Hace muchos años que los setenta, la dictadura y la revisión de sus crímenes no tenían la centralidad política que alcanzaron en 2024. Nada de dejar el pasado atrás y dar vuelta la página. Todo lo contrario. La amalgama de derechas que llegó al gobierno con La Libertad Avanza contiene sectores ligados orgánicamente a las fuerzas armadas. Pero, además, las corrientes que integran el gobierno rechazan las políticas de memoria, verdad y justicia: se oponen a los derechos humanos en general, consideran que ese fue un capital político del kirchnerismo que se debe combatir y apuestan a desgastar los acuerdos sostenidos en las últimas décadas.

La sola presencia de Victoria Villarruel –activista del mundo militar ligado a la dictadura– en la fórmula presidencial de 2023 anticipaba un programa revisionista y reivindicatorio de las fuerzas armadas. En el poder, los embates no provinieron solamente de su sector, sino que fueron fundamentados y materializados por el presidente, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos. Otros integrantes del espacio político directamente anunciaron la creación de un brazo armado, en una puesta en escena de reminiscencias fascistas.

Todos combinaron el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia y sus referentes con el ataque a esas políticas. Primero hubo acciones discursivas, símbolos y avales para refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Luego, siguieron el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. No es posible escindir el nivel simbólico-discursivo de estos embates. Cada nivel abre camino y facilita el otro, por lo que se trata de un programa de cancelación de la memoria que el gobierno profundiza y percibe como políticamente productivo.

El proyecto revisionista no es unívoco, pero sí se fue tornando consistente y cada vez más intenso. Hay diferencias entre la posición de Villarruel, la de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo que expresa el presidente Javier Milei, por señalar solo a tres de los máximos referentes. Para algunos, el compromiso con esta agenda es una cuestión identitaria y estratégica y para otros se trata de una línea táctica, condicionada a la disputa y a la acumulación de poder hacia afuera y también dentro de su propio armado.

Otra de las novedades de esta gestión es el militarismo civil, políticos que traccionan a los militares a participar del gobierno en ámbitos como defensa, seguridad e inteligencia. En este esquema, el posicionamiento de cada autoridad respecto de temas ultra sensibles para la oficialidad castrense como la soberanía de las Islas Malvinas, la valoración de lo actuado por los militares en la última dictadura, las referencias a las víctimas de la lucha armada y la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad expresan el nivel de afinidad con el mundo militar y son indicios de cómo entienden la misión de las fuerzas armadas de acá en adelante.

el programa

En sus discursos, actos, spots, posteos y medidas, el gobierno intenta construir una nueva hegemonía sobre la dictadura. Más allá de las diferencias internas, podemos identificar ideas comunes al conjunto libertario y nacionalista-conservador que gobierna:

• La justificación de la represión ilegal de los setenta como necesaria frente a la supuesta amenaza de un terrorismo local, como manifestación del marxismo internacional.
• La identificación de enemigos internos como “terroristas”, estableciendo una continuidad entre aquellos grupos y quienes resisten al gobierno en el presente.
• La postulación de que existe impunidad simbólica, jurídica y política por las víctimas de la lucha armada.
• La estigmatización de referentes de los derechos humanos como partidistas y corruptos.
• El señalamiento de las políticas de memoria como parciales, doctrinarias o corruptas.
• La impugnación del proceso de justicia como una campaña vengativa, sesgada y vulneratoria de los derechos de los militares acusados o condenados y del prestigio de las fuerzas armadas.
• La reivindicación del programa económico de la dictadura.

Estas ideas son el encuadre general del programa de cancelación de las políticas de memoria. Aunque el gobierno invoca la lógica de mercado y el “déficit cero” como las racionalidades supremas de la remodelación del Estado, hay ciertas áreas en las que superpone otra faz político-ideológica. Esto ocurre en el aumento del presupuesto para seguridad, defensa e inteligencia o en la pelea que da por los fondos reservados para la SIDE. Cuando pasa la motosierra ideológica por las políticas de memoria, la comunicación oficial subraya que no se trata solo de la automutilación genérica del Estado, sino de una decisión política dirigida a rectificar anomalías.

la memoria como asunto judicial

Otra idea transversal al gobierno es que las facultades de investigación son exclusiva responsabilidad del Poder Judicial y que por lo tanto el Ejecutivo debe desprenderse de esas funciones. Este enfoque niega la obligación del Estado de comprometer a los tres poderes con medidas efectivas que aporten a la verdad, a la búsqueda de las personas desaparecidas y a la consecución de justicia.

Este es el encuadre para cerrar programas de trabajo e investigación en archivos militares y policiales y una unidad especializada en encontrar personas apropiadas a quienes se les cambió la identidad en dictadura; para bloquear el acceso de la sociedad a archivos de la época y para desconocer la responsabilidad del gobierno en el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Este enfoque supone una noción de investigación puramente penal, que desconoce otros principios como el interés público y el derecho a la verdad, y otras formas de producción de memorias como el trabajo documental, la investigación histórica y la periodística. También pretende desconocer que incluso los procesos penales requieren de las políticas públicas que brindan soporte y han sido condición de posibilidad del proceso de justicia, como garantizar que haya querellas en las jurisdicciones en las que puedan faltar, contar con evidencias producidas en ámbitos estatales no judiciales, el acompañamiento psicojurídico a las víctimas, el trabajo archivístico y el registro audiovisual de los juicios, entre otros. Todas políticas en riesgo.

Para dar un ejemplo de otra época: sin la contribución de testimonios, documentación y conceptualización general realizada por un órgano no judicial como fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el sustento de la acusación del Juicio a las Juntas en 1985 se hubiera visto muy debilitado. No es histórica ni institucionalmente cierta la restricción de las facultades de investigación que pretende postular el gobierno.

