El antiterrorismo es la matriz de las políticas de seguridad del gobierno y, al mismo tiempo, uno de los principales criterios de lectura del tablero geopolítico.

El presidente Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios promueven con entusiasmo el estiramiento de la categoría “terrorismo” para referirse a fenómenos tan diversos como las redes de ilegalidad, las demandas de comunidades indígenas o las manifestaciones públicas. Corren los límites y habilitan aplicar la categoría a distintas situaciones, banalizándola.

Las “amenazas terroristas” están presentes de manera constante en la comunicación gubernamental y en los medios afines, generando un clima de urgencia permanente que tiene consecuencias graves sobre las decisiones de gobierno y la sobrecriminalización de determinados grupos: buscan legitimar el uso de la palabra “terrorista” para disciplinar y limitar la conflictividad social y para justificar la necesidad de reformas legales e institucionales que amplían la capacidad del Estado para ejercer violencia y vigilancia sin controles.

Al mismo tiempo, esta sobreactuación impide discutir si hay amenazas terroristas reales a la Argentina. Y qué se debería hacer para evitar escenarios como los de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya investigación fue embarrada por los servicios de inteligencia argentinos y extranjeros.

alineamiento internacional

El gobierno decidió hacer del terrorismo uno de los ejes ordenadores de su política exterior. En espacios multilaterales como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argentina abandonó su postura histórica de apoyo a los reclamos de Palestina para, en múltiples votaciones, alinearse acríticamente con Estados Unidos e Israel, símbolos de la “civilización occidental” que manifiesta representar.

A través del binomio civilización-terrorismo, el gobierno inserta a la Argentina en una cruzada moral que, sostiene, afecta directamente al interés y a la soberanía nacional. Según palabras del presidente Milei en un acto por el aniversario del atentado a la AMIA, “tenemos que ser firmes e intransigentes con el terrorismo, solo existen el bien y el mal. El terrorismo odia la libertad y adora la muerte, nosotros amamos la vida y la libertad”.

Es también la coartada del terrorismo la que permite cuestionar al sistema internacional en sí mismo, al sostener que los espacios creados después de la Segunda Guerra Mundial garantizan “la impunidad de terroristas y dictadores”. Desde mayo hasta noviembre, el gobierno rechazó públicamente varias decisiones de la Corte Penal Internacional y su fiscalía respecto del conflicto por la Franja de Gaza bajo el argumento de que ponen en cuestión el derecho a la legítima defensa ejercido por Israel, a contramano de su tradicional apego a las decisiones de este tribunal.

Es esta matriz la que también ordena ahora las relaciones diplomáticas: al mismo tiempo que Milei calificó al presidente de Colombia Gustavo Petro como “asesino terrorista”, la entonces ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino apoyó la declaración de estado de excepción del presidente de Ecuador Daniel Noboa por el “intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas”.

Por el lugar central que tiene la agenda de seguridad en la agenda internacional del gobierno, la amenaza global del terrorismo es la excusa para el desarrollo de estrategias regionales que promueven el endurecimiento penal y la militarización de la seguridad interior en diversos foros interamericanos como el Mercosur y la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

la narrativa antiterrorista

Los múltiples usos del antiterrorismo se hicieron evidentes en los últimos años con la narrativa antimapuche, inspirada en el modelo de los Carabineros de Chile. Esta línea fue retomada por candidatos de La Libertad Avanza y del PRO durante la campaña electoral. Una vez en el gobierno, sostienen que las comunidades mapuche son una amenaza latente y así justifican decisiones políticas que favorecen intereses corporativos en detrimento de las demandas históricas y nunca resueltas de las comunidades indígenas por acceder a sus territorios.

Desde diciembre de 2023 se activaron otras líneas narrativas. Una de ellas es la de la presencia de células, redes o financistas de organizaciones terroristas islámicas en suelo argentino. En reiteradas ocasiones la prensa mostró grandes operativos policiales y anunció la detención de sospechosos de integrar estas células. Todos esos casos quedaron en la nada por falta de pruebas, pero la escenificación mediática ya se había producido. Otra forma de sostener este tema en agenda es el anuncio de supuestos avances en la investigación de los atentados de la década de 1990. Se trata siempre de dudosa información de inteligencia, en general ya conocida y pocas veces traducida en evidencia judicial que haga avanzar la investigación.

