A lo largo de todo el arco político se repite: "Hay que transformar los planes sociales en empleo", pero a más de veinte años del estallido de 2001 no hay mercado laboral formal ni Estado que ofrezca un salario a fin de mes para todes.

¿Qué hacer cuando el mientras tanto se transforma en la nueva normalidad? La organización popular genera alternativas. Desde lo más profundo de la desigualdad surgió un movimiento novedoso que pasó de revolver las cenizas rescatando cartón y plástico a convertirse en un movimiento potente de trabajadores y trabajadoras que inventaron su propio trabajo y una nueva forma de gestión, como salida de la explosión ocurrida en la Argentina en 2001. El modelo neoliberal colapsó: arrastró a los sectores populares y las clases medias; sembró el desempleo, el hambre, la violencia y una indiferencia que marcaba el ritmo de la sociedad ante un Estado roto que no permitía vislumbrar ningún soporte. Esos fueron los factores que operaron como big bang del desesperado surgimiento de les cartoneres.

Pasaron veinte años en los que el movimiento transformó la necesidad en organización para inventar un modo de subsistencia que hoy inevitablemente es una forma de trabajo. Pero ¿cómo seguimos? ¿Cómo se posiciona el Estado ante una demanda por mayor reconocimiento y formalización laboral? ¿Cómo se posiciona el mercado frente a esta disputa?

¿Y qué responsabilidades van a asumir estos actores ante la gestión ambiental? ¿Será la organización la que una vez más tenga que inventar el camino?

Nadie nace cartonere

En 2001, Sergio Sánchez tenía un empleo formal: trabajaba todos los días para una pyme que hacía tareas de mantenimiento en barrios privados en la zona sur del Gran Buenos Aires. Antes de que terminara ese trágico año, se quedó sin trabajo abruptamente, y los gastos fijos de su numerosa familia seguían un ritmo imposible de alcanzar. La urgencia de su situación, como la de tantes otres, lo llevó a apuntar a la basura como una suerte de fuente múltiple de aprovisionamiento: alimentos, ropa, objetos que pudieran revenderse o intercambiarse por otros. Pequeños tesoros en las sobras. La devaluación encarecía las importaciones y, a la vez, aumentaba la demanda y el precio de materiales reciclables como el papel, el cartón y el plástico. Juntar estos materiales se presentaba como una opción para salir del paso, que, además, se podía hacer de forma independiente. En 2002, eran muches les que salían a la calle con esa idea y también muchos los problemas con que se encontraban a diario.

Masticando el hostigamiento policial, debieron incorporar a la cotidianidad de su labor juntar plata para que la Bonaerense les dejara cruzar a la ciudad y luego lo mismo para que la Federal les permitiera volver al Conurbano; sortear los controles vehiculares que exigían autorizaciones y trámites específicos propios del transporte de carga; esquivar la preocupación repentina y selectiva por los derechos de los animales, lo que implicaba la pérdida de la ayuda de los caballos para trasladar lo recolectado ante la falta de vehículo o carro; así, las distintas intervenciones "de rutina" de las fuerzas policiales se colaron en la travesía diaria de les cartoneres, que muchas veces terminaba con algune detenide y la recolección del día secuestrada.

Juntar cartón, revisar los desperdicios en un basural, subirse a un camión en mal estado y en movimiento, empujar durante kilómetros un carro que supera ampliamente el propio peso, al rayo del sol, en pleno invierno o bajo la lluvia. En otro plano de los riesgos e injusticias, son repetidas las historias de accidentes, fallecimientos, e incluso compañeras y también niñes que fueron abusades en las largas jornadas de recolección. A María Castillo, cartonera y hoy directora nacional de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, todavía le duele la cadera en días de humedad por el accidente que tuvo hace más de diez años al caerse de un camión en movimiento y del que se salvó solo por suerte. María empezó a juntar cartón desde muy joven. Su compañero arrancó la actividad porque había perdido su trabajo como estibador en el Mercado Central cuando ya tenía dos hijos chiquitos, en el 2000; después María se sumó a la familia de él, que ya recolectaba residuos. Al principio lo hacían a pie, realizaban lo que llamaban "bolsear": juntar en bolsas solo el papel blanco, que es el que tenía más valor. Por las noches, volvían a Fiorito en colectivo con las bolsas llenas. Después de un tiempo, consiguieron una camioneta prestada con la que iban a la zona de oficinas en el barrio de Congreso. Muches se conocían de compartir las calles, de la vuelta al Conurbano, de las discusiones con la policía y también de las comisarías. A partir de este contacto cotidiano, se gestó cierta comunidad y se concretaron las primeras asambleas, a la vez que se organizaron encuentros en las plazas para pensar, en un principio, cómo evitar la persecución policial. A la par, la suegra de María, Mirta Franco, organizaba meriendas para les cartoneres y así conoció a quien sería fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois.

