La Argentina es el país de América Latina con mayor población de habitantes nacides en el extranjero: 2,3 millones de personas que, en su mayoría, provienen de países vecinos¹ y viven en la CABA y el Conurbano bonaerense.

La legislación que rige la política migratoria se modificó a la par que lo hacía la composición de la población migrante. Desde 2004, está vigente en el país una normativa migratoria reconocida a nivel internacional por su perspectiva de derechos humanos. La Ley 25 871 de Migraciones y su Decreto Reglamentario nº 616/2010 establecieron la regularización migratoria como una obligación del Estado, el acceso a la justicia y el debido proceso en todo trámite de expulsión o detención por razones migratorias y la eliminación de las distinciones en el acceso a derechos entre argentines y extranjeres. En los últimos años, el espíritu de esta ley se vio amenazado y llegaron a concretarse algunos retrocesos. El más grave se dio con el DNU 70/2017, que criminalizó a las personas migrantes y violó las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, a la unidad familiar y la libertad ambulatoria de esta población. Este decreto fue finalmente derogado en 2021, aunque algunos de sus efectos continúan.

En materia de participación política de migrantes, la Ley de Migraciones indica que queda regulada por leyes electorales específicas según la jurisdicción de que se trate. Entonces, qué pasa si una persona migrante quiere votar? ¿Cuántos espacios políticos están abiertos a les migrantes que desean militar o ser activistas? ¿A quiénes pueden representar? ¿Cómo opera el racismo en la participación política? ¿Por qué une migrante querría participar en la escena política de un país al que migró? ¿Por qué no?

¹ Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Tendencias recientes de la migración en las Américas, Buenos Aires-San José, OIM, 2022.

Derechos electorales

En la Argentina, la posibilidad de votar y ser votade de les migrantes varía según las jurisdicciones, porque depende de cómo se combinen en cada caso las leyes electorales.

Los cargos provinciales y nacionales —presidente, gobernadores, legisladores, diputades— y el cargo de intendente solo pueden ser ocupados por personas nacionales o nacionalizadas. Y únicamente en Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, les migrantes pueden ser elegides para cargos municipales. En la mayoría de las provincias, les migrantes pueden votar solo en la elección de cargos municipales, y en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y La Rioja pueden elegir cargos provinciales —gobernadores y jefe de gobierno—. En Formosa, no pueden votar. La situación más restrictiva ocurre en el nivel federal: les migrantes que no se nacionalizan no pueden votar en las elecciones presidenciales ni en las legislativas nacionales. En suma, toda la normativa que define el alcance y contenido de los derechos migratorios y las facultades de expulsión del Estado dependen del gobierno federal y es justamente de ese ámbito del que están excluides por completo.

Otro factor importante para la participación política de les migrantes es la forma de inscribirse en el registro electoral. Salvo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, el empadronamiento no es automático. Esta situación les fuerza a lidiar con la burocracia y los requisitos de registro que muchas veces no conocen, lo cual incide de manera negativa en la participación. En los distritos donde se estableció el empadronamiento automático, el peso de les migrantes en el padrón se modificó. Solo para dar un ejemplo, en la CABA pasaron de conformar el 1% del padrón total a representar el 14% en las últimas elecciones.

El crecimiento del peso relativo de les migrantes en el padrón electoral puede tener efectos en el interés y el involucramiento de esa comunidad. De hecho, en la CABA, cuando se implementó el empadronamiento automático, el número de votos emitidos creció casi nueve veces (de 8965, en 2019, a 79 128, en 2021)². Habrá que ver si este crecimiento les transforma en un sector de la población tenido en cuenta en las campañas electorales.

² Defensoría del Pueblo CABA y Red de Investigaciones en Derechos Humanos, Informe diagnóstico sobre las dinámicas de participación político-electoral de la población migrante residente en la CABA en las elecciones de 2021, Defensoría del Pueblo, 2022, disponible en es.calameo.com.

Mujeres, migrantes y referentas populares

María Alva es peruana y, desde 2021, concejala en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda y referenta del barrio en el que vive, Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires. La primera vez que la escuchamos fue en un evento organizado por el Frente Patria Grande, en Avellaneda, para discutir la importancia de que les migrantes se involucren activamente en la política e intercambiar sobre las mejores estrategias para lograrlo. Arribó a la Argentina en 2009 junto con sus dos hijos, buscando mejores oportunidades como la mayoría de quienes migran. Desilusionada con la política de su país, al llegar empezó a trabajar en un supermercado. Luego de ponerse en pareja, se dedicó exclusivamente a las tareas de cuidado. Su primer vínculo con la política fue a través de una conocida, también peruana, que le sugirió acercarse al Frente Popular Darío Santillán, donde ella trabajaba de cocinera. La organización apareció, en ese primer momento, como una opción para asegurarse un plato de comida al día y como lugar de encuentro con otres. Con el tiempo, también María Alva empezó a hacer tareas de cocina. Y a su vez, contra su propio pronóstico, por primera vez participó en asambleas y formaciones políticas.