El 12 de junio, en medio de una violenta represión y de decenas de detenciones arbitrarias, la Oficina del presidente tuiteó que quienes se habían manifestado contra la Ley Bases eran “grupos terroristas atacando el Congreso”. Lo más grave fue que esta línea narrativa fue tomada por el Ministerio Público Fiscal como fundamento para realizar acusaciones por crímenes gravísimos. Las 33 personas detenidas fueron luego liberadas, demostrando que no existía ninguna prueba para sustentar esas acusaciones. La relatora de Reunión y Asociación de la ONU, Gina Romero, presentó en octubre ante la Asamblea de la ONU el informe “Proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la estigmatización”, en el que se recoge con preocupación la situación de Argentina. Según la relatora el uso de figuras como “terrorismo” para perseguir penalmente a quienes se manifiestan “tiene graves repercusiones para su vida, su bienestar, su vida familiar y su situación económica”.

La violencia en Rosario es caracterizada como “narcoterrorismo”. Las medidas tomadas a principio de año contra integrantes de las bandas (cabecillas y también eslabones muy bajos de las redes de ilegalidad) incluyeron torturas y endurecimiento de las condiciones de detención y provocaron una respuesta de una violencia inédita, por lo indiscriminada, de parte de las bandas. A partir de entonces el gobierno y muchos medios de comunicación naturalizaron usar la categoría “narcoterrorismo”, originada en Colombia a partir de 1980. El Ministerio de Seguridad buscó instalar la necesidad de militarizar la seguridad interior. Ante el descenso de los homicidios Rosario desapareció de la agenda mediática, pero las medidas de endurecimiento tomadas y propuestas en ese contexto siguen su curso.

El gobierno también utiliza el antiterrorismo para establecer vínculos forzados entre el contexto actual y las acciones de las organizaciones armadas de la década de 1970. Reivindicar la represión ilegal como respuesta en aquel contexto sirve para legitimar el mensaje de que hoy también se necesita un Estado más duro y sin controles de legalidad.

las narrativas antiterroristas reconfiguran el Estado

Las narrativas estigmatizantes producen efectos muy reales sobre quienes las sufren. Pero la lente del antiterrorismo va más allá, ya que funciona como fundamento para decisiones o propuestas de reformas normativas y de diseño institucional. Las amenazas terroristas son difusas, remotas o inventadas, pero el Estado que emerge de la matriz antiterrorista es muy real y peligroso.

El gobierno optó por reformar el sistema de inteligencia a través de decretos de necesidad y urgencia (614 y 615), sin debate parlamentario. Aumentó el presupuesto para los espías y amplió las capacidades y supuestos de intervención de los servicios de inteligencia (sobre todo en el entorno digital). El secreto vuelve a ser la regla absoluta, en lugar de ser una excepción que se debe fundamentar, con graves riesgos para la privacidad de toda la población, y con potenciales efectos disciplinantes sobre la libertad de expresión.

Las consideraciones del decreto 614/24 dicen: “nuestro país fue objeto de ataques terroristas en los años 1992 y 1994 a la Embajada del ESTADO DE ISRAEL y a la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), respectivamente, cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”. El ejemplo de los dos atentados y su desastrosa investigación es invocado para legitimar una reforma que recrea las condiciones de funcionamiento sin control de los servicios de inteligencia en aquella época. Al mismo tiempo el gobierno asume que su decisión de alinear a la Argentina con EE.UU e Israel generará mayores riesgos de ataques del terrorismo internacional, lo que también justificaría la necesidad y urgencia de la reforma.

Para el sistema de seguridad la mirada antiterrorista propone reformas también orientadas a ampliar facultades policiales, debilitar garantías para la ciudadanía frente a la violencia estatal, y promover la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior para las que no están preparadas, y para las que sobran recursos policiales. La situación en Rosario se utilizó como excusa para presentar un proyecto de ley pomposamente titulado “antimafias”, que en realidad se enfoca sólo en una de las dimensiones de las redes de ilegalidad: su territorialización en barrios pobres. El proyecto propone la creación de “zonas de investigación especial” donde los funcionarios judiciales y policiales tendrán facultades extraordinarias (e inconstitucionales) para allanar domicilios y detener y/o requisar personas. La falta de claridad en torno a qué se entiende por “organización criminal” deja un amplio margen de discrecionalidad. La “organización criminal” deja de ser el resultado de una investigación, algo cuya existencia hay que demostrar, y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías.

