias judiciales arriban a una resolución, en la mayoría de los casos la situación de las personas implicadas ya ha cambiado en relación con el conflicto. La respuesta estatal llega, la mayoría de las veces, demasiado tarde²⁰.

¹⁷ J. Albarracín y otros, Las guardias comunitarias como protectoras de vida y constructuras de paz, 2022, disponible en library.fes.de.

¹⁸ M. del C. Ventura Patiño, "Proceso de autonomía en Cherán. Movilizar el derecho", Espiral, vol.19, n° 55, 2012, disponible en www.scielo.org.mx.

¹⁹ Según una encuesta realizada por la Ammar en 2020, al menos el 20% de les trabajadores sexuales encuestades había sufrido violencia policial durante la pandemia.

²⁰ El relato de esta experiencia fue elaborado en conjunto entre la Ammar y el CELS para una publicación de la International Network of Civil Liberties Organizations (Inclo), en prensa.

Un diálogo posible entre movimientos sociales de América Latina y los Estados Unidos

Policías violentas, racistas e ineficaces; inflación securitaria y penal; desinversión estatal en áreas claves para el desarrollo comunitario son problemas comunes entre las poblaciones negras y latinas de los Estados Unidos y las poblaciones marginalizadas y racializadas de América Latina. Partiendo de esta base, ¿es posible pensar un diálogo desde nuestra región con los movimientos negros de los Estados Unidos? ¿Qué podemos aprender de sus estrategias, experiencias y errores?

Para ello, sin duda, habría que precisar algunas condiciones históricas y estructurales que, más allá de los problemas comunes, trazan importantes diferencias a uno y otro lado del Río Grande. En principio, si bien se habla de reformas policiales en América Latina desde hace al menos treinta años, no se puede dejar de señalar que todas aquellas que se emprendieron con el objetivo de democratizar a las fuerzas de seguridad y disminuir su violencia se vieron truncadas por resistencias y contrarreformas. Por otra parte, en muchos lugares de la región la inflación securitaria se presentó como una oportunidad de salida laboral más o menos estable para miles de personas de las clases populares, en un contexto de creciente precariedad, por lo que se debería estudiar bajo qué formas se podría dar una discusión sobre el presupuesto de seguridad que atienda a posibles contradicciones con los intereses de quienes en definitiva son trabajadores²¹.

La resistencia a la ampliación de los sistemas de seguridad y castigo y la deflación de las atribuciones, responsabilidades e intervenciones policiales es un punto de partida posible para América Latina, porque además puede articular y resignificar luchas que, como se vio, ya están sucediendo desde hace tiempo. Desde el punto de vista de la reducción de las funciones policiales, muchas de las propuestas del movimiento negro de los Estados Unidos resuenan en nuestras realidades: modificar la política criminal para poner fin a las intervenciones policiales en casos de contravenciones y consumo de drogas, crear equipos interdisciplinarios para responder en casos de crisis de salud mental, terminar con las políticas de "control poblacional" que habilitan a las fuerzas policiales a detener y requisar personas como parte de tareas de "prevención", abandonar las políticas criminalizantes y violentas hacia personas en situación de calle, entre otras²².

De la experiencia del movimiento #DefundThePolice se desprende también una lección fundamental: existe siempre el riesgo de que los activismos vayan más rápido que las bases, y entonces se puede producir un desenganche que deja a les activistes girando en falso y expuestes a los señalamientos de la demagogia punitiva en relación con "qué es lo que la gente realmente quiere". En la ciudad de Minneapolis, por ejemplo, los avances en términos de recorte del presupuesto policial, el retiro de la policía de las escuelas y otras iniciativas implementadas en 2020 tuvieron un freno momentáneo cuando en noviembre de 2021 se realizó una consulta popular sobre la posibilidad de realizar cambios más profundos en el departamento de policía de la ciudad: el rechazo a ese proyecto triunfó con un 56% contra un 44% de los votos²³. Si bien las razones del resultado son múltiples y las posiciones en las comunidades negras, heterogéneas, esto fue aprovechado por la prensa conservadora para simplificar y hablar del agotamiento del movimiento #DefundThePolice. Este riesgo de desenganche debe ser tenido en cuenta, ya que en muchas zonas de América Latina la violencia de estructuras criminales con connivencia estatal es un problema central que, al no tener respuesta, tracciona el discurso y la agenda hacia un refuerzo del punitivismo y la expansión del aparato policial. Es importante destacar que los logros del movimiento negro se dieron allí donde existían coaliciones amplias, con años de trabajo y vinculación territorial, y que no solo se activaron ante situaciones extremas o de mayor visibilidad. Como dice la activista negra trans Oluchi Omeoga, del colectivo Black Visions de Minneapolis: "Si no te movés con la comunidad, no estás moviendo a la comunidad"²⁴.

El gesto fundamental que el movimiento negro de los Estados Unidos puede aportar al activismo en América Latina es la posibilidad de articular un planteo de seguridad alternativo al punitivista y racista, que surja desde los propios movimientos de los sectores populares, que corra el límite de lo posible en el discurso de quienes toman decisiones de política pública. Y al hacerlo, imaginar otros modelos de Estado en los que se invierta la tendencia a la inflación securitaria y penal de las últimas décadas, y plantear otras formas de participación y decisión en torno a lo común.

²¹ Por ejemplo, en 2020 la Policía Bonaerense destinaba el 87% de su presupuesto al pago de salarios. Véase G. Carabajal, "Radiografía de la fuerza de seguridad más numerosa de la Argentina", La Nación, 10/9/2020, disponible en www.lanacion.com.ar.

²² Véase, por ejemplo, P. Fernandez (ACLU), "Defunding the Police isn't Punishment…", cit.

²³ "Why voters rejected plans to replace the Minneapolis Police Department — and what's next for policing reform", The Conversation, 4/11/2021, disponible en theconversation.com.

²⁴ Interrupting Criminalization, The Demand Is Still…, ob. cit.