Organizarse, participar, demandar, manifestar en las calles, expresar opiniones, son todas prácticas básicas de la democracia, tan importantes como votar, y están protegidas por nuestra Constitución y por diferentes leyes. Llamamos espacio cívico al entorno para el ejercicio de estos derechos, que puede ser más o menos propicio. En la Argentina desde diciembre de 2023 es más difícil ejercerlos sin correr riesgos de distinto tipo. Esto genera miedo y busca desincentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos.

restricciones a las manifestaciones públicas

Apenas asumido, el gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, decidió considerar como un delito a casi todas las formas de protesta más frecuentes en el país. Lo hizo sin modificar el Código Penal, apenas con una decisión administrativa: la resolución 943/23. Se incluyó allí un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que restringe el ejercicio de los derechos de reunión y expresión. A partir de esta decisión administrativa, el gobierno considera que cualquier manifestación pública que disminuya la circulación de vehículos constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan sin orden judicial a quienes se manifiestan. También habilita a la policía a recabar información sobre las personas y organizaciones que se manifiesten con el fin de perseguirlas penalmente. Este Protocolo funcionó durante todo 2024 como una justificación para que, en cualquier situación, las policías actúen de manera violenta y arbitraria. A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante.

represión y criminalización de manifestantes

Desde diciembre de 2023 la política del gobierno nacional es reprimir y dispersar manifestaciones públicas. En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a las y los detenidos, y su posterior judicialización. Las represiones más violentas se dieron frente al Congreso Nacional, en especial cuando se sancionó la denominada “Ley Bases” el 12 de junio. Durante septiembre hubo hechos de violencia policial y uso indiscriminado de gases lacrimógenos contra jubilados, jubiladas, niñas y niños. También fueron gaseados diputados y representantes sindicales.

Hasta septiembre de 2024 se contabilizaban al menos 723 personas que sufrieron heridas de distinta gravedad por la represión policial. 50 eran trabajadores de prensa.

La represión fue acompañada de detenciones de manifestantes, casi siempre arbitrarias, realizadas por los efectivos policiales al momento de dispersar las protestas. Desde diciembre de 2023 al menos 104 personas fueron detenidas en operativos policiales contra manifestaciones públicas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Algunas personas fueron detenidas por resistirse al avance policial que buscaba desalojarlas de espacios públicos. Pero la mayor parte fue simplemente detenida al azar. Incluso hubo casos de personas detenidas que ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, sino transitando por zonas cercanas.

La criminalización contra manifestantes el 12 de junio fue especialmente grave. Ese día fueron detenidas 33 personas. La fiscalía las acusó de delitos gravísimos, como sedición e intento de golpe de Estado, y fueron trasladadas a prisiones federales, como si se tratara de presos de máxima peligrosidad. Las imputaciones de la fiscalía fueron completamente determinadas por una serie de mensajes públicos emitidos por el gobierno nacional durante los hechos de represión. A través de sus redes sociales, el presidente de la nación, varios funcionarios y sus milicias digitales caracterizaron a quienes se manifestaban como “terroristas” e instalaron la idea de que la protesta tenía por objetivo producir un golpe de Estado. El fiscal pidió imputarlas respondiendo a esta narrativa del gobierno. La justicia demoró varios días e incluso semanas en corroborar que no existían pruebas para sostener la hipótesis de la fiscalía. Las personas fueron recuperando su libertad en etapas. La última fue liberada el 8 de septiembre, es decir, pasó 85 días detenido por manifestarse.

persecución a organizaciones sociales

El gobierno nacional inició una persecución contra los movimientos sociales que en los últimos años cumplieron diversos roles de intermediación entre el Estado y los sectores más pobres de la población, como la distribución de alimentos y la gestión de planes sociales y cooperativas. También se convirtieron en un actor político relevante al organizar y expresar en las calles las demandas de estos sectores.

La persecución se desarrolla en dos frentes. Por un lado, a través de decisiones administrativas que restringen la protesta y multan a las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones. El Ministerio de Seguridad comenzó a implementar una medida insólita: intentar cargar a las organizaciones con los costos de los desmedidos operativos policiales. El Estado se desentiende así de una de sus funciones clave (proteger a las y los manifestantes y garantizar el ejercicio de sus derechos), pero además deja en claro que concibe a las manifestaciones como situaciones irregulares o desmanes por los que deben pagar quienes las organizan.

El otro frente es la apertura de causas judiciales contra movimientos sociales, bajo la excusa de supuestas situaciones de coacción a personas para participar de protestas, o por malversación de recursos estatales. En el marco de estas causas, iniciadas por denuncias anónimas fomentadas por el gobierno, los fiscales solicitaron y en general los jueces habilitaron medidas de prueba muy invasivas, como allanamientos a sedes de organizaciones y comedores barriales, secuestro de celulares y computadoras, etc. La información guardada en esos celulares y computadoras es inmediatamente filtrada a la prensa, que despliega operaciones de estigmatización de organizaciones, referentes y militantes, publicando sus datos personales.