A pesar de que los militares no cumplieron ningún rol en la baja de homicidios en Rosario, el gobierno insistió con presentar un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de autorizar la intervención de Fuerzas Armadas en situaciones de “terrorismo”. Terminar con la separación histórica entre seguridad interior y defensa nacional (que entre otras cosas permitió que los militares dejaran de ser actores con peso político como ocurrió durante todo el siglo XX y sigue ocurriendo en otros países de América Latina) es un viejo objetivo del sector político que encabeza Patricia Bullrich. En su gestión anterior ya intentó hacerlo, pero encontró resistencias desde el Ministerio de Defensa. Por eso en esta ocasión se aseguró de colocar a un subordinado a cargo de esa cartera ministerial. El objetivo de la reforma no tiene nada que ver con elaborar políticas más eficaces contra el terrorismo, sino con iniciar el camino para borrar la separación entre seguridad y defensa. El argumento de que esa separación “no está en la Constitución”, utilizado por el gobierno al presentar el proyecto, lo muestra de manera muy clara. Por si eso no bastara, lo que propone la reforma no tiene ningún sentido como política antiterrorista, ya que se trataría de enviar a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de patrullaje y control poblacional cuando suceda algún hecho que dé lugar a una investigación penal que integre en su carátula el agravante por “terrorismo” (art. 41 quinquies del Código Penal). El aporte de las FF. AA ante un ataque terrorista sería entonces realizar tareas policiales de baja complejidad para las que ya están formados y entrenados miles de efectivos de las policías y fuerzas intermedias como Gendarmería o Prefectura.

Al cierre de este informe la ley antimafias debía ser tratada por el Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados a principios de octubre. La reforma a la Ley de Seguridad Interior esperaba su tratamiento. En las audiencias previas recibió críticas de jefes militares retirados.

El argumento del terrorismo presente y pasado se utilizó también para justificar otro objetivo que el sector que encabeza Bullrich persigue desde su gestión anterior: modificar la política argentina hacia las personas que llegan como refugiadas. El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente, viene siendo reemplazado por otro centrado en la “seguridad nacional”, como si la política de proteger a quienes piden refugio fuera una fuente de amenazas. Dos casos que el gobierno difundió en los medios de comunicación como ligados al “terrorismo” sirvieron para poner en la agenda estas reformas que securitizan derechos. Durante una visita a Paraguay, Bullrich anunció el retiro de la calidad de refugiados a cuatro familiares de Carmen Villalba, una de las fundadoras del grupo armado paraguayo EPP. Los cabecillas de este grupo se encuentran cumpliendo penas de prisión en Paraguay. Sus familiares habían solicitado y obtenido refugio luego de que las Fuerzas Armadas paraguayas iniciaran una persecución, que incluyó el asesinato de dos niñas de once años (de nacionalidad argentina) y la desaparición forzada de otra niña de quince años. Poco tiempo después la policía detuvo a Leonardo Bertulazzi, quien fue integrante de la organización armada italiana Brigadas Rojas en la década de 1970. En 2004 le había sido concedido el estatus de refugiado, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) se la retiró para que pueda ser detenido y deportado a Italia.

Mientras mostraba estos casos en los medios, el gobierno avanzó con reformas. En septiembre modificó por decreto la composición de la Conare, órgano encargado de la gestión de los trámites de refugio. Allí se incorporó un representante del Ministerio de Seguridad. No existe dentro de la Convención de Ginebra ni en la ley argentina nada que habilite al Ministerio de Seguridad a tener un representante en ese órgano y poder sugerir o definir las gestiones que hay que adoptar con relación a las solicitudes de refugio. En octubre otro DNU, el 942/2024, modificó la Ley 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado. Esta reforma crea un mecanismo más excluyente y restrictivo para obtener el estatus de refugiado basándose en razones de persecución al crimen organizado y de amenazas terroristas, lo que representa un riesgo para las personas con necesidades de protección internacional.

En los considerandos del DNU 942/2024 se menciona que “el número de solicitudes de asilo en el territorio argentino de personas provenientes de países del Medio Oriente ha mostrado un incremento significativo en los últimos años” y que el terrorismo es una amenaza global. Otra vez se invocan los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA como justificación. Lo que no se menciona es que no existe ningún registro de personas identificadas como parte de organizaciones terroristas internacionales que hayan logrado estatus de refugiadas en Argentina.