María habla de su experiencia en el Frente como una bisagra en su vida: "Fue un proceso para mí, de meterme y estar en la política. Aquí es donde yo aprendí con las compañeras y compañeros a dar respuestas a pulmón en los barrios en los que estábamos, sin estar dependiendo del Estado". María fue involucrándose y creciendo cada vez más dentro de la organización. Participó de marchas y manifestaciones, y viajó a Brasil a una formación latinoamericana durante dos meses que recuerda como una experiencia transformadora: "Eso me hizo cambiar bastante, y vine con mucha pila de allá, enamorada de la política como herramienta transformadora que ayude a cambiar la situación de cada vecino en el barrio donde estábamos".

A partir de 2016, desde el Frente Popular Darío Santillán María empezó a involucrarse más en la coyuntura y en el escenario político. Se convirtió en referenta de la organización en su barrio donde convocó asambleas barriales para discutir sobre el hambre y la desocupación. En 2019, siendo ya una referenta consagrada del Frente, se lanzó como precandidata a concejala en Avellaneda.

La historia de Dina Sánchez tiene varios puntos de coincidencia con la de María. Sin ninguna experiencia previa en la política de Perú, Dina es hoy secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), una organización con reciente reconocimiento gremial. Ella también llegó al Frente Popular Darío Santillán cuando se quedó sin trabajo en 2010. Empezó trabajando en el comedor y, al igual que para María, la asistencia y la participación en las asambleas fueron el inicio de su formación política. En sus palabras: "Dentro de la organización nos manejamos por la asamblea. A mí me empiezan a involucrar porque en las asambleas participaba y hablaba mucho sobre la coyuntura, porque estaba reenterada de lo que pasaba por que leía y veía muchas noticias. […] Vos no podés obligar a nadie a militar, pero en las asambleas las personas empiezan a ser conscientes, la militancia sale de las asambleas".

Para Dina y María, la organización y la militancia son espacios de contención social y emocional donde comparten historias, trayectorias y sentires comunes. Todo esto independientemente de la nacionalidad y, por el contrario, atravesado por un marcado sentimiento de unión, por la idea de la Patria Grande. A través de su participación generan un vínculo político y social que les permite desarrollarse histórica, social, personal y políticamente como mujeres referentas.

Límites simbólicos a la participación

Además de los obstáculos formales que existen en el ámbito político-electoral, la trayectoria política de les migrantes está marcada por otros límites, menos tangibles pero igualmente coartadores.

Aunque sea a paso lento, las voces de lo afro y lo marrón van resquebrajando el imaginario de la Argentina blanca y europea. En las últimas décadas, el activismo afrodescendiente ganó lugar en el debate público dejando ver que la idea de homogeneidad de nuestra composición étnica y racial no se corresponde con la realidad histórica —ni la actual— de nuestro país. Por su parte, el Estado argentino se hizo eco de estos reclamos y, en el último tiempo, diseñó y ejecutó políticas y espacios para combatir la invisibilización de las voces no blancas y el racismo estructural. Así, se creó la Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiadas y la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina³.

Aun así, el carácter incipiente de un posible cambio de paradigma se deja ver en los relatos de algunas de las personas entrevistadas para este capítulo, que todavía notan ciertas resistencias y reacciones.

Daniela es brasileña, feminista y negra. Llegó a la Argentina hace cinco años y trabaja en la subsecretaría de un ministerio en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Milita en el Coletivo Passarinho, una organización de migrantes que surge como una propuesta ética, artística y cultural con principios antirracistas y de izquierda, en reacción al proceso que condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La mayor militancia de Daniela es contra el racismo y las opresiones que generalmente se dan en mujeres negras, pobres y lesbianas. "Empecé a militar en la Fundación Micaela, dando capacitaciones sobre la ley homónima. Es una ley muy importante, pero no abarca la cuestión racial. Tuve el respaldo de la Fundación para empezar a meter este aspecto. ¿Cómo se habla de interseccionalidad, si no se va al fondo? Las mujeres afro ya vienen hablando de la interseccionalidad, es muy común escuchar hablar de interseccionalidad de clase y género, pero muchas veces no hablan de la raza. Mi inserción en la Argentina es con el objeto de intentar meter la cuestión racial en todos los espacios".