El acceso civil a archivos que guardan documentación producida por fuerzas armadas y de seguridad fue considerada una forma de intromisión indebida. Así, el Ministerio de Defensa puso fin al Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, creado en 2010 (Resolución 308). Este equipo había reconstruido información clave a partir del trabajo archivístico y contribuyó a los juicios de lesa humanidad con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado. El ministro de Defensa calificó al equipo como “un grupo de persecución y macartismo” y cuestionó su legalidad al calificarlo de “parajudicial”. Otro funcionario de Defensa dijo que eran “un grupo de vengadores”. Las y los archivistas fueron despedidos y hubo funcionarios que amenazaron con iniciarles acciones penales. Todo esto a pesar del respaldo explícito que recibió el Equipo de parte de los actores involucrados en el proceso de justicia.

En la misma línea que erige la división de poderes como excusa, el Ministerio de Defensa y el de Seguridad se negaron a responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), el organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) que busca a hijos e hijas de personas desaparecidas robados en dictadura. Calificaron las solicitudes como “caprichos políticos de un organismo militante” que amenazan la privacidad de funcionarios públicos como policías y militares, ignorando el principio de máxima divulgación de archivos sobre violaciones de derechos humanos.

Poco después, el gobierno decretó el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI, que se especializaba en la recopilación y análisis de documentación de posibles casos de sustracción de identidad. Para eso reforzó los argumentos que ya había utilizado: alegó que el trabajo de la Unidad se superponía con el del Poder Judicial, cuando, en realidad y como manifiestan los propios magistrados, lo hacía más eficaz y ágil. Mientras tanto, el gobierno confirmaba facultades de investigación a otras agencias no judiciales como la Oficina Anticorrupción.

En la SIDE se clausuró la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada por la Resolución 467/2021. La desclasificación general y el acceso público a la documentación de inteligencia de la época es un reclamo de los organismos de derechos humanos desde el inicio de la democracia, que nunca se ha alcanzado. Hasta se logró la desclasificación de documentación de la CIA y del FBI de Estados Unidos, pero no de la SIDE ni de las estructuras de inteligencia de la Policía Federal Argentina. La Mesa significó un gran avance en el ordenamiento y el inicio de una potencial desclasificación, que quedaron indefinidamente suspendidos.

El gobierno alega que los archivos solo deben ser accesibles mediante requerimientos judiciales específicos y respondidos por las propias fuerzas o agentes. Esta idea busca aparentar que se sostiene la accesibilidad, pero reduce el acceso a un intercambio entre el Poder Judicial y los archivos de las fuerzas, ahora sin expertos civiles. El planteo clausura la apertura a toda la sociedad, a la investigación histórica y al descubrimiento de la verdad. Invierte el principio de publicidad de la documentación estatal, poniendo todo bajo secreto salvo requerimiento judicial.

de la memoria al mercado

Durante 2024 se realizaron actos reivindicatorios de la dictadura. El que más trascendió tuvo lugar en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma. El aval del ministro de Defensa Luis Petri no se demoró: “Son argentinos que cantaron la marcha de la Armada Argentina en el día de la Armada, rodeando un mástil con la bandera Argentina”. Así se refirió el ministro al grupo que además de cantar en la Plaza de Armas se refirió al sitio de memoria como “una usurpación” y se sacó fotos junto a uno de los aviones que ejecutaron los vuelos de la muerte. No fue la primera reivindicación de la que el ministro no tomó distancia: en febrero el Regimiento de Monte 30 del Ejército en Apóstoles, Misiones, había realizado un homenaje al ex militar condenado tres veces por crímenes de lesa humanidad, Horacio Losito.

En la dictadura, al menos 814 lugares funcionaron como lugar de detención, tortura y desaparición. Durante la democracia, muchos de estos espacios fueron convertidos en sitios de memoria y en museos. La conversión de espacios concentracionarios en ámbitos de memoria es una tendencia global de la que la Argentina es una referencia, por la riqueza y diversidad de los proyectos de memoria implementados y el marco legal que los encuadra.

Como parte de los embates a estas políticas, el gobierno desfinanció los sitios de memoria y despidió a una gran proporción de las y los trabajadores de los ocho sitios que dependen de la SDH. Las obras de infraestructura proyectadas fueron suspendidas. Esto incluye las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que también son prueba judicial. Mientras avanza el desmonte del trabajo en los sitios y contra la Ley de Sitios de Memoria, el gobierno puso en venta terrenos señalizados por la SDH como centros clandestinos de detención: salieron al mercado La Perla chica, en Córdoba; La Huerta, en Tandil y Puerta 8, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, y el Regimiento 9 de Corrientes, un espacio de memoria que depende directamente de la Secretaría.

la memoria como límite

Como en toda controversia intensa sobre el pasado, lo que está en discusión son las cuestiones candentes del presente. La defensa social de la memoria implica persistir en abrir preguntas sobre el pasado y demandar el acceso público a los espacios y documentos que pueden trazar respuestas. Implica oponerse a toda idea de que la memoria puede darse por completada, como si se tratara de un inventario que, una vez cerrado, debe dejarse atrás.

Esta defensa social de la memoria es, entonces, mucho más que la defensa de símbolos, políticas públicas y puestos de trabajo. Puede ser la forma de defender la posibilidad misma de la disidencia, de la organización, de la diferencia. El modo de trazar el límite y advertir a quienes pretendan imponer un determinado régimen a través de la fuerza y el horror que serán así recordados y juzgados. Lo que está en juego no es solo el modo en el que relataremos y recordaremos lo que ocurrió en la última dictadura, sino lo que como sociedad consideraremos como aceptable y no aceptable en el futuro.