El gobierno también estigmatiza y hostiga a organizaciones sindicales. En el caso de las y los trabajadores de la educación y de la línea aérea estatal, propuso declarar sus actividades como “servicios esenciales” para limitar o eliminar el derecho a huelga. También declaró que Aerolíneas Argentinas se encuentra ahora “sujeta a privatización”, como respuesta a un conflicto por reclamos salariales de sus trabajadores. Otra modalidad de protesta como el bloqueo de empresas fue objeto de un protocolo específico aprobado por el Ministerio de Seguridad (Resolución 901/2024) que, sin mediar reforma penal alguna, convierte a esta práctica en un delito y faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir sin orden judicial para hacer cesar el bloqueo, identificar a quienes llevan adelante la acción y hacer la denuncia ante la justicia.

vigilancia masiva en el entorno digital

El gobierno tomó diversas decisiones para incrementar las capacidades de vigilancia y al mismo tiempo disminuir los controles. Así, habilitó atribuciones inconstitucionales a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia para vigilar e intervenir en el entorno digital. El objetivo declarado es prevenir o perseguir a quienes delinquen, pero en la medida en que la protesta social es considerada un delito por el gobierno, está claro que estas capacidades aumentadas de vigilancia se orientan también a disciplinar el disenso político.

El Ministerio de Seguridad publicó un protocolo de “ciberpatrullaje” (Resolución 428/24) que otorga amplias facultades a las fuerzas policiales para realizar tareas de monitoreo en fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales). Con la excusa de prevenir delitos, se permite a la policía observar cualquier tipo de actividad en fuentes abiertas, lo cual genera de por sí un efecto disuasivo que limita la libertad de expresión en el entorno digital. Pero además esta práctica está autorizada para prevenir “cualquier delito del que se pueda tener noticia en el ciberespacio”, con lo que existe un riesgo cierto de que estas tareas de monitoreo de redes y plataformas se orienten a producir información y eventualmente criminalizar expresiones de disidencia política.

El “ciberpatrullaje” y el uso de herramientas automatizadas para predicción de delitos y perfilado de personas son otros aspectos preocupantes que surgen de la resolución 710/24 del Ministerio de Seguridad que creó una “Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad”. El carácter difuso de las tareas y atribuciones de esta unidad no hace más que aumentar la preocupación y el riesgo de que sea utilizada con fines que vulneran la privacidad y la libertad de expresión. En el mismo sentido, se creó en el ámbito de la nueva SIDE una Agencia Federal de Ciberseguridad, que fue autorizada a interceptar comunicaciones privadas -conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats- y a recolectar, adquirir y procesar “toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional” alojada en bases o bancos de datos privados o archivos digitales privados. En ningún momento especifica con qué criterios se establece que algo es relevante.

hostigar para vaciar la conversación

El ejercicio de la libertad de opinión y expresión también se hizo más arduo en la Argentina desde diciembre de 2023.

Las y los trabajadores de prensa son blanco de agresiones verbales permanentes por parte del presidente de la Nación, con una intensidad y frecuencia nunca vista en las últimas décadas en nuestro país. A lo largo de este primer año todas las asociaciones profesionales de los medios de comunicación se pronunciaron para denunciar este tipo de agravios, que no hicieron más que continuar.

Manifestarse a través del discurso no se ha hecho una actividad hostil únicamente para las y los periodistas: cualquier persona con una cuenta en redes sociales que opine sobre algún tema relevante para el oficialismo es potencialmente receptora de ataques concertados en las redes sociales. En muchos casos, la violencia trasciende el ámbito digital e incluye amenazas, acoso en los domicilios y otras formas de amedrentamiento.

Esta práctica no se inauguró este año sino que integra el repertorio del activismo de la ultraderecha a nivel global y no es independiente del funcionamiento algorítmico de algunas redes sociales, pero su articulación con dependencias del poder ejecutivo permitió que se estabilice como el modo predominante de comunicación del oficialismo. Así, tanto la comunicación presidencial como sus activistas transforman a las redes sociales en un espacio difícil de habitar.

La autocensura por el temor a los ataques digitales se volvió habitual. Este escenario represivo para la libre expresión afecta el debate público y en consecuencia la participación y la posibilidad de organizarse para cuestionar medidas de gobierno.

En septiembre, el gobierno, a través de un decreto restringió el ejercicio del derecho a la información pública, estableciendo restricciones y obstáculos. Esta decisión introdujo dificultades y límites para quienes buscan conocer detalles de los actos de gobierno, como por ejemplo acceder a datos precisos sobre cómo se organiza y financia la comunicación pública.

En paralelo, como parte de su programa de achicamiento de ciertos sectores del Estado, el gobierno cerró el servicio informativo de la agencia Télam, que realizaba un aporte clave para el acceso a información federal de interés público y degradó la gestión de los medios de comunicación públicos. En tiempos de una alta concentración económica y geográfica de la propiedad de los medios de comunicación, la decisión de fragilizar el ámbito de la comunicación pública no hace más que empeorar las condiciones para el ejercicio del derecho a acceder a información plural y diversa.