Fueron las asambleas entre compañeres las que les permitieron empezar a pensarse como trabajadores y, como tales, reconocer sus derechos y entender que había que cambiar las reglas del sistema para ejercerlos. A su vez, advirtieron que organizades partían de mejores condiciones para negociar el valor de su trabajo, tanto ante el sector público como ante el privado. Así, en 2002 nacieron distintas organizaciones que le dieron vida y forma al trabajo cartonero. Entre ellas, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, integrado también por trabajadores de cooperativas de otras ramas de la economía popular como la textil, la agricultura familiar y vendedores en la vía pública. En ese entonces apareció la figura de la cooperativa de trabajo que, sin ser la ideal, se constituyó en el sector como la herramienta jurídicamente viable para negociar de manera colectiva con los distintos niveles del Estado. Con el tiempo, se impulsaría la creación de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que hoy integra la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), entidad que representa institucionalmente a las cooperativas de cartoneres de todo el país y da forma a la agrupación de cartoneres más grande de América Latina.

Desde entonces, la cantidad de personas que juntan materiales reciclables no dejó de aumentar. El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) contó en febrero de 2022 casi 3 millones de trabajadores del sector registrades en todo el país¹. En ese registro, las personas inscriptas en tareas de "recuperación, reciclado y servicios ambientales" llegan a 118 002. El 45,4% de les trabajadores vinculades a las tareas de reciclado se concentra en la provincia de Buenos Aires. El 54,8% trabaja de manera individual y el 45,2% lo hace de forma colectiva: 18,9% integran cooperativas, y 17,7%, organizaciones comunitarias/sociales. En 2018, dos tercios de esta población eran varones, y un tercio, mujeres². Pero estos datos, según las organizaciones, no terminan de contemplar a todo el universo de una población que creció con la pandemia y se sigue engrosando con la inflación y la suba del precio de los alimentos de estos últimos años³.

Para el 75% de las mujeres que se dedican a la recolección de residuos, el cartoneo fue el primer trabajo fuera de la casa⁴. Las cartoneras, como sus compañeros, tiran por igual de los carros de 300 kilos o más. Sobre sus cuerpos, sin embargo, recaen mayores exigencias porque todavía sostienen las tareas de cuidado en sus hogares: llevan la carga mental y física que implica la crianza de sus hijes en el día a día. Con un recorrido similar, María Castillo fue la primera cartonera que se convirtió en funcionaria pública. Jacqueline Flores, dirigenta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y hoy también subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, destaca que uno de los desafíos de la organización sindical fue poner a las mujeres a la cabeza, correrlas del lugar exclusivo de sostener los territorios⁵. Mientras tanto, el reconocimiento formal del trabajo que desarrolla el sector es la deuda pendiente también para alcanzar mejores condiciones de igualdad entre mujeres y varones.

Sergio Sánchez fue durante ocho años presidente de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros y ahora se encuentra a cargo de la Faccyr. Tiene un celular que suena las 24 horas los 365 días del año y dice que esa es la forma de conocer y atender los problemas de la gente. Por eso cuenta que la "agenda social de la inclusión" va mucho más allá del trabajo. En estos años, a las clásicas ollas populares, más demandadas que nunca en la pandemia, se sumaron la conformación de guarderías, como condición de posibilidad del trabajo de les cartoneres con hijes; la recolección, división y asignación de donaciones de distintos artículos de primera necesidad; el tejido de redes de contacto para ofrecer asistencia técnica ante demandas administrativas y/o judiciales, o médica y social ante problemas de salud y de consumos problemáticos; incluso la asistencia funeraria, para acompañar en las muertes a quienes la falta de recursos les significaría no poder despedir a sus seres querides; y en casi todos los casos, la escucha: para Sánchez, que tuvo la indiferencia y la soledad de frente, es esencial lograr que sus compañeres encuentren recíprocamente en la organización a personas que estén dispuestas a escuchar sus dolores y preocupaciones.

