El “retiro” del Estado es una metáfora que no sirve para todas las acciones del gobierno de Javier Milei en este año largo. Estuvo proactivo y presente para hacer propuestas de desregulación, de beneficios impositivos para los sectores más ricos –como reducir la cantidad de personas que pagan bienes personales–, para brindar ventajas económicas a empresas de distintos rubros como la medicina y la explotación minera, para privilegiar la primarización productiva. Mientras tanto, el ajuste del gasto que hizo durante el primer trimestre del año fue, en sus propios términos, “el más grande de la historia de la humanidad” e impactó sobre todo en las y los jubilados, trabajadores formales e informales, docentes, sector público. El Estado estuvo presente para derogar las leyes de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, para flexibilizar las importaciones, para reponer el impuesto a las ganancias para la clase media.

El primer gobierno liberal libertario implementó un plan regido por el DNU 70/23, la Ley Bases y normativas específicas para retirar regulaciones que obstaculizaban la lógica del mercado. La explicación es que el país estaba sumido en una maraña de regulaciones que entorpecían al sector privado y alimentaban la burocracia estatal. Sin embargo, esa idea de simplificar la vida retirando trabas normativas tuvo otro objetivo político concreto: desregular para quitar protección jurídica. La consecuencia de este tipo de desregulación es la desprotección de sectores amplios de la población, que cuando pretenden reclamar por derechos no tienen ya un marco legal para hacerlo.

El ajuste tiene distintas caras. Una importante es que propone el fin de un proyecto de país igualitario. El recorte de gastos implicó no solo cumplir con el objetivo declarado de “arreglar la macroeconomía” sino que fue acompañado por leyes y desregulaciones que generaron: 1) mejores condiciones de acumulación para algunos sectores de la economía y 2) un Estado más chico y orientado a proteger el modelo de negocios.

Este programa de mercantilización y desregulación jurídica aumentó la desigualdad con una fenomenal transferencia de riqueza desde los sectores medios y empobrecidos hacia los sectores ricos y concentrados.

Hoy hay un 52,9% de pobreza, según el INDEC, es decir 5,3 millones de nuevos pobres y 2,9 millones de indigentes nuevos. El ajuste tiene efectos visibles y cotidianos en el monto de las jubilaciones, en los sueldos docentes, en la caída de los programas sociales, en el aumento o la falta de cobertura en medicamentos, en los 14 millones de libros no comprados para estudiantes de primaria y secundaria de todo el país, en la reducción del presupuesto universitario, en la capacidad de compra de quienes trabajan en la informalidad y en la calidad de vida de quienes viven de su trabajo. El retiro territorial del Estado se materializa en el cierre de ventanillas de atención estatal, como los Centros de Desarrollo Territorial, los Centros de Acceso a la Justicia, las delegaciones del programa Acercar Derechos, y en la baja calidad de otros servicios debido a la falta de personal, como sucedió con la reducción de la atención en la línea 144 o del Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente. También en la paralización de las obras públicas de integración socio urbana de las villas y asentamientos de todo el país. Otra cara del ajuste es que si los ingresos no alcanzan y aumentan servicios como la medicina o la educación privada, las familias los suspenden y se incrementa la demanda para un sistema público ya ajustado.

La desregulación y la desprotección se ven en la porción de comida. Un millón de niños y niñas se van a dormir sin comer, según Unicef. El 65% de las familias hizo recortes en su alimentación. El gobierno dejó en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa a las personas, que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos de la falta de apoyo del Estado a las organizaciones sociales que hacen trabajo comunitario. La estigmatización de las organizaciones, la resistencia a enviar alimentos a los comedores, además de mostrar un deseo de ruptura de la organización social, contribuyen al hambre. Es el espacio comunitario el que garantiza que se pueda completar la ración de comida.

Cuando presentó el presupuesto público nacional para 2025, el presidente Javier Milei dio una definición institucional: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley”. Es decir, economía y seguridad para proteger la propiedad privada. Todo lo que está por fuera queda omitido o presentado como gasto: la salud, el derecho a la vivienda, al ambiente sano, a la educación, a la igualdad y un largo etcétera.

salud

El primer año del gobierno de La Libertad Avanza estuvo marcado por un proceso de desregulación, recorte de servicios y retroceso en la cobertura de salud. En otras palabras, se redujeron la capacidad reguladora del Estado y la protección en el ámbito de la salud, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Las consecuencias son mayor desigualdad y precarización.

Desregulación y encarecimiento del sistema privado de salud. La desregulación de los precios de la medicina prepaga llevó a un aumento de las cuotas de alrededor del 118% en el primer trimestre de 2024, muy por arriba de la inflación. Esto generó una migración hacia el sistema público, saturándolo aún más, y la suspensión de la cobertura para muchas personas, particularmente para las personas con discapacidad y que tienen enfermedades crónicas o graves.

Recorte en acceso a medicamentos. La cobertura del PAMI para medicamentos se restringió y dejó a miles de personas que dependen de su jubilación, desprotegidas. La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) implicó la renuncia a una política sanitaria nacional y el fin del apoyo financiero a la producción de medicamentos esenciales. Los precios de los medicamentos subieron drásticamente, lo que afectó la continuidad de tratamientos. La venta de medicamentos recetados cayó un 16% en comparación con el año anterior.

Impacto en la población más vulnerable. La suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) dejó sin tratamientos a pacientes con enfermedades graves, incluidas las oncológicas, que dependían del sistema público. Esto provocó la interrupción de tratamientos con, en algunos casos, resultados fatales. A este cuadro se sumó la judicialización del acceso a tratamientos, lo que consume recursos humanos y económicos.

