Memoria, verdad y justicia es la tríada que guió al movimiento de derechos humanos en la Argentina desde tiempos de la dictadura y a través de la democracia. La búsqueda de juicio y castigo fue el norte que permitió llegar al Juicio a las Juntas, atravesar los años de impunidad y sostener los juicios por delitos de lesa humanidad a partir de su reapertura. Desde entonces, el país se posiciona en el mundo como el que más logró avanzar en materia de justicia, por la cantidad de hechos probados, responsables individualizados, juicios realizados, condenas dictadas, y de víctimas y familiares que prestaron testimonio y que vieron al Estado admitir su responsabilidad. En definitiva, la sociedad argentina dejó muy atrás el fantasma de la impunidad: aunque aún haya víctimas que esperan y procesos pendientes, se hizo justicia en relación con los crímenes de la dictadura. También es importante reconocer que en el horizonte, marcado por la edad avanzada de los acusados, asoma el final de esta etapa.

Tras cuarenta y siete años de lucha, en los que la búsqueda de memoria y verdad estuvo siempre ligada al reclamo de justicia, aparecen otras preguntas, nuevas generaciones, riesgos, relecturas y reflexiones sobre el camino recorrido y lo que habrá que construir.

Para los organismos de derechos humanos, también es un momento particular y muy sensible por la muerte de muchas abuelas y madres en los últimos años. Con estas despedidas, los organismos de familiares atraviesan la transición entre quienes, con su experiencia directa, sostuvieron el proceso de memoria, verdad y justicia, y les integrantes que se van sumando desde diferentes espacios y generaciones.

Entre las encrucijadas del momento, también debemos sumar los avances de las derechas en el mundo y en la Argentina, porque parte de su embate se organiza, precisamente, contra las memorias.

Las derechas atacan aquellas memorias tejidas en torno a las conquistas y luchas sociales, coordenadas para la acción política. Al impugnar estas memorias, buscan desatar los lazos de esa trama colectiva que se acumula a lo largo del tiempo. Rodolfo Walsh detectó este riesgo y escribió en el periódico de la CGT de los Argentinos:

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece, así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.

Durante muchos años, sostuvimos la creencia de que en la Argentina el sistema político y los acuerdos fundantes de la democracia ofrecían anticuerpos o garantías contra los avances autoritarios de tintes fascistas en el mundo y en la región. Sin embargo, en el mapa social y político local aparecieron y crecieron nuevas figuras de derecha, mientras otros actores conocidos desplazaron su discurso hacia posiciones que creíamos indecibles poco tiempo atrás.

Las ideas de consensos mínimos y de vallas de contención terminaron de estallar en septiembre de 2022, con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner por parte de un grupo de jóvenes influenciades por ideas de extrema derecha cuyas redes y conexiones aún se desconocen. Las reacciones ambivalentes de parte del sistema político, el descreimiento de amplios sectores de la población y, luego, la aceleración de discursos de incitación a la violencia, la represión, el "meter bala" y la idea de involucrar a las Fuerzas Armadas en situaciones de orden interno se precipitaron.

Cuando ocurrió el atentado, nos encontrábamos elaborando este capítulo sobre el momento de la memoria que transitamos. La consternación inicial dio lugar al encuentro, al diálogo, a la acción conjunta. Conversamos con integrantes de la organización Nietes, así como con otres jóvenes y adultes que trabajan con adolescentes, lo que nos permitió pensar con elles sobre la actualidad y los desafíos que se nos presentan.

Un mes después, las salas de cine se colmaron de espectadores que agotaron todas las funciones de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas. Además de la concurrencia, el hecho social incluyó aplausos en momentos claves de la película, como cuando el fiscal Julio Strassera culmina el alegato y pronuncia el histórico "Señores jueces, nunca más". Alto contraste: en medio del escepticismo sobre la vigencia de los acuerdos de la democracia, la celebración colectiva del Juicio a las Juntas demostraba la actualidad del proceso de memoria, verdad y justicia. Pero ¿qué significado tiene esa celebración en el presente?

En esta superposición de encrucijadas históricas, de contrapuntos generacionales y políticos, nos preguntamos: ¿para qué y con quiénes buscamos hacer memorias hoy y en el futuro? ¿Es la misión de la memoria social sostener vivo el recuerdo del terrorismo de Estado como experiencia irrepetible, tal como se ha condensado en la noción de Nunca Más? ¿Se trata más bien de recuperar las memorias de las luchas sociales, de la ampliación de derechos? ¿Qué traen las generaciones crecidas en este siglo, que estudiaron el terrorismo de Estado en la escuela como parte de la historia? ¿Qué consecuencias tiene que la perspectiva de los derechos humanos sobre la última dictadura se haya constituido en verdad oficial e institucional en las efemérides, en los currículos escolares, en la marcación de sitios de memoria? ¿Qué productividad política tienen los acuerdos de rechazo del terrorismo de Estado respecto de las violencias y violaciones de derechos humanos en el presente?