¹ Renatep, Características laborales y productivas en la economía popular. Informe abril 2022. Datos a febrero 2022, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/informe_-_renatep_-_abril_2022.pdf.

² Según un relevamiento de la Faccyr, citado en A. Bertellotti y A. Cappa, Recuperación de residuos sólidos y urbanos. La rama "carto- nera" de la economía popular, Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp), 2021, disponible en library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/18232.pdf.

³ "En los últimos seis meses se multiplicó la cantidad de personas que se dedica al cartoneo", elDiarioAR, 20/3/2022, disponible en www.eldiarioar.com.

⁴ A. Bertellotti y A. Cappa, Recuperación de residuos sólidos urbanos, ob. cit.

⁵ "Hacia atrás no volvemos ni para tomar impulso", la tinta, 17/2/2020, disponible en latinta.com.ar.

El negocio de la basura

Si pensamos en una actividad vital para la vida de un municipio, enseguida se nos aparece la recolección de basura. La higiene urbana es una preocupación central de les vecines; puede ser una fuente laboral para muches y un negocio para algunes. Al inicio de su carrera política, Mauricio Macri lo dijo con claridad: "Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura"⁶. Sabía perfectamente de qué estaba hablando; una década antes de ser intendente, una empresa de Socma, el grupo económico de su familia, ya era la encargada de recolectar la basura de les porteñes bajo el simpático nombre de Mantenga Limpia Buenos Aires (Manliba), que había conseguido —no sin polémica— la extensión del contrato de recolección bajo la intendencia de un hombre formado en el holding Macri, Carlos Grosso.

Les cartoneres van a juntar la basura a la CABA porque es allí donde se concentra el mayor movimiento laboral, de oficinas y actividad comercial, y donde los desperdicios tienen mayor calidad. Lo que juntan es lo que se puede vender a alguien. Ese alguien suele ser un intermediario que presta el servicio de adelantar parte de un pago a quien recolecta. Este intermediario, a su vez, vende el material a un intermediario mayor, o directo a una fábrica; a veces con algo de valor agregado si el material se compacta. Por último, la fábrica produce algo con estos materiales, dependerá de si se trata de cartón, vidrio, plástico, etc. Uno de los primeros logros organizativos fue que el trato con cada intermediario no fuera individual sino colectivo. Incluso, desde la negociación colectiva había más chances de que las empresas reconocieran a las cooperativas de cartoneres como intermediarias, salteando así el rol de los intermediarios clásicos.

La coyuntura de 2003 a 2005 modeló el futuro de la organización cartonera, la relación con la actividad de recolección y reciclado, y la relación con el Estado. Les cartoneres se organizaron y luego de un fuerte proceso de movilización y lucha lograron reducir el trato discriminatorio y el hostigamiento policial mediante la legalización de la actividad. Estos procesos de lucha se reflejaron en una serie de cambios normativos relevantes en la CABA: en 2002 se sancionó la Ley 992, que legalizó la actividad y dio por tierra con las antiguas ordenanzas vigentes desde la última dictadura, que disponían el entierro de la basura en los rellenos sanitarios y prohibían la recolección individual. Luego, en 2005 se sancionó la Ley 1854 de Basura Cero, que dispuso la reducción progresiva de residuos sólidos, priorizó a les recuperadores urbanos y creó un registro para elles. En esta ley fue importante la incidencia de la organización ecologista Greenpeace, que buscaba respuestas ante el colapso de los rellenos sanitarios y la cantidad de basura que terminaba en el Ceamse. La ley también terminó por reconocer la labor de les cartoneres. Finalmente, entre 2006 y 2007 se crearon las primeras plantas de clasificación entregadas por el Estado local a las cooperativas en comodato. Desde entonces, la organización de les cartoneres ganó en calidad y en masividad. Mayor institucionalización (a través de la creación de registros estatales), algunos reconocimientos económicos (becas, convenios) y mayor infraestructura (camiones propios, lugares de acopio) caracterizaron un período de fortalecimiento y expansión. El despliegue y el crecimiento de la organización permitió, por ejemplo, dividir la ciudad por zonas. Se empezaron a prestar dos servicios: "grandes generadores" y el servicio "puerta a puerta". Los primeros trabajaban en un supermercado o un shopping, de donde se retira mucha cantidad de material; la segunda modalidad es la que nucleaba a más cartoneres. Algunas cooperativas muy pequeñas se concentraban en los grandes generadores y las más masivas hacían ambas. Para eso, se usaban camiones que a la mañana iban al supermercado y a la tarde llevaban los carros de cartoneres.