Salud sexual y reproductiva. El Estado paralizó la distribución de insumos esenciales a las provincias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Los procesos de licitación de medicamentos esenciales como el misoprostol y la mifepristona están frenados desde el inicio de la gestión. Las provincias vienen de recibir el año anterior 150 mil tratamientos, frente a ninguno en 2024. También falta la provisión de métodos anticonceptivos, lo que afecta el derecho a la planificación familiar. El Estado nacional dejó librada a la capacidad de las provincias la adquisición y distribución de insumos, sin ocuparse de traspasar recursos o de algún tipo de transición en las políticas que no exponga la vida o la salud de niñas, adolescentes y personas con capacidad gestante.

alimentos

La política del gobierno respecto del acceso a los alimentos puede ordenarse en tres movimientos. Por un lado, en relación a la producción, dejó de apoyar a la Agricultura Familiar Campesina Indigena (AFCI), que produce alimentos para el mercado interno. Por ejemplo, este sector genera la mayor parte de la yerba y de las hortalizas que consumimos de manera cotidiana. Por otro lado, eliminó una serie de regulaciones orientadas a proteger a las y los consumidores. Finalmente, abandonó gran parte de la asistencia alimentaria que prestaba a espacios comunitarios, que cumplen una función central para que quienes peor están puedan comer todos los días.

Agricultura familiar campesina indígena. El gobierno desarmó al menos veinte políticas orientadas a la agricultura familiar campesina indígena. Algunas históricas, como el Pro Huerta, que desde 1990 proveía insumos y capacitación para huertas familiares y comunitarias. También despidió a 900 trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI).

Protección de consumidores. El gobierno eliminó mecanismos que buscaban garantizar un marco mínimo de protección a las y los consumidores y ampliar la oferta: la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el observatorio de precios, entre otras. Por otro lado, la inflación empezó a desacelerarse en los últimos meses, pero los precios de los alimentos aumentaron por encima de los ingresos de referencia pautados por el gobierno: de acuerdo a un informe realizado por el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), en julio de 2024 un salario mínimo alcanzaba para comprar 118 porciones menos de guiso que siete meses atrás. El cese de los programas que promovían los mercados de cercanía y las ferias también perjudicó a las redes de producción local y la accesibilidad de alimentos a precios justos.

Apoyo al consumo popular. Se reforzaron algunas transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, pero el apoyo ha sido insuficiente para contrarrestar la pérdida de ingresos reales de muchas familias, generada por la recesión económica. Se redujeron los apoyos a comedores y merenderos comunitarios, lo que afectó el acceso a la alimentación para los sectores más vulnerabilizados.

cuidados

Las políticas de sostenibilidad de la vida fueron reducidas de forma drástica. De las 49 políticas de cuidado que relevamos en el CELS a través de La cocina de los cuidados, solo siete continúan vigentes, mientras que 24 fueron desmanteladas y 18 están en peligro. El gobierno redujo la inversión en infraestructura de cuidado (como la construcción de espacios para primera infancia y para adultos mayores) y en programas de asistencia, lo que dejó desprotegidas a muchas familias y comunidades que dependían de estos servicios.

Impacto de género. Con la licuación de los servicios que brindaba el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desconocimiento de la violencia de género como fenómeno y problema social, la cobertura de programas como el Acompañar cayó un 98% y su presupuesto, un 82% respecto del primer semestre del año anterior. La línea 144 se redujo y por lo tanto su capacidad de respuesta es menor. En el proyecto de ley de presupuesto para 2025 no hay ninguna partida presupuestaria con ese fin.

Las mujeres y personas LGBTIQ+ asumieron una mayor carga de trabajo no remunerado en el cuidado de sus familias, lo que incrementa las barreras para acceder al empleo formal y a redes de apoyo. El 59% cuenta con menos tiempo propio para destinar al cuidado de las infancias, personas mayores y personas con discapacidad que necesitan cuidados.

Descuido de la niñez y la primera infancia. Los programas como el Plan Nacional de Primera Infancia y el Plan Mil Días quedaron desfinanciados o paralizados, lo que afectó la entrega de alimentos y otros recursos esenciales. Las familias denunciaron más dificultades para acceder a espacios de cuidado y atención temprana, lo que impacta negativamente en la nutrición y el desarrollo de los niños y las niñas.

Personas mayores y con discapacidad. El Estado redujo su apoyo al acceso a medicamentos y cuidados para personas mayores. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cerró delegaciones, lo que afectó su capacidad para brindar apoyo efectivo a personas con discapacidad. Además, las restricciones presupuestarias generaron mayores costos para acceder a terapias y personal de cuidados.

alquileres

El decreto 70/23 derogó la ley de alquileres, eliminó las pocas regulaciones que existían en el Código Civil y Comercial y no propuso una política alternativa para responder a la falta de viviendas –de hecho, no construyó ni una y tampoco transfirió fondos a las provincias para que pudieran hacerlo. De esta manera, el mercado de alquileres quedó casi totalmente desregulado, en lo que podemos considerar casi un experimento anarco capitalista: hoy se puede firmar un contrato de alquiler por cualquier plazo, en cualquier moneda y con actualizaciones definidas con cualquier criterio.

Este cambio generó un empeoramiento de las condiciones para las familias inquilinas: los contratos tienen menor duración y los incrementos son más frecuentes. El 62% de los hogares inquilinos del AMBA declara ingresos por debajo de la línea de pobreza, y casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, lo que contribuye a su precarización económica.