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La guerra contra el narcotráfico
El gobierno nacional utiliza al aumento de las detenciones por drogas como indicador de una política eficaz contra el narcotráfico. Esto muestra que el trabajo policial en las calles es el centro de su estrategia. Todo indica que la gran mayoría de las y los detenidos son consumidores o pequeños vendedores.
La concentración del trabajo de las policías en el tema drogas no es una novedad, es una tendencia en aumento desde hace al menos 15 años.
Si se consideran los hechos delictivos relacionados con las drogas que fueron detectados por las policías se aprecia que el crecimiento fue muy importante: en 2002 las policías registraron 15.508 hechos en todo el país y en 2017 registraron 47.665, es decir que hubo un incremento del 200%.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que entre diciembre 2015 y septiembre de 2018 las detenciones relacionadas con las drogas realizadas por las fuerzas federales aumentaron de manera significativa. Si se proyecta a diciembre de 2018, el aumento sería del 85%.
Por su parte, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires comunicó a la prensa que en esa provincia “111.183 individuos fueron puestos a disposición de la Justicia por venta o tenencia de estupefacientes” entre diciembre de 2015 y enero de 20192. Esto implicaría que las policías bonaerenses realizaron un promedio de 37 mil detenciones por año (más de 100 detenciones al día) que están relacionadas con las drogas.
La mayor parte de las detenciones por drogas realizadas por las fuerzas federales se originan en tareas de prevención, en denuncias o en flagrancia. En 2017, el 79,4% de las detenciones estuvieron originadas en situaciones en las que la policía detectó a simple vista, al transitar las calles, o recibió en las comisarías denuncias de hechos relacionados con el consumo, la tenencia y la venta minorista.
Las detenciones policiales que fueron consecuencia de investigaciones previas relacionadas con casos de mayor envergadura representaron una porción bastante menor.
Las estadísticas policiales no especifican qué infracción a la ley de drogas motiva la detención. Para conocer esa información hay que recurrir a datos del sistema de justicia que permiten ver que la mayor parte de las causas son por tenencia:
• Entre 2011 y 2018, el 48% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal del país (89.131 sobre un total de 187.398) fueron por tenencia simple y para consumo. (Fuente: Procunar).
• En la región de Centro-Cuyo, en 2016, el 53% de las causas iniciadas por delitos de drogas fueron por consumo personal.
• En la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía Federal VI registró que entre 2011 y 2018 el 80%, en promedio, de las causas iniciadas por la policía que le llegaron fueron por delitos de drogas. De todas las causas de drogas, entre el 56% y el 75% fueron por consumo personal. Esa fiscalía archiva todos los casos de consumo personal pero no todos los operadores judiciales comparten ese criterio.
• En el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la ciudad de Buenos Aires la tendencia es similar: según informaron en 2018, en una semana ingresaron 277 consultas de las cuales el 58% (162) fueron por tenencia para consumo. El juzgado aplicó el fallo Arriola de la Corte Suprema que en 2009 consideró que era inconstitucional castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado e instó a las y los legisladores a adaptar las normas vigentes para que se proteja el derecho a la privacidad3.
• Entre 2013 y 2017, la justicia de la provincia de Buenos Aires abrió un promedio de 10.300 causas por tenencia por año (Fuente: Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires).
"En la lucha contra el narcotráfico llevamos 49.219 detenidos, con un 36% de detenidos que sale rápidamente por lo que es el trámite de tenencia para consumo", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en el Congreso4.
Ese 36% significa que, en tres años, las fuerzas federales detuvieron a 17.720 personas por consumir drogas, casi 20 por día. El gobierno, en lugar de ordenar el cese de esas detenciones, incentiva la persecución policial de consumidores y consumidoras e incluye estas detenciones como un éxito de la “guerra” que lleva adelante. Enormes recursos policiales se dilapidan en esta persecución.