⁶ "A los recolectores informales de basura los vamos a sacar de la calle", La Nación, 27/8/2002, disponible en www.lanacion.com.ar.

La disputa del commodity

El reciclado de basura, además, es una actividad rentable. Con la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso en 2002, aumentó el precio de las cosas. Un dólar más caro incentiva que se profundice el reciclado y que haya mucha gente dispuesta a revolver la basura. Sin embargo, un tipo de cambio alto beneficia a la industria pero no derrama necesariamente al que cartonea, porque sus ingresos no alcanzan para la reproducción inmediata de la vida, que también se encarece con las devaluaciones.

Una planta que convierte la pulpa de cartón en una bobina puede medir 300 metros de largo. Hablamos de grandes fábricas con máquinas igual de grandes y pesadas. Son los protagonistas de la industria de la celulosa, un commodity internacional. De ahí se desprende que las grandes empresas tengan mayor incidencia sobre el precio de mercado. Durante la presidencia de Mauricio Macri, se flexibilizaron las condiciones y los controles para la importación de basura, algo prohibido por la Constitución de 1994, gracias a un trámite que contribuyó a simplificar la entonces Secretaría de Ambiente a cargo de Sergio Bergman. La Federación de cartoneres cuestionó la medida que anteponía el rendimiento económico a las medidas de protección ambiental, porque sospechaban que las empresas usaban el mecanismo de importación para "planchar" el precio interno. Algo similar, con otra excusa, ocurrió más tarde, durante la gestión de Matías Kulfas al frente del Ministerio de la Producción en el gobierno del Frente de Todos. Las importaciones de cartón crecieron primero con el telón de fondo de la pandemia. Mientras les cartoneres no podían salir de sus casas por las medidas de aislamiento, la cantidad de cartón importado por la industria se mantuvo en los niveles que había alcanzado en el gobierno de Cambiemos, privilegiando una vez más el costo del material por sobre el trabajo de recuperación de residuos de las organizaciones sociales. Solo se frenó esta importación por la sangría de dólares que empezó a afectar la salud de las reservas del Banco Central.

Les cartoneres no ponen el centro de la crítica en las empresas sino en el rol del Estado. Es racional desde el punto de vista del negocio importar más barato, porque las operaciones hoy son al dólar oficial. A veces incluso es más económico un flete desde el sur de Brasil que desde el norte argentino. Hablamos de grandes empresas que necesitan toneladas de cartón, barcos llenos. En la Argentina, la industria del cartón es subsidiaria de las empresas alimentarias. Como sucede con otros rubros concentrados de la economía, el Estado puede equilibrar una relación asimétrica. Para eso, les cartoneres demandan mejorar las condiciones de trabajo, de producción y de comercialización. En la actualidad son varios los municipios que incorporan a las cooperativas de cartoneres a sus esquemas porque no solo se trata de fuentes de trabajo, sino de la posibilidad de bajar los costos del top tres de las principales competencias municipales: la recolección de basura.

Alejandro Valiente, del equipo técnico de la Faccyr, apuesta a que la organización tiene que lograr una provisión de cartón reciclado de gran caudal, constante y de calidad. Pero para que eso ocurra es clave asegurar mejores condiciones de recolección, maquinaria para compactar y vehículos para trasladar el material recuperado.