Generación Paka Paka y verdad oficial

Después de 2003, durante varios años en nuestro país se sostuvo la formación de una "generación Paka Paka". Chiques que cada año conmemoraron en la escuela el 24 de Marzo, a quienes en primer grado les leyeron los libros para niñes que habían sido prohibidos por la dictadura, que vieron en la televisión y en las aulas a Zamba, una serie animada en la que les protagonistas visitan los episodios más importantes de la historia argentina. Una generación que creció con la bajada de los cuadros como fin de la impunidad, la memoria de les 30 000, la condena del terrorismo de Estado como discurso oficial y la escuela como un espacio donde recordar.

Desde entonces, los programas educativos, en la primaria y en la secundaria, inhabilitan cualquier cercanía o variante del "algo habrán hecho". Después de grandes esfuerzos y lucha de los organismos de derechos humanos y la sociedad civil, desde 2006 existe una Ley de Educación Nacional que establece que la dictadura debe enseñarse como terrorismo de Estado.

Pero no se trata solamente de los contenidos y proyectos escolares. Fue toda una época en la que la condena al terrorismo de Estado se hizo discurso institucional y oficial, con infinidad de recordatorios, conmemoraciones, sitios de memoria y marcaciones en el espacio público.

El pasado, sin embargo, lejos de ser estanco, cristalizado e invariable, se encuentra en constante disputa. Les jóvenes, protagonistas de las nuevas generaciones, ocupan un espacio central en el debate actual, donde el peso de lo incuestionable en relación con el pasado reciente se ve matizado, en ocasiones, por cierto relativismo que pone en duda lo que fue construido como la historia oficial de su época.

La imposición de una barrera social a formas de negacionismo o relativismo nos permitió construir un piso común, pero esta forma de consagración de la memoria conlleva también riesgos que han sido subestimados. En ciertos escenarios institucionales, como la escuela, instaurar una narrativa oficial implica asumir un rol de "policía de la verdad". Asoma allí el riesgo de un efecto paradojal: la condena al terrorismo de Estado es verdad oficial, línea institucional, en una época en la que aumenta el cuestionamiento a la democracia y a la política por su incapacidad de responder a problemas cruciales de la sociedad.

Las juventudes son intrínsecamente novedosas y rebeldes. Las tendencias a la suspicacia, a la ironía, a la sospecha sobre los discursos políticos pueden teñir también esta posición transmitida como hegemónica sobre el pasado reciente.

Esta verdad, que se construyó con esfuerzo, desde una posición resistente que la lucha del movimiento de derechos humanos le arrancó a la dictadura, que la negaba, se constituyó en verdad indiscutible. Mal que nos pese, "no fueron 30 000" puede ser una posición rebelde frente a un discurso que hoy es oficial. Darle respuesta requiere tener en cuenta también esta dimensión paradójica.

La lucha por los consensos mínimos

Desde la recuperación de la democracia, el proceso de memoria, verdad y justicia se ha ido construyendo por etapas. Diferentes demandas sociales, coyunturas políticas y acciones institucionales le fueron dando forma. Sin embargo, los actores políticos suelen fragmentarlo en función de aquellos aportes que registran como propios. Por simplificar: la Conadep y el Juicio a las Juntas se identifican como un capital del radicalismo y, luego, la reapertura de los juicios y el modo en que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cumplieron las demandas pendientes del movimiento de derechos humanos —y estructuraron su identidad y alianzas alrededor de ese universo— "kirchnerizaron" la causa de los derechos humanos. Esta partidización segmentada del proceso de memoria, verdad y justicia impide un reconocimiento integral y transversal de los logros.

La forma en que se organizan las posiciones del sistema político-partidario respecto de diferentes tópicos del pasado reciente no es lineal. Las variaciones y actualizaciones sobre la teoría de los dos demonios son el ejemplo más clásico de las diferentes perspectivas.

En cambio, si tomamos el eje de repudio a la última dictadura y la demanda de que se haga justicia, tal como se sintetizó en la expresión "Nunca Más", posiblemente aún hoy encontremos allí el mayor denominador común entre las expresiones políticas del país, que abarca las posiciones de las izquierdas, atraviesa las diferentes vertientes peronistas, incluye a la Unión Cívica Radical y a una parte relevante del PRO. Así fue leída la movilización en 2017 de cientos de miles de personas contra el "2x1", un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reducía el tiempo de cumplimiento de las condenas a represores privados de libertad. El amplio espectro social y político repudió esa decisión como un retroceso. A la misma base de acuerdos parece responder, cinco años después, la masiva concurrencia a los cines y los aplausos y reconocimientos que rodearon el estreno de Argentina, 1985.