Daniela sugiere que no hay obstáculos cuando se comporta como una "buena migrante", pero todo se vuelve más difícil cuando alguien externo, une migrante, muestra las carencias: "Es difícil que un migrante venga a decirles que está mal algo que están haciendo. Pasa por la cuestión de xenofobia, no quiero decir que son todos xenófobos. Mientras estás, te quieren usar siempre como florero: necesitamos una negra para la foto, un LGBT, si te portás bien bien, pero para la foto, porque no te dejan usar el espacio político. Podés estar en el espacio político, pero no acceder al poder en el espacio político". Las historias que componen este capítulo podrían leerse como las de migrantes que "rompieron el techo de cristal", pero sus trayectorias no estuvieron exentas de obstáculos relacionados con su condición migrante. Como representante de les habitantes del municipio de Avellaneda, María fue cuestionada más de una vez sobre la legitimidad de su representación. Por su lado, Dina dice haber sido víctima de los típicos prejuicios y estereotipos que se sustentan en la —falsa— idea de que la presencia de migrantes en el país pone en peligro los puestos de trabajo de les nacionales, o que hay un vínculo entre les migrantes y el tráfico de drogas. La mayoría de estos ataques comenzaron a surgir a medida que ella fue creciendo dentro de la UTEP y su figura fue tornándose cada vez más pública.

Ambas referentas argumentan que esos comentarios no tuvieron mayores consecuencias en sus trayectorias, porque entienden que su rol no está limitado por su nacionalidad. En su trabajo político, ellas están representando la voluntad y defendiendo derechos de colectivos que albergan tanto a nacionales como a migrantes. En palabras de María: "La verdad es que yo no me siento nacional, siempre tuve algunas diferencias con personas que me decían qué hacía acá, queriendo llevar la voz de lo que no soy, porque yo pertenezco a otro país. Yo les decía: 'Pero yo no llevo la voz de un pueblo que no me representa, sino la voz de los vecinos que son argentinos'. En este barrio somos de todas partes, no estamos mirando la nacionalidad".

³ E. Adamovsky, "La agonía de la Argentina blanca", Anfibia, 2021, disponible en www.revistaanfibia.com.

Nacionalidad y ciudadanía

Las distintas aristas que identificamos en la relación entre política y migración nos ofrecen datos sobre el estado de nuestra democracia y sus límites.

La normativa electoral tiene como consecuencia que, en la Argentina, ciudadanía y nacionalidad están homologadas. Esto implica que si une extranjere quiere gozar de una ciudadanía amplia debe, primero, renunciar a su condición de migrante.

El reclamo de poder votar es común a las entrevistadas. La elección de representantes es la culminación de un proceso de participación política que, en el caso de les migrantes, queda trunco. Dice Daniela: "Estoy acá, vivo acá, formo parte de esta sociedad que elegí para vivir, estoy contribuyendo. Para mí el voto es importante para eso, es una contribución que uno tiene de forma más directa".

Dina, por su parte, lo deduce como una consecuencia lógica de su decisión de vivir en la Argentina, un derecho que debería devenir de su participación cotidiana en la sociedad. "Claro, decime si no tenemos nosotres derecho a votar y elegir a nuestro presidente. Sí, porque somos parte de todo, de este país, de la economía. Cuando hablamos de Patria Grande hay gente que no lo dimensiona. Esta es la Patria Grande, América Latina se viene abrazando hace años y debe estar representada por toda la Patria Grande, y debemos tener los mismos derechos".

La posibilidad de participar del proceso representativo es tan fundamental para la integración de las personas migrantes como acceder a un empleo, a los sistemas de salud y educación. Desde 1984 hasta ahora, se presentaron 7 proyectos de ley para reconocer el derecho de les extranjeres a participar de las elecciones presidenciales. Que ninguno haya prosperado nos habla de la falta de voluntad de los partidos políticos para interpelar e incluir a les migrantes en la vida democrática electoral del país y nos muestra que los esfuerzos por ampliar, difundir e informar a les migrantes sobre sus derechos políticos son escasos.

Sin embargo, casos como los de María Alva, Dina y Daniela revelan situaciones en que la participación migrante ya se da. La democratización de los derechos políticos completaría el círculo de la representación: votar y ser elegide. A su vez, complejizaría la agenda política permitiendo que sus reclamos lleguen de forma más directa. Como señalan Ana Paula Penchaszadeh y Lourdes Rivadeneyra, "los derechos políticos son "derechos de derechos" cuyo reconocimiento conlleva la posibilidad de hacer funcionar el conjunto de resortes de la democracia representativa; permiten cuidar y garantizar los derechos ya adquiridos y habilitar nuevos canales institucionales para luchar por nuevos ámbitos legítimos de acción" . Para Dina esto es claro: "Tiene que haber compañeros migrantes. Si no somos protagonistas, no podemos avanzar en derechos".