El ambientalismo es con la gente adentro

María Castillo estudia la Licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Lanús. No es una excentricidad para una referente de la economía popular si pensamos en la frase que el abogado ambientalista Enrique Viale repite una y otra vez: "Los mapas de la contaminación coinciden con los mapas de la pobreza"⁷ , cuestión que se ve con claridad en el Conurbano: ahí, en la intersección entre los basurales a cielo abierto y los barrios empobrecidos. El 35% de los residuos que generamos en la Argentina no tiene una disposición final controlada y termina en los 5000 basurales que existen en el país o en otros espacios sin regulación. Los basurales emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera y afectan los recursos naturales como el aire, el suelo y el agua. Además, son focos de contaminación que producen serios riesgos para las poblaciones e inhumanas condiciones de trabajo para quienes recolectan residuos. La Argentina tiene los niveles de recuperación de residuos más bajos de la región, solo un 6% de la basura se recicla. El movimiento de cartoneres en todo el país hace un aporte significativo para mitigar el impacto del cambio climático y, ante un panorama desolador, recupera más de 10 000 toneladas por día. Eso genera un ahorro de 9,5 millones de CO2, que se suman a otros 232,5 millones de CO2 por evitar la quema en basurales⁸ .

La misión ambiental no estaba presente en el origen de la organización cartonera, pero surgió a la par que comenzaron a advertir los diversos alcances de su trabajo. El área que dirige María, que tiene sus oficinas a dos cuadras de donde solía cartonear veinte años atrás, tiene como objetivo fomentar políticas de reciclaje que permitan disminuir el impacto ambiental que los residuos generan, dando prioridad al rol de les recuperadores y principalmente mejorando sus condiciones de trabajo y su calidad de vida. Argentina Recicla es el programa que, a partir del trabajo de les recuperadores, busca llegar a los más de 780 municipios que aún no cuentan con un sistema de gestión de la basura. Las acciones imprescindibles pero no obvias para muchas jurisdicciones son: separar los residuos en origen, organizar rutas de recolección con les cartoneres de ese municipio, construir plantas de reciclado con maquinaria que permita la clasificación y compactación de los residuos para poder acondicionarlos y venderlos a la industria.

Alejandro Valiente diferencia el "ecologismo careta", que impulsa acciones de reciclado con empresas privadas y esconde a les recuperadores en galpones, de las acciones que buscan la transformación social con el trabajo de les cartoneres. A este último plan se suma Lucía Kompel, referente de la expresión local de la organización internacional Jóvenes por el Clima. La versión argentina de la militancia juvenil contra la crisis climática global ubica en un lugar central a las poblaciones vulnerables y remarca que no podemos pensar en un escenario de justicia ambiental que no vaya de la mano de la justicia social. Para eso, proponen una agenda: "El ambientalismo popular es con la gente adentro y enfocado en derechos humanos básicos. Es fundamental conectarse con las organizaciones. Nosotros nos sumamos a su recorrido para promover cambios que respeten el medio ambiente a partir de la inclusión social". Lucía plantea que estas agendas se ven con claridad en un proyecto como el que propone la Ley de Envases, que al momento de esta publicación ya habrá perdido estado parlamentario.

La basura es un negocio para privados que es financiado por el Estado y a la vez representa un costo para este, que además tiene que gestionar el reciclado. La iniciativa de la Ley de Envases dispone que el productor que pone un envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida sobre el objeto que lanza al mercado. Entonces, el proyecto establece que quienes producen envases paguen una tasa de hasta el 3% del valor del producto (de acuerdo con variables como cuán reciclable es el envase, si tiene menor impacto ambiental, etc.). La recaudación tendría como destino fortalecer a las cooperativas de cartoneres, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización y sacar a más cartoneres de la informalidad. Pero el lobby de las empresas involucradas es fuerte y cuenta con el apoyo de una gran porción de legisladores que sostienen que la iniciativa en realidad se trata de un impuesto que aumentará los precios para les consumidores finales⁹.