Pero cuando pensamos en la posibilidad de que esta posición amplia de rechazo al terrorismo de Estado funcione como referencia para establecer acuerdos comunes sobre cuestiones críticas de la democracia, como las violaciones de derechos humanos en el presente, la posibilidad de construir un arco social y político común se escurre. Si en materia de repudio al terrorismo de Estado y reivindicación de la justicia todavía resuena el acuerdo más amplio, la defensa de los derechos humanos en el presente se realiza en franca contrahegemonía.

Tal vez las luchas por las memorias que tenemos por delante pueden sintetizarse en este doble desafío. Por un lado, sostener el máximo acuerdo posible de rechazo al terrorismo de Estado y a cualquier forma de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos. Esto, contra el negacionismo en todas sus maniobras, contra las falacias e ignorancias, contra la relativización, contra el crecimiento de una derecha extrema. Por otro lado, traccionar la memoria condenatoria del terrorismo de Estado para que juegue un papel significativo en el presente, construyendo las bases para la defensa de los derechos humanos que están en juego aquí y ahora.

La vigencia del paradigma

Se insiste en la idea de que hay que recordar para no repetir, pero ese es un imperativo muy esquivo: en los debates concretos del presente no hay claridad acerca de cómo se espera que se apliquen los aprendizajes sobre el pasado. Los mentados consensos comunes tiemblan cuando se los trata de usar como plataforma para el presente.

El pasado es, a su vez, un lugar al que se recurre para conversar sobre el presente. En ocasiones, se rememoran los horrores cometidos por la dictadura para rechazar un acontecimiento actual, se apela al terrorismo de Estado como metáfora para repudiar, por ejemplo, la violencia institucional o antidemocrática. Se trae entonces el pasado al presente, pero el presente asimismo puede llevarnos como látigo al pasado, cuando las repeticiones acechan. En esta banda de Moebius se construyen también las tramas de las memorias colectivas.

Debemos pensar este problema como reversible: el pasado reciente es una llave que puede tanto abrir como cerrar las oportunidades de futuro. Si la dictadura se convierte solo en objeto de museo y conmemoración oficial mientras las derechas avanzan, significa que hemos realizado nuestra tarea a medias. La memoria social debe seguir haciendo su trabajo a contrapelo.

Por otro lado, es crucial que la reflexión crítica sobre nuestro pasado reciente se oriente también a inspirar las acciones del presente. El consenso antidictadura y antiimpunidad debe servir para poner límites al ejercicio de la violencia de Estado en democracia.

La sociedad argentina mantuvo vigente el paradigma de los derechos humanos como referencia central del ordenamiento político posdictadura: la Conadep y el Juicio a las Juntas lo fortalecieron. Contribuyeron a reforzar este imaginario la potencia de las luchas para reabrir los caminos de la justicia y la memoria durante los años en los que imperaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, el posterior reconocimiento estatal al lugar de los organismos de derechos humanos en la sociedad y el cumplimiento de gran parte de su agenda histórica durante los gobiernos kirchneristas. Este paradigma llegó a su cénit mientras comenzaba a levantarse un viento de frente que hoy lo confronta.

Actualmente, las derechas atacan la perspectiva de derechos humanos a nivel global, al mismo tiempo que hacen uso de su lenguaje, estrategias e instituciones para vaciarla de sentido. En nuestro país, se han propuesto debilitar la legitimidad de los organismos de derechos humanos como actores de la vida social y política. Arremeten contra sus posicionamientos, que acusan de sesgados, autoritarios, garantistas, revanchistas. Impugnan a los partidos tradicionales, que son los que mantienen un compromiso con el rechazo al terrorismo de Estado.

Su posición es paradójica, puesto que dicen luchar contra la hegemonía cultural de los derechos humanos desde una posición que solo retóricamente puede presentarse como contrahegemónica. El mundo es de derecha: la economía, la política, las sociedades se ordenan bajo ese paradigma y es el capitalismo más crudo el que rige.

En este presente, la posición central de los derechos humanos en la escena democrática se encuentra amenazada, y las organizaciones que somos parte de este campo nos debemos una reflexión crítica sobre nuestra praxis luego de más de cuatro décadas de lucha. Acostumbrades a dar pelea desde posiciones marginales durante muchos años, hemos perdido músculo en las últimas décadas en que la institucionalidad respaldó en gran medida nuestras demandas y contribuyó a convertirlas en política pública. Pero esos músculos están ahí y pueden fortalecerse en el reencuentro con las luchas y resistencias del pasado y del presente. Construir memoria es, después de todo, no olvidar cómo lo hicimos y pensar de manera colectiva cómo hacerlo una vez más.