Jóvenes por el Clima pone el ojo en la idea de la economía circular, como un modelo económico que piensa el diseño y la fabricación de los productos, contempla su ciclo de vida, prioriza el uso de recursos renovables y la recirculación de los materiales para conservar la materia y la energía, y evita o reduce la generación de residuos. Pero allí todas las partes tienen responsabilidades: el Estado, el mercado y la sociedad en conjunto. "Un ambientalismo que solo pregona el cambio de pautas de consumo individual para la protección del medio ambiente logra tanto como quien tapa el sol con la mano", remata Lucía.

⁷ G. Cichello, "Los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la contaminación ambiental", Diario Registrado, 13/8/2020, disponible en www.unter.org.ar.

⁸ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Desarrollo Social, Guía para la implementación de la gestión integral e inclusiva de residuos, disponible en www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/guia_para_la_implementacion_giirsu_24_feb_2022.pdf.

⁹ K. Micheletto, "Ley de envases: peligra su tratamiento", Página/12, 29/11/2021, disponible en www.pagina12.com.ar.

Eso que llaman planes es trabajo mal remunerado

Desde su conformación, la economía popular no dejó de crecer. Las necesidades no dejan de aparecer, pero en estos tiempos no necesariamente se cristalizan en derechos. Y ahí donde el Estado se achicó y el mercado no responde, son las organizaciones las que crean dispositivos para garantizar la reproducción de la vida, constituyéndose como activos que apuntalar y fortalecer. Porque la organización genera mecanismos para el acceso a la vivienda, la alimentación, los servicios de cuidado, el trabajo y se hace cargo también de nuevas problemáticas que adquieren dimensiones inocultables, como los consumos problemáticos y la vida pospenitenciaria, por señalar algunos ejemplos.

Pero las ideas y las proyecciones para una sociedad más igualitaria tocan timbre en el Estado. Sánchez lo señala con claridad: "Hoy los límites de este modo de trabajo los pone el Estado, por no ampliar los cupos que habiliten el ingreso a cooperativas de una larga lista de espera de trabajadores"; esto permitiría formalizar y reconocer como tales a los miles de personas que realizan trabajos y prestan servicios absolutamente necesarios a cambio de una retribución mínima.

El reconocimiento de las trayectorias militantes cartoneras con la elección de algunos de sus cuadros en cargos de gestión no es solo un símbolo, es una forma real de generar políticas públicas con perspectiva de cartoneres. Pero esto no alcanza a revertir la situación de les trabajadores que la crisis de 2001 dejó fuera del mercado laboral, tal como lo conocíamos hasta entonces, y que la democracia en estos últimos años tampoco supo o pudo realojar. La conquista efectiva de derechos, como este sector de la economía reclama, no es un plan B, y por ello busca adoptar un rol protagónico que genere estudio y regulaciones específicas que se traduzcan en mayores logros en favor de sus titulares. Y en este mismo sentido, que el propio Estado asuma la responsabilidad de distinguir con firmeza la variedad de prestaciones que el clamor popular reduce a "planes sociales" (que van desde las jubilaciones hasta el salario social complementario) reflejaría una ratificación de su genuina naturaleza remunerativa en función del trabajo realizado.

Un Estado que interviene para nivelar las cargas o para apuntalar a un sector específico de la economía no es nada nuevo: podemos pensar en varios ejemplos en los que se crean incentivos, como beneficios impositivos, subvenciones a sectores determinados de la economía, tanto públicos como privados. Un caso cercano en el tiempo es el de la economía del conocimiento. Pero cuando se piensa en los sectores populares, no se los ve como un sector productivo, y aparece una amplia variedad de prejuicios que habilitan estigmas como los de "vagos y planeros". Estas ideas parecen desconocer que el mercado laboral no contiene a toda la población, y frente a ello las economías populares se incorporaron a nuestra estructura social de manera permanente.

A esta altura del impacto climático, la gestión de la basura es un asunto ineludible y más aún, con el desdoblamiento de beneficios que acarrea, esta agenda debería traccionar un mejoramiento de las condiciones de trabajo de les cartoneres. Sin embargo, todavía el Estado y sobre todo los privados rehúyen el compromiso que la crisis climática y social reclama. No se trata de "convertir los planes en trabajo", porque ya lo son; lo que sí es urgente es convertir los actuales programas y prestaciones de la economía popular en auténticos derechos laborales de carácter permanente para sus